Chiloé y la evidencia de una élite extractivista

En Chile ya casi nadie duda que los grupos de interés, las corporaciones e instituciones piensan cada vez menos en el interés general y mucho más en la conveniencia particular. El modelo extractivista en la economía se ha extendido como un tipo de cultura entre los grupos dirigentes, constituyéndose estos como “élite extractivista”, lo que obliga a analizar los casos de corrupción considerando tanto la responsabilidad individual como de las institucionales.

Se entiende que el “interés general” es un discurso sobre un proyecto nacional que es capaz de involucrar a todas y todos los miembros de una nación y, aunque no estén integrados en igualdad de condiciones, permanece la promesa de aquello. El contenido del “interés general” se constituye –por así decirlo– desde una hegemonía cultural y política que se piensa más allá de la coyuntura, articulando a actores sociales e instituciones, haciéndonos creer que ese es el interés colectivo, el interés del país.

Siempre ha existido una lucha por la interpretación y el sentido del “interés general”, como también lo han sido las ideas del “bien común” o la “razón de Estado”. Durante décadas han existido disputas tanto entre la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); entre pescadores y las empresas salmoneras, así como entre los gremios de comerciantes minoristas y los de la Cámara de Comercio, formando parte de la conflictividad propia de una sociedad, en que los sectores invocaban sus intereses particulares y la relación que tenían con el proyecto de desarrollo de la nación.

Lo que ahora vivimos es que las instituciones –y quienes las componen–, que se supone expresarían el interés general, han abandonado su papel de apelar al proyecto de desarrollo nacional para defender solo sus intereses específicos, como lo muestran la conducta y discursos de los dirigentes institucionales de las FF.AA., la Iglesia, el Parlamento y también las universidades, como lo afirmó recientemente el rector Carlos Peña, al criticar a sus colegas que se preocupan más por sus intereses corporativos que por la orientación general de la reforma al sistema de Educación Superior.

Esta lógica corporativa se ha ido imponiendo cuando se discuten los asuntos de interés público nacional. La pregunta es: ¿por qué se produce esto?

En mi opinión es por la crisis en el modelo de desarrollo neoliberal impuesto por la dictadura. Es decir, el relato unificador de que el libre mercado desregulado con un Estado subsidiario era el motor para el desarrollo del país y con ello del bienestar para todos los chilenos y chilenas está desgastado, carece de legitimad. Ya nadie cree que fue para el beneficio del “interés general” la forestación subsidiada en favor de los empresarios, con el desplazamiento de campesinos y mapuches y la succión de las aguas; la superexplotación de los recursos marinos en favor de las 7 familias junto a la destrucción y los desastres medioambientales, con grandes poblaciones “damnificadas”; la compra de comunidades para abrirle paso a la inversión extranjera en la minería; la indefensión de los trabajadores ante las empresas; la pérdida de control público sobre las pensiones, la salud y la educación; así como la política de desregulación de los suelos.

En otras palabras, se ha debilitado el consenso respecto del papel del libre mercado en el desarrollo de Chile y con ello la confianza en que la elite dirigente del país piensa en favor del “interés general”.

La desconfianza se incrementa con la absurda protección a los pedófilos que lleva a cabo la Iglesia católica, o se profundiza con la corrupción en el Ejército –pero también en la Armada (y sin olvidar el caso en la Fuerza Aérea) – que intenta centrar la responsabilidad en algunas personas por el desfalco de las platas de todos los chilenos, que supuestamente iban a fortalecer la Defensa Nacional, y se pide no “dañar la imagen de nuestras FF.AA.” por “razones de Estado”.

Desconfianza por la errática conducta del Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional ante las boletas “ideológicamente falsas” que permitían la reproducción de la elite política y su connivencia con el empresariado que solo pedía leyes apropiadas a su interés corporativo. Se reitera con el robo sistemático de CEMA Chile al patrimonio de Bienes Nacionales, sin que esa elite dirigente lo detuviera, incluso con el dictador muerto ya hace más de una década.

Lo anterior pretende afirmar que se ha ido constituyendo una “élite extractivista” de los fondos públicos, que no crea riqueza sino que la dilapida. Es como ese viejo dicho “no me interesa el cargo, póngame donde hay”, pero con un volumen de presupuesto fiscal inimaginable a mediados del siglo pasado, cuando nació ese refrán. Esta “élite extractivista” ve en el Estado una forma de perpetuar su influencia en la sociedad, en asegurar a sus familias las condiciones de reproducción de su poder y por ello establece las complicidades necesarias entre las distintas instituciones públicas y de estas con los grupos empresariales más poderosos (Luksic en este sentido es expresivo; el puente Cau Cau es la tragedia) y la élite de los otros poderes fácticos, como la Iglesia y las FF.AA.

Lo que estoy afirmando es que hay que ver los casos de corrupción que se han develado, no como delitos excepcionales sino como la generación de una “mentalidad extractivista” que ve como legítimo enriquecerse con fondos públicos (empresarios, políticos, militares, etc.) o usarlos para su propia reelección como si fuera por el “interés general” del país y no el personal. Esta mentalidad es la que se naturalizó en la élite y en alguna medida explica su autocomplacencia con los resultados de la transición.

No se trata, por tanto, solo de una crítica ética a la extracción ilegal y/o ilegítima de las platas públicas, es una crítica a la economía política del extractivismo que ve como normal el uso del Estado como un área de negocios más. Es la colonización por el libre mercado de la última área que se levantaba como su contraparte; es construir –al interior del aparato que representaría el “interés general”– un espacio para imponer la lógica neoliberal en donde la función pública deja de ser la de regular en nombre del interés nacional los conflictos particulares, para ser arrastrada a la mera función de herramienta para la extracción de ganancias por la elite extractivista.

Esta idea de la conformación de una “élite extractivista” al alero del Estado ha sido trabajada por los economistas Acemoglu y Robinson en su libro Por qué fracasan las naciones y también está en el debate de la crisis española,  aunque no ha sido discutida para sociedades neoliberales como la chilena. Si la elite es extractivista bloqueará la inclusión y frenará los procesos democratizadores que tienden al control del Estado por la ciudadanía organizada y, al interior de este, impedirá que los poderes se regulen y controlen entre sí.

Lo anterior deja múltiples interrogantes, entre otras el papel de la izquierda y sus políticas de fortalecimiento del Estado, que no necesariamente llevan a sociedades más inclusivas, igualitarias y democráticas. Este será tema para otra vez.