¿Quién se beneficia y quién se perjudica… además?

Existe una verdad muy obvia y evidente, que lo que se nos dice, en especial a través de los medios, rara vez es tal cual como se cuenta. Todo el mundo tiene su agenda oculta, aquella que opera como su gran finalidad pero que -por asuntos de conveniencia para no despertar animosidades, recelos ni resistencias- no les parece bien explicitarla de manera abierta. Esto ocurre en variados ámbitos de la vida y dudo mucho que haya alguien tan transparente y directo que no utilice dicha técnica de vez en cuando para lidiar con algún asunto que le resulte particularmente complicado.

Pero cuando esto afecta los intereses generales de la sociedad se convierte en tema de mucho más alcance y, por supuesto, en objeto de mayor preocupación.

Una manera de poder ir más allá de lo evidente y así descubrir parte de esas agendas ocultas es respondiendo a la pregunta ¿quién gana y quién pierde con lo que se dice?, pero no tanto en forma directa (lo que en general suele ser bastante explícito), sino más bien ¿quién se beneficia y quién se perjudica, además de los que parecen estar directamente involucrados?

Aplicar eso al análisis de los hechos históricos es relativamente sencillo, ya que tenemos la ventaja de conocer las consecuencias que éstos tuvieron, quedando resaltados con mayor claridad los beneficiados y los perjudicados en cada caso. Y así podemos entender mejor lo relevante del rol de los capitalistas británicos en la génesis de nuestra Guerra del Pacífico; el de la industria armamentista y el conservadurismo político en la muerte de Kennedy; y el interés de posicionamiento geopolítico norteamericano en oriente medio con los atentados del 11-S.

Pero hacer esto mismo para analizar las consecuencias futuras de los hechos de hoy ya no resulta tan sencillo. No contamos con la ventaja de saber directamente qué ocurrirá, por lo que aparece mucho más opaco el rol de los verdaderos beneficiados. Y es precisamente aquí cuando resulta más importante y procedente el debate social, abriendo el espacio para escuchar las posibles voces de alerta que se eleven; en especial cuando provienen de los que aparentan estar menos involucrados con el asunto.

En los últimos días, hemos presenciado la aprobación en diversas instancias legislativas de algunas modificaciones legales que afectan al tratamiento de la delincuencia. Es así que el Senado aprobó el control preventivo de identidad (con retención de la persona de hasta 4 horas); como también el sancionar hasta en 541 días a quienes provoquen lesiones a carabineros (aunque no exista rastro visible de la lesión); o la llamada “ley mordaza” que sanciona con penas de cárcel las filtraciones de información de procesos de investigación judicial.

En forma explícita las medidas apuntan a facilitar las condiciones para que la justicia opere en contra de los delincuentes, aumentando el control de potenciales delitos, reforzando la autoridad de las policías y eliminando filtraciones que pudieran entorpecer el desarrollo de una investigación. Motivaciones loables, pero que se entrampan cuando llega el minuto de su aplicación práctica, donde podremos observar otro tipo de efectos mucho menos respetables.

¿Quién también gana con el control de identidad y retención, y con el aumento de sanciones por maltrato a carabineros? Claramente gana el abuso policíaco ¿Quién también pierde? Pierde el ciudadano que se manifiesta pacíficamente, aquel que queda en indefensión frente a la posible violación de sus derechos de libre expresión.

¿Quién también gana con la “ley mordaza”? Ganan todos aquellos políticos que necesitan mantener ocultas sus prácticas corruptas, y así no perder el apoyo de sus electores ¿quién también pierde? Pierde la ciudadanía al no enterarse de dichas prácticas y así no poder evaluar la idoneidad ética de sus representantes y modificar su intención de voto en las siguientes elecciones.

En definitiva, las recientes modificaciones legales apuntan explícitamente a reducir la delincuencia, pero en paralelo van generando condiciones para el abuso policíaco, la pérdida de la libertad de expresión, la impunidad y la falta de transparencia. Si tomamos en conjunto todos esos elementos, es muy fácil entender que el gran beneficiado con todo esto es el establishment del poder, generando condiciones que lo que más refuerzan es la mantención del actual ordenamiento social, la desigualdad de oportunidades, la segregación y reducir la cada vez más creciente manifestación del malestar ciudadano. Y “curiosamente” quienes deciden estos cambios son precisamente quienes a la larga más se benefician de ellos, rompiendo de entrada el principio básico de que no se debe ser juez y parte.

Si de verdad existiera un interés por reducir la delincuencia ¿por qué no facultar al poder judicial con mejores leyes para evitar el efecto de puerta giratoria, que permite que los reincidentes salgan a cometer delitos cumpliendo penas bajas? ¿O por qué no hacerse cargo y enfrentar con alguna estrategia creativa la práctica creciente y adaptativa de los delincuentes, que ingresan en sus filas cada vez a más niños y jóvenes inimputables penalmente? Y aún yendo más al fondo del asunto ¿por qué no atacar los factores sociales que generan la propia delincuencia: individualismo social, segregación, marginalidad, falta de oportunidades, etc.?

La falta de esa mirada más de fondo y el desacople con las medidas propuestas, no dejan más que concluir que en esta caso la agenda oculta parece pesar mucho más que la agenda manifiesta. Espero equivocarme, porque el impacto que algo como esto puede llegar a tener en nuestra sociedad sería de un efecto incalculable.