Apuntes sobre el caso Qué Pasa versus Bachelet

Primero: una aclaración. No es cierto lo que afirma el abogado Juan Pablo Hermosilla en cuanto a que “desde la época de la dictadura que no se va ningún periodista preso por estas cosas”; refiriéndose a delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. No hago esta rectificación por joder, sino para recordar cuán reciente es este estado en que cualquier ciudadano –incluidos los periodistas- pueden decir y escribir sin temor a enfrentarse a la Justicia. En 2001, antes de la derogación del artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado, que sancionaba con especial severidad las ofensas contra las autoridades, se contabilizaban 33 ciudadanos –principalmente periodistas- acusados en democracia por este tipo de delitos. Algunos de ellos –como los periodistas Rafael Gumucio, Paula Coddou, José Ale y Fernando Paulsen; los editores de Planeta Carlos Orellana y Bartolo Ortiz, y el ciudadano Eduardo Yáñez-  pasaron más de una noche presos.

Esa normativa se derogó –y luego otra norma similar contenida en el Código Penal- después de que la prohibición de El Libro Negro de la Justicia Chilena expuso a Chile ante la comunidad internacional como una democracia tutelada, en que el ejercicio de la libertad de expresión –una de las medidas claves para ver el estado de salud de una democracia- estaba severamente restringido. Human Rights Watch decía en 1998: “En la actualidad la libertad de expresión e información está limitada en Chile hasta un nivel posiblemente incomparable con cualquier otra sociedad democrática del hemisferio occidental”. Y en 1999, después de la causa por desacato en mi contra como autora de El Libro Negro de la Justicia Chilena y en contra de los citados editores de Planeta, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Chile para investigar qué estaba pasando.

Es cierto que desde esas reformas, emprendidas en el gobierno de Ricardo Lagos, se ha fortalecido progresivamente la libertad de expresión hasta el punto actual, en que difícilmente un periodista –o un ciudadano cualquiera– podría decir que teme ir preso por sus dichos, especialmente si estos se refieren a alguna autoridad del Estado. Así debe ser.

Segundo: la querella de la Presidenta en contra de la Revista Qué Pasa no es por desacato, porque esas normas afortunadamente ya no existen. Y de prosperar, es poco probable que los periodistas paguen con cárcel. Más bien, de ser condenados, terminarían pagando una indemnización.  Sin embargo, esto no le quita gravedad al hecho de que es la Presidenta de la República movilizando una acción penal contra un medio de comunicación y eso, directa o indirectamente, provoca un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.  La querella se suma simbólicamente –aunque el abogado Hermosilla intente separarlo- al fallido proyecto conocido como Ley Mordaza y, seguramente, alguien interesado en reponer alguna forma de ley de desacato lo usará como precedente en el futuro.

Es imposible, coincido con lo que han dicho varios, que a Michelle Bachelet se le vea como una persona cualquiera, en particular, porque las declaraciones que la ofenden sólo tienen importancia porque ella es la Primera Mandataria. No se refieren en modo alguno a su vida privada.

Tercero: ¿Había o no había que publicar las declaraciones de Juan Díaz? El debate todavía está en curso y es legítimo, como es legítimo que se critique al medio por no contextualizar para su público al personaje que emitió las declaraciones captadas por Carabineros. Sin embargo, la mejor sede para discutir aquello, incluso para quejarse, son los tribunales éticos –el del Colegio de Periodistas o el de la Federación de los Medios de Comunicación-. Así se da la oportunidad a periodistas y editores de discutir sobre estándares profesionales, sin necesidad de involucrar a los tribunales de justicia.

Cuarto: Hermosilla ha anunciado que intentará probar que la discrepancia entre la nota impresa y la digital de Qué Pasa demuestran que en la primera hubo intenciones de perjudicar a la Presidenta, pues en el papel se le da credibilidad a Juan Díaz y se dejan fuera sus dichos sobre Pablo Longueira, por ejemplo. Es cierto que la nota de Qué Pasa en papel está editada y sólo deja las declaraciones de Juan Díaz que se refieren a la Presidenta. Por razones de horas de cierre e impresión, es posible presumir que eso ocurrió probablemente antes de la publicación – y posterior “bajada” con disculpas-  de la nota en internet. Por la naturaleza del medio impreso, era un acto menos reversible que la publicación online.  ¿Se podría, de todos modos, presumir animosidad en contra de la Presidenta? Claro. Como se puede deducir de la forma en que El Mercurio titula su cuerpo de Reportajes todos los domingo y por la forma en que los medios editan todos los días las notas que publican, por los minutos que se les da a cada quien en televisión, etc. Son numerosos los estudios académicos y otros no tanto que hablan de la forma en que la prensa escrita se ha consolidado y unificado en su visión editorial. Hablar de las causas de esto, ha dado para varios libros (uno notable y altamente recomendable es el de Ken Dermota: “Chile inédito”). Pero digamos la verdad: Chile ha tenido históricamente una prensa sobreideologizada, en que la “edición” consiste muchas veces en reconstruir la realidad de la manera que más beneficie –o menos perjudique- a los amigos del medio. ¿Cómo se solucionaba esto en el pasado? Todos los “lotes” tenían su diario. Trágicamente, hoy sólo subsisten los diarios  -y sus holdings- a los que se permitió circular después del golpe de Estado. El complot del que se siente víctima la Presidenta es resultado de un sistema de medios poco diverso que no se rectifica con una querella por injurias.

Quinto: Juan Díaz es una fuente de dudosa credibilidad, pero los periodistas sabemos que a veces fragmentos de verdad vienen de las peores fuentes, así como fragmentos de falsedad emanan de las más robustas. Por lo tanto, tan importante como saber quién dice qué, es preguntarse si hay interés público en aquello que se dice y si es verificable, se debe hacer el esfuerzo por averiguarlo. Por incómodo que resulte creo que es legítimo preguntar, en este caso, si es cierto que la nuera de la Presidenta invocaba su nombre para cobrar lo que cobraba en sus negocios. En rigor, en estas grabaciones Juan Díaz no dice que la Presidenta estaba involucrada. Sólo que la nuera pedía dinero en su nombre.  Y eso, sería bueno esclarecerlo aún para la propia Presidenta. También creo que somos muchos los que quisiéramos saber si es cierto que Juan Díaz participó o planificó operaciones oscuras en el caso Spiniak por órdenes de Pablo Longueira u otros.

Sexto: Cuando aún no acabábamos la discusión sobre cuánto de la edición es legítimo ejercicio de la línea editorial de cada medio y cuánto simplemente mal periodismo, emergieron los medios digitales y generaron, están generando, nuevas formas de difundir información. Para bien o para mal, desde hace ya un buen rato la presión de la inmediatez convierte en noticia lo que en otros tiempos hubiera sido sólo uno de los fragmentos de un reportaje. Ahora es la audiencia la que tiene que completar en su cabeza cada pieza, valorar el peso y credibilidad de las fuentes, mientras la labor de los “medios” como intermediarios pierde progresivamente importancia. No sabemos en qué terminará todo esto, pero por el momento significa que las autoridades tienen que hacer esfuerzos de creatividad para enfrentarse a este nuevo panorama. Una querella por injurias, en este cuadro, es más bien una herramienta “análoga”.