El proceso constituyente participativo y sus riesgos

Está generando dudas, suspicacia, adhesión y participación el llamado “proceso constituyente”. Y no es para menos, porque es una dinámica completamente nueva la que pretende introducir Michelle Bachelet, donde ha habido tensiones incluso entre el gobierno y el “Consejo de Observadores”.

Cuando yo era niño, un grupo de juristas comenzó el estudio de lo que finalmente sería la Constitución del 80, la que fue plebiscitada en una farsa antidemocrática, sin padrones ni registros electorales. Fueron un grupo de expertos quienes, durante muchos meses, llegaron a un texto con un mal de origen: redactado bajo una condición política y social compleja, triste, porque vivíamos bajo una dictadura férrea, con violación a los derechos esenciales de las personas, sin libertad política, con partidos políticos disueltos o proscritos y control gubernamental total de los medios de comunicación.

Fue en los 70s, cuando un reducido número de abogados redactó una Constitución Política que ha sido modificada varias veces. Como sostiene en un estudio el Presidente del Tribunal Constitucional, el DC Carlos Carmona: “la Constitución de 1980 es la que tiene el mayor número de reformas. Prácticamente todos los gobiernos han dictado reformas constitucionales en su período” (Las reformas a la Constitución entre 1989 y 2013), y en el mismo estudio presentan las aproximadamente 30 modificaciones a la constitución del 80: la creación del Ministerio Público, elección de los Consejeros Regionales, establece la voluntariedad del sufragio, etc.

¿Tenemos hoy una Constitución democrática? Yo creo que sí, pero está en el programa de gobierno de Michelle Bachelet hacer una Constitución nueva, pero no redactada por un grupo reducido de expertos constitucionalistas, sino participativa a lo largo y ancho de Chile, desde lo individual, local, regional hasta lo nacional. Y no porque la actual Constitución no sea democrática, sino para tener una carta Magna con diálogos ciudadanos participativos, con voces “que conforman nuestra diversidad” (Guía para el diálogo ciudadano del Gobierno), eso es lo que seduce a la Moneda y varios stakeholders que se denominan “del mundo social”.

El gobierno está generando diálogos locales (ya hay cientos de inscritos), provinciales y regionales. En la página web se abrió un sitio para que las personas individuales puedan además poner sus opiniones. Al final del proceso, existirán miles y miles de opiniones para una nueva Constitución Política. Existirá un maremágnum de opiniones e ideas que alguien, o un grupo, tendrán que sistematizar. ¿Quienes? ¿Qué visión tendrán? ¿Qué legitimidad? Está por verse.

He visto un proceso como este, pero para un tema específico, y no estuve de acuerdo con el resultado. No es por oponerse a la participación, que es el gran valor de un proceso de esta magnitud, sino por el (o los) “redactor(es)”; quien(es) va(n) a tomar tanta y tanta información, y la va a compilar en un documento final. No sea que ocurra como tildaban a algunos los traductores de textos, “traduttore traditore”, y terminemos molestos con el grupo final a cargo de armar este mega lego político.