Nueva ley de financiamiento de la política: el monopolio de los incumbentes

Siempre se ha enseñado que las crisis representan oportunidades. Eso lo ha entendido en parte nuestra clase política. La actual crisis política ha representado una clara oportunidad para buscar reivindicaciones frente a una crítica opinión pública que pareciera haber perdido la paciencia. Baste revisar el fenómeno de catarsis colectiva que representaron los humoristas de Viña del Mar y su recurso de poner sobre la palestra a los políticos o la rutina de Yerko Puchento hace unos días. El diagnóstico de estos “oídos” de la calle es evidente: los chilenos están cansados y exigen cambios urgentes.

Para hacer frente al vendaval que ha significado los casos de financiamiento ilegal y de falta de transparencia, el gobierno acaba de promulgar la nueva ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia (boletín N° 9790-07). Esta nueva ley representa un avance en temas de transparencia –como por ejemplo al establecer un mecanismo centralizado de financiamiento político a través del Servel o al aclarar lo que debe entenderse como propaganda política o gasto electoral, entre otros– pero no es suficiente para responder a una demanda de fondo de la ciudadanía: el recambio. Lamentablemente, dicho urgente recambio de la política tendrá que seguir esperando, porque la letra chica de la ley establece un verdadero monopolio de los incumbentes –entendiéndose por tales los actuales alcaldes, diputados y senadores– ya que las serias limitaciones impuestas a los nuevos candidatos desafiantes les allanan a los primeros el camino a su reelección.

Las principales limitaciones que tendrán que soportar los nuevos candidatos dicen relación con los breves plazos para hacer campaña. La ley delimitó el período de campaña al comprendido entre el día que venza el plazo para declarar candidaturas (o sea, hasta las 00:00 horas del 90° día anterior a la fecha de la elección) y el día de la elección respectiva, lo que deja un período efectivo de 90 días de campaña electoral en los que se pueden realizar los gastos cubiertos por la ley. Todo lo que se gaste con anterioridad puede ser sujeto a revisión y multas por parte del Servel. En caso de infracciones graves, la ley también contempla sanciones penales. Relacionado a lo anterior, los plazos para realizar propaganda electoral se limitaron y se impuso un estándar más duro. La regla general es que el plazo de propaganda es de 30 días hasta el tercer día anterior a la elección, salvo los casos de propaganda realizada por brigadistas y a través de medios de prensa y radioemisoras en que el plazo aumenta a 60 días. Asimismo, será considerada como propaganda electoral toda aquella que tenga “fines electorales”, un concepto mucho más amplio que el que establecido anteriormente que se refería solo a “inducir al voto”.

En definitiva, con los cambios propuestos, las posibilidades de los candidatos que desafían a aquellos que van a la reelección –los que ya tienen maquinarias y redes armadas y una constante aparición pública al ejercer su cargo– se ven mermadas con un período de campaña de solo 90 días y, sobretodo, de solo 30 o 60 días, según el tipo de propaganda, para darse a conocer mediante publicidad electoral. El candidato que no cumpla con estos plazos y las demás restricciones establecidas en la ley no solo se verá afecto a multas y sanciones penales en algunos casos, sino que habrá además un costo electoral adicional al tener que sufrir todo el efecto mediático y de reproche social por ser el infractor de la ley que venía a limpiar la política de antiguas malas prácticas.

Son entendibles muchas de estas normas que buscan transparencia y orden en las campañas, pero el costo en este caso parece ser demasiado alto ya que impide la renovación que la ciudadanía espera. Prueba de ello es que no se incluyó en la nueva legislación nada relativo a límites a la reelección, lo que era un punto muy sentido.

Si bien este es un tema que debiera preocupar a todos los partidos, es algo especialmente sensible para los nuevos movimientos y partidos políticos en formación ya que muchas veces no cuentan aún con liderazgos nacionales fuertes que puedan apuntalar candidatos en las distintas comunas del país y que, ahora con esta ley, tampoco tendrán posibilidades reales de poder darse a conocer debido al escaso tiempo de campaña y de propaganda electoral.

Las motivaciones detrás de estas medidas son desconocidas, pero dan para conjeturar. En la tramitación de la ley se estudió en algún momento el aumentar el plazo para hacer campaña a todos los candidatos por igual con el fin de equiparar la cancha y permitirles a los candidatos desafiantes un tiempo prudente para que pudieran darse a conocer y presentar sus propuestas. Sin embargo, al poco andar de la tramitación esto fue desechado. ¿Es esta la forma en que la clase política entiende abrir las puertas a la renovación? El limitar la competitividad de nuevos candidatos y no poner límites a la reelección claramente no apunta a dicho fin.

Nuestra democracia no puede aceptar una cancha dispareja que viene a ser un perfecto traje a la medida para los actuales alcaldes, diputados y senadores. El momento político actual está pidiendo a gritos sangre nueva, personas que logren ir más allá de los encadenamientos del pasado y que quieran aportar al país sin las ataduras y desconfianza que afligen a sus pares actualmente en el cargo. La nueva ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia es un paso en la dirección correcta, pero que debe hacerse cargo de esta falta de recambio para que no ocurra que este nuevo monopolio de los incumbentes sea un remedio peor que la enfermedad, contribuyendo al estancamiento de la política y a la falta de renovación.