Gratuidad en disputa: la CONFECH y el Gobierno

Esta semana se llevó a cabo el “paro reflexivo” convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), haciendo un llamado a las distintas universidades de nuestro país, con el fin de difundir las bases del movimiento estudiantil a los nuevos alumnos que ingresan a la educación superior. Este paro se realizó en un contexto en el cual los líderes estudiantiles a través de distintas movilizaciones -cuatro en tan solo un mes- quieren mostrar su descontento al gobierno, luego de las permanentes ambigüedades y falta de seriedad con respecto a la reforma en educación superior, especialmente al denominado proyecto de “Gratuidad”.

Por un lado, la CONFECH se ha visto bastante insatisfecha ante la “Gratuidad” implementada por el Ejecutivo, puesto que a fines de abril se conoció que el número de beneficiados será aproximadamente 55 mil estudiantes menos de lo prometido por el Gobierno en la glosa presupuestaria de noviembre del 2015. A esto se le debe sumar los problemas de implementación que tuvo el proyecto desde su origen hasta la actualidad, por ejemplo quitarle a cientos de estudiantes el beneficio de la gratuidad que el mismo Gobierno le había proporcionado incorrectamente, jugando con el bolsillo de aquellas familias.

Por otro lado, las diferencias entre la CONFECH y el Ejecutivo también son de fondo. En primer lugar, el Gobierno solo pretende financiar al 60% más vulnerable del país, algo que solo se ha visto en el papel, mientras cada vez se demuestra más su imposibilidad. Una segunda parte de la propuesta del Ejecutivo es que la gratuidad dependerá de la institución en la que se encuentre o ingrese a estudiar el futuro beneficiado, medida que ha demostrado ser injusta por varias razones. Una de ellas es que a la gratuidad solo se encuentran adscritos 8 CFT e IP de un total de 101 a nivel nacional, siendo justamente estas instituciones las que albergan a los más vulnerables de nuestro país. Esto se evidencia gracias a la Encuesta Casen del 2013, la cual nos muestra que solo entre CFT e IP se encuentra un 40% de estudiantes que provienen de los dos quintiles más pobres de Chile, en comparación al 29% que reciben las universidades adscritas al CRUCH. Ante esto, queda a la vista el valorable servicio que realizan estas instituciones privadas, algo que nunca ha dejado de molestarle a la izquierda, como se ha preocupado de dejarlo claro a través de sus constantes reformas.

En segundo lugar la propuesta de la CONFECH, es aún más ideologizada, puesto que se ha abanderado históricamente por una gratuidad universal, independiente de los ingresos del estudiante, y al igual que el gobierno optan por un criterio de selección según la casa de estudio. Sin embargo el proyecto de educación superior de la CONFECH es todavía más ambiguo que lo planteado por el gobierno, ya que serían aquellas instituciones que se encuentren incluidas en el “Servicio Nacional de Educación Pública” (SNEP) que buscaría sumar a establecimientos públicos, estatales o privadas que cumplan con los “estándares” de este organismo.

Por último, la CONFECH también ha demostrado su descontento ante la poca claridad del gobierno con respecto a la Educación Superior y las reformas que este sistema necesita. En palabras de Marta Matamala, presidenta de la FEUSACH y vocera de la CONFECH, “el gobierno solamente hizo promesas electorales para sentarse en La Moneda”, por lo que los estudiantes esperan escuchar avances en la cuenta pública de este 21 de mayo. Sin embargo, la Ministra de Educación descartó esta posibilidad, declarando que el proyecto comenzará su tramitación recién en junio, cuestión de la que se puede dudar considerando las sucesivas postergaciones que ha sufrido la idea.

Sin embargo, la CONFECH y el gobierno no han sabido estar a la altura de las circunstancia y solo han profundizado su ideologismo en vez de considerar a los cientos de miles de estudiantes chilenos.

Cualquier persona con sentido común, pensaría al contrario de lo que plantean ambas entidades, que el apoyo monetario debe ir dirigido a todas aquellas persona que lo necesiten, teniendo como criterios el ingreso monetario de las familias y la calidad de las instituciones bajo estándares comunes. Esto se contrapone a la política de gratuidad universal, ya que esta última medida significaría financiar con los impuestos de todos los chilenos la educación a los más ricos. Esta medida empeora aún más, si es que uno de los criterios para elegir a los beneficiados es según la universidad, CFT o IP en las que se encuentre, puesto que no existen “instituciones para ricos y otras para pobres”, los estudiantes vulnerables se pueden encontrar transversalmente en los distintos establecimientos de nuestra educación superior.

Urge que en Chile se escuchen distintas propuestas educacionales, que derriben aquella discusión ideológica como lo es la protagonizada por el Gobierno y la CONFECH. Los estudiantes más vulnerables de nuestro país necesitan propuestas y medidas sensatas basadas en la realidad, y no sistemas burocráticos como los que se han puesto de moda últimamente que lo único que generan son más trabas a una educación justa, libre y de calidad.