Los datos personales siguen a la deriva

El Senado, en abril de este año, está despachando a la Presidenta Bachelet un oficio para que envíe, en calidad de urgente, una modificación a la Ley de Protección de Datos. Los parlamentarios han aceptado que sea el Consejo de la Transparencia la institución que proteja los datos de las personas, al transformarlo en el “Consejo de Transparencia y Protección de Datos”; terminaría siendo una entidad bicéfala con, a mi juicio, abierto conflicto de interés: transparencia v/s protección de datos sensibles o personales bajo el alero de una sola entidad.

Lo anterior en pro de la economía institucional, lo cuál tendría, seguramente, mayor aceptación del Ministerio de Hacienda que crear una entidad nueva.

Por otra parte, trascendió la noticia que el Gobierno este año podría en la agenda la nueva ley de protección de datos, y, a modo de antecedente, el 2014 hubo una extensa consulta ciudadana realizada por la ex subsecretaria de economía y que terminó con un conjunto de propuestas para, precisamente, modificar la ley.

Como podrá verse, además de varios otros intentos, el tema, como en la montaña rusa, sube al peak y baja, serpenteando según los criterios de las distintas administraciones. Recuerdo el 2009 hacer asistido a la OCDE en Paris, a la vertical de Tecnologías de la Información, como parte de la delegación para dar uno de los tantos exámenes de admisión. Todavía no éramos oficialmente el miembro número 31. En esa oportunidad, nos comprometimos a modernizar la ley, y adaptarla para que las personas pudieran contar con una vía adecuada (y no tener que contratar un abogado) donde recurrir si sus datos estaban en fuentes inapropiadas o eran mal usados por terceros, como prerequisito, por ejemplo, para desarrollar plataformas offshoring.

¿Que debería contener este proyecto de ley? Las directrices OCDE sobre protección de privacidad apuntan, no sólo a los datos de deudas o económicos, sino a todos los datos de carácter personal, incluyendo los sensibles como médicos, inclinación sexual o política. Lamentablemente, hemos visto que datos clínicos están en las bases de datos de establecimientos que venden remedios, y para qué señalar el tráfico de datos personales que hay entre compañías de telefonía móvil. En la actual Ley sobre Protección de la Vida Privada, se establece la responsabilidad por las infracciones a esta norma. “El responsable del banco de datos personales deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos”. Se establece todo un procedimiento judicial, lo que hace necesario la asistencia de un abogado. No existen instancias administrativas ágiles y eficaces que velen por este derecho.

El Proyecto de Ley -si lo envían-, deberá tener en cuenta el Internet o los datos de que almacenan los smartphones. La reciente polémica de Apple con el FBI, donde este último por vía judicial pide a la firma de la manzana desbloquear un teléfono iPhone para combatir el narcotráfico, pone en tapete el problema es el precedente: ¿están protegidos los datos de mi IPhone o Android? Podría establecerse que, por la vía judicial, podría llegar a un gobierno, sin el consentimiento del propietario, cualquier dato de cualquier persona.

La realidad tecnológica hace que los datos personales estén en distintas plataformas: redes sociales, redes móviles, big data. Recientemente, Whatsapp anunció la encriptación de los mensajes como opción para los usuarios. ¿Qué significa? Si alguien quiere interceptarlos, le va a costar mucho porque van codificados. Si los gobiernos deciden que deben interceptar comunicaciones, deberán bajar esta opción de cifrado o encriptación. Estos temas deberían ser debatidos para que la futura ley de datos sea moderna, adecuada y no quede obsoleta al salir de Valparaiso.