Libertad de expresión, el derecho a la información y la ética periodística

En estos días hemos asistido a una discusión sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y la ética periodística, conceptos que a pesar de estar en entredicho en nuestro país, hace mucho tiempo, han cobrado especial notoriedad debido al impacto de unas supuestas revelaciones de escuchas telefónicas realizadas en el marco del caso Caval, por parte de un medio y que afectarían a muchas personas, entre ellas, la presidenta de la República, Michelle Bachelet. A partir de lo primero, se ha discutido también acerca de las acciones que de dicha publicación se han derivado, incluida, por cierto, una querella por injurias contra el mismo medio, lo que algunos actores han calificado como un intento de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Se ha discutido también acerca de las declaraciones de la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, por “no defender” a los periodistas y al medio en cuestión y por poner al centro del debate la ética periodística y la de los medios, defendiendo también el derecho de toda persona humana de defenderse ante lo que cada uno considera un atentado a la propia honra. Y lo que es mucho peor, se ha pretendido censurarla por el hecho de ser comunista, como si serlo le impidiera opinar en propiedad.

Hoy deseo compartir mis reflexiones sobre este episodio, incorporando otras variables que suelen estar ausentes en el debate y para ello quiero compartir mi propia experiencia, guardando, eso sí, las obvias diferencias que existen con el episodio en comento.

Lo primero es que no es bueno olvidar que el primer peligro para la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país, es la tremenda concentración económica y política de los medios de comunicación masiva y la consiguiente utilización política que se hace de los mismos, por parte de sus controladores privados, transversalmente relacionados con todos los que hoy están siendo investigados en sendos casos de colusión, corrupción y financiamiento ilegal de las campañas, los mismos que, en temas de relevancia nacional, suelen imponer sus líneas editoriales con un fuerte sesgo político e ideológico y sin el menor indicio de ética profesional.

En este contexto, resulta absolutamente válido dudar de las verdaderas intenciones de algunos medios al publicar determinada información, cuando no se otorga ni el debido derecho a réplica ni la posibilidad de exponer los descargos correspondientes cuando de acusaciones no demostradas se trata. Esto es aún más importante cuando se considera el peso que algunos medios tienen, en el objetivo de construir determinadas realidades a través de la igualación del discurso y la eliminación de la diferencia en la información, definiendo en definitiva, lo que se discute y lo que no se discute en nuestro país; lo que se pone al centro y lo que se oculta según el interés de los controladores de los medios, que en este caso, suelen representar el interés de la clase dominante.

Yo mismo he sido objeto de esta negación del derecho a la información, con ya varias acusaciones infundadas que me ha hecho la UDI y que han sido difundidas por algunos medios ligados a la extrema derecha, sin siquiera darse la molestia de llamar para preguntar por nuestra versión de los hechos, con la clara y única intención de hacer daño y sin ningún interés en informar de manera objetiva de los hechos. Tampoco han vuelto a publicar, cada vez que la justicia ha desechado, sobreseído o archivado las causas por no existir indicio alguno de delito, pues el trabajo sucio termina cuando se difunde la acción y no existe interés alguno de dar a conocer la verdad sino todo lo contrario. Se busca desinformar y tender un manto de duda sobre la honorabilidad de las personas, en un contexto en el cual sembrar la duda resulta mucho más fácil que buscar la verdad.

En este contexto, se me vienen a la mente los tiempos anteriores a la dictadura, cuando los Colegios Profesionales tenían la tutela técnica y ética de los profesionales y velaban por el correcto ejercicio de la profesión, a diferencia de hoy, en que algunos pretenden que los Colegios y sus dirigentes desarrollen defensas corporativas de los profesionales, sin consideraciones éticas ni morales sobre su ejercicio, lo que sencillamente no agrega valor al desarrollo de la misma. Por lo mismo, saludo la valentía de la declaración de la Presidenta del Colegio de periodistas y la instalación en el debate del tema de fondo: la libertad de expresión y el derecho a la información nacieron para evitar los dogmas y el pensamiento único, promoviendo la búsqueda de la verdad en un contexto de garantía a los derechos fundamentales y respeto a la diversidad, por lo que no pueden ser elevados a la categoría de dogma, cuando apuntan precisamente a lo contrario.

Si cometemos el error de convertir la libertad de expresión y el derecho a la información en un dogma, correríamos el riesgo de validar, como acontece hoy, que cualquier delincuente pretenda mitigar sus responsabilidades, intentando enlodar a todo el mundo para poder afirmar luego que a pesar las obvias diferencias… todos somos iguales, lo que es sencillamente inaceptable.

Por otra parte, plantear que la presidenta Bachelet ha equivocado el camino y que debiera haberse abstenido de querellarse, habla de un error aún mayor, puesto que parecería que estuviéramos planteando que Michelle Bachelet Jeria, a diferencia de todos los otros ciudadanos de nuestro país, no posee derecho a defensa y que debe resignarse a ser basureada por medios controlados por sus adversarios políticos, sin siquiera atreverse a reaccionar para defender su honra.

Será correcto entonces plantear, que en aras de la libertad de expresión y el derecho a la información, hasta los delincuentes que se han robado Chile entero, tienen derecho a defenderse, menos la Presidenta de la República. Tampoco pareciera ser el camino correcto.