¿Debe el Estado seguir protegiendo a los taxistas?

La libertad de trabajo y la libertad económica, se encuentran en las bases de la sociedad moderna y son causa de muchos avances científicos y técnicos que han permitido mejoras importantes en la calidad de vida de toda la humanidad. Ambas libertades fueron reconocidas en la Revolución Francesa, con la dictación del Decreto de Allarde que establecía que “toda persona será libre para ejercer el negocio, profesión, arte u oficio que tenga a bien”. Dándose término al control que los gremios ejercían sobre la economía, tanto en la producción y comercialización de bienes como en la asignación de los puestos de trabajo. Aquí encontramos el origen del artículo 19 N° 16 de nuestra Constitución, que asegura la libertad de trabajo y su protección, y el 19 N° 21 que hace lo propio con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, imponiéndose como únicos límites a estas garantías el respeto a la moral, el orden público y la seguridad nacional.

Así, para justificar el congelamiento del parque de taxis del país en 1998, se dijo que esta política era transitoria y necesaria “por los graves problemas de congestión y contaminación que afectan la salud y calidad de vida de las personas”. Siendo la medida apoyada transversalmente por nuestros parlamentarios, a pesar de las críticas de la academia, que no vio en ella la idoneidad para el fin propuesto y, además, advirtió la discriminación que ella suponía, pues no evaluaba el otorgamiento de patentes de taxi según las condiciones del vehículo o conductor para reducir la congestión y contaminación, sino solo aseguraba un monopolio para los actuales dueños. De este modo, muchos acusaron que lo que realmente había era una “captura del regulador” por los taxistas organizados, lo que les permitiría generar importantes ganancias a expensas de la mayoría de  los chilenos, que -desorganizada y desinformada- no reclamarían como es debido frente a esta irrazonable e injusta medida.

El avance la tecnología hizo nacer aplicaciones que nos proveen de servicios similares a los ofrecidos por los taxis tradicionales, tales son, entre otros, empresas como Uber y Cabify. Los taxistas han reaccionado violentamente frente a ellas, señalando que realizan una actividad ilegal, pues actúan como taxis sin serlo. La autoridad, por su parte, parece haber creído en estas alegaciones retirando varios autos que trabajan para o en asociación con estas empresas, buscando conservar, por la fuerza, el monopolio que los taxistas mantienen.

Lo anterior es absolutamente injustificado y solo demuestra el enorme poder que mantiene el gremio de los taxistas pues no es cierto que los conductores de Uber y Cabify sean “taxis piratas”: son sustitutos de ellos, pero no desempeñan la misma actividad, tal como la margarina sustituye a la mantequilla sin ser lo mismo que la primera. Por otro lado, no hay razones para prohibir a estas empresas el ejercicio de sus actividades, ya que no atentan ni contra la moral, ni el orden público, ni la seguridad nacional. Cosa que no es tan fácil decir de los taxistas tradicionales, que se detienen en lugares inapropiados para tomar pasajeros, afectando el orden público, o tienden a tomar el recorrido más caro y largo para el pasajero sin necesidad de ello, lo que es moralmente reprobable.

Las autoridades al regular, deben siempre recordar que el Estado está para proteger el bien común y no a determinados grupos de interés y que la esencia de la democracia es evitar que algunos controlen la vida del resto enriqueciéndose a sus expensas.

Ojalá la autoridad recuerde que su deber está en proteger al ciudadano de a pie y no al gremio de los taxistas.