La agenda corta antidelincuencia: ineficiente, inhumana y conservadora
Aumentar las penas de delitos contra la propiedad, facilitar la construcción de cárceles con nula o escasa regulación y otras medidas que aumentan la posibilidad de que más inocentes sean erróneamente privados de libertad sin un juicio hacen de esta reforma un planteamiento poco serio e inhumano.
En materia de seguridad ciudadana el establishment político compuesto por la Nueva Mayoría y Chile Vamos ha demostrado reiteradamente no estar a la altura de las necesidades sociales del país, mostrando total falta de respeto por las libertades ciudadanas e ignorando por completo la evidencia empiríca acumulada sobre el problema.
En efecto, se encuentra en plena tramitación la denominada “agenda corta antidelincuencia” que, en teoría, busca resolver dicho problema. Sin embargo, al analizar el articulado de la ley volvemos a observar las mismas recetas añejas y podridas que poco o nulo resultado han demostrado.
Al ineficiente e inconstitucional control de identidad se añade la ampliación de facultades policiales de dudosa legitimidad si de derechos humanos se habla. En este sentido, la rienda libre dada a nuestras policías para revisar la vestimenta, vehículo o equipaje de cualquier ciudadano, más la absoluta ausencia de adecuados mecanismos de rendición de cuentas y control democrático de los resultados de dichas labores, son botones de muestra de un enfoque errado y anticuado de cómo resolver el tema de la delincuencia en nuestro país.
Pero además observamos, con desazón, que persiste la idea de que la cárcel es una solución, cuando en los hechos se ha mostrado como un total fracaso frente a medidas alternativas que sí han comprobado ser particularmente efectivas en materia de reincidencia.
Tristemente, tanto el Gobierno como Chile Vamos insisten testarudamente en seguir encerrando cada vez a más personas, con discursos grandilocuentes sobre la delincuencia desatada (curiosamente mientras varios personeros políticos de ambas coaliciones han debido desfilar ante tribunales bajo la sospecha de haber incurrido en delitos tributarios o vinculados a materias electorales).
Debemos pensar en una agenda de seguridad ciudadana que busque seriamente un aumento en la inversión y mejoría de la oferta en prevención y resocialización, y que, conforme a la experiencia internacional, sí se han mostrado como medidas completamente eficaces para reducir los índices de delincuencia.
Aumentar las penas de delitos contra la propiedad, facilitar la construcción de cárceles con nula o escasa regulación y otras medidas que aumentan la posibilidad de que más inocentes sean erróneamente privados de libertad sin un juicio hacen de esta reforma un planteamiento poco serio e inhumano.
Por lo mismo es que diversas organizaciones tales como Red Liberal, Revolución Democrática, Proyecto B, Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, Movimiento de Acción Migrante, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Comité de Derechos Humanos de La Legua, ONG En Marcha, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, ADIPTGEN Metropolitano de Gendarmería de Chile y ONG LEASUR hacen un llamado público para construir una agenda de seguridad seria, que ponga sus esfuerzos en la prevención temprana de los factores que inciden en la delincuencia, sacando ventaja de las diversas plataformas del Estado tanto en educación como en salud, con el objetivo de asumir con seriedad y realismo la tarea de elaborar proyectos que tengan como objetivo la disminución de los índices de delincuencia en el largo plazo. Muchas de las ideas que se exponen en dicha declaración conjunta se recogen en esta tribuna de opinión.
Construir un país donde todos podamos convivir pacíficamente es posible, pero sólo en la medida en que la seguridad ciudadana sea abordada con la seriedad que merece y no con medidas oportunistas tan usuales en el establishment político nacional.