Ciencia en Chile: una cuestión personal

Soy biólogo. Y hago investigación científica de esa que dicen que está en crisis, de esa para la que se supone habrá un Ministerio antes de fin de año. Me dedico a estudiar aspectos celulares de las neuronas y de los circuitos que forman en el cerebro hace como 15 años; a ello dediqué mi pregrado, mi doctorado en Ciencias Fisiológicas y el par de años que me quedé como postdoc en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica. Mientras me dedicaba a la docencia universitaria, a la aplicación de las neurociencias en la industria y en la educación, y a algunos proyectos de investigación básica, busqué un buen lugar donde seguir formándome como investigador postdoctoral, y lo encontré en el grupo de neurobiología celular y molecular del Dr. Giampietro Schiavo, en el Institute of Neurology de UCL, uno de los lugares más productivos y prestigiosos del mundo en el área de las neurociencias. Hace casi dos años que preparamos juntos un proyecto con el que conseguir financiamiento para que pudiera instalarme junto a mi familia en Londres. Frente a las dificultades de la burocracia, desde el principio me armé de paciencia y jamás pensé contar lo que hemos vivido; y no solo por escrúpulos, también porque para quienes trabajamos para mejorar la institucionalidad científica y su lugar en la política y en la sociedad civil, esto no se trata de nosotros, se trata de todos. Hoy solo me animo a contarlo porque a estas alturas estoy convencido de que nuestro testimonio puede ser útil para corregir el sistema, para devolverle la escala humana y para darle voz a muchos que se enfrentan en silencio a la misma burocracia o a una peor.

A fines de septiembre del 2015, mientras hacía fila en el registro civil para renovar nuestros pasaportes, recibí la noticia de que me había adjudicado una Beca Chile de Postdoctorado en el Extranjero. Mi mujer tenía, entonces, algo más de 6 meses de embarazo y decidimos esperar en Chile el nacimiento de nuestra segunda hija, Almudena, para luego partir cuanto antes a instalarnos en Londres. Consulté en CONICYT y me dijeron que lo mejor era postergar la firma del convenio para cuando Almudena ya hubiera nacido y tuviera sus documentos de identidad, para no hacer enmiendas posteriores al convenio que pudieran retrasar los pagos. Después que nació, a mediados de enero avisé a la universidad donde trabajaba que no podría dar cursos desde el primer semestre del 2016 porque nos íbamos, vendimos casi todos nuestros bienes y desocupamos el departamento donde vivíamos para instalarnos con mi suegra un par de meses antes de partir. Entre los muchos trámites y el trabajo que hubo que improvisar mientras tanto, fui a firmar a mediados de marzo 2016 el convenio, para irnos durante el mes de abril. Pero no se pudo. El 15 de febrero había entrado en vigencia la ley 20.905 que fijó las nuevas condiciones que habrían de cumplirse para el cierre de las becas, como resultado de lo cual cientos de antiguos becarios de CONICYT vimos reabiertos procesos de cierre concluidos hace años, solicitándosenos documentación adicional para iniciar la tramitación de resoluciones exentas de la Contraloría General de la República que acreditaran extinguidas las obligaciones respecto de esas becas. A mí me pidieron un par de declaraciones juradas y originales de documentos relacionados con becas de apoyo a la tesis doctoral y asistencia a congresos en el extranjero de los años 2008 y 2009. Sin esos documentos no podía firmar el convenio, a pesar de que al momento de la adjudicación de la beca yo tenía toda mi situación perfectamente en orden (o mi postulación habría sido inadmisible). Por alguna razón, el convenio que en octubre de 2015 podría haber firmado sin problemas, en marzo de 2016 ya no podía. Me dijeron que, en todo caso, por la celeridad que requería mi caso, las resoluciones exentas no deberían tardar más de 30 días, y que en cualquier caso usualmente demoraban 60. Que quizás podría irme nomás y recibir los beneficios en forma retroactiva. Menos mal que no lo hice.

Eso fue el 28 de marzo. Una vez recibida la documentación, CONICYT la revisa y de faltar algo, da aviso al becario en 7 días hábiles, de lo contrario tramita la resolución exenta con la CGR. El 23 de mayo —56 días después de entregada la documentación— fui notificado de la resolución exenta 4083/2016 que cerraba la beca del 2009. Quizás la otra ya había salido y no me había llegado la notificación. Esas cosas pasan. Así que los primeros días de junio fui a firmar el convenio. 

No pude. Algunos documentos, incluyendo mi contrato de Investigador Honorario en UCL, tenían fecha de abril y me indicaron que eso traería problemas con la CGR al momento de validar el convenio. Para no retrasar los pagos, lo mejor era que actualizara esa documentación antes de la firma del convenio. Nunca es fácil lidiar con la burocracia británica, pero antes de un par de semanas tuve los documentos con fecha actualizada para el 30 de julio. Fui a CONICYT de nuevo y, a pesar de tener toda la documentación lista, otra vez no pude firmar. En efecto la resolución exenta de la CGR que da mi Beca de Apoyo a la Tesis Doctoral Nº24080131 del año 2008 por cerrada, aún no sale, o al menos nadie ha sido notificado de ello. Eso cuando han pasado 105 días desde el 28 de marzo en que entregué la documentación. A la ejecutiva de CONICYT se le caía la cara de vergüenza y me aseguró que debería salir la resolución muy pronto. Eso fue hace dos semanas. ¿Puede uno seguir creyendo en esta burocracia? Mi beca tiene fecha máxima de inicio el 30 de septiembre y ese día se acerca peligrosamente. No he mencionado, porque creo que no es el punto, los costos familiares, económicos y psíquicos de la cesantía y la incertidumbre. Nos los hemos bancado, como lo hace tanta gente en nuestro país. Pero sin duda hay quienes que simplemente no pueden aguantar y deben renunciar a toda posibilidad de dedicarse a la ciencia y la producción de conocimiento, o al arte, o a la innovación, o a cualquiera de esas actividades que han terminado siendo el más impenetrable de los privilegios de la élite

Surgen muchas preguntas de interés público: ¿con qué mecanismos cuenta CONICYT para dar seguimiento a los procesos que dependen de otras oficinas?, ¿cómo se hace cargo de la gestión del proceso administrativo completo?, ¿cómo organiza la Contraloría la creciente demanda de validación de procedimientos administrativos?, ¿qué nivel de discusión tuvo la ley 20.905 en el parlamento?, ¿hubo conciencia de las tremendas consecuencias administrativas de forzar una revisión retroactiva de cientos o quizás miles de cierres de becas?, ¿qué valor tiene la revisión por el organismo contralor de becas que habían sido dadas por cerradas hace 8 años o más? Pero, desde mi punto de vista, son las preguntas humanas y políticas las más difíciles de contestar: ¿es posible tener en Chile un proyecto de vida en la producción de conocimiento, la ciencia y la innovación?, ¿se espera de los científicos que sean una especie de héroes alienados sin nada que perder?, ¿cómo la burocracia reconoce las necesidades particulares de los diversos ciudadanos que deben someterse a su operar?, ¿cuánto de la institucionalidad actual permite el progreso hacia un país basado en su conocimiento y cuánto no hace sino secuestrarlo?, ¿cuántos jóvenes no sienten que en este clima adverso mejor dedicarse a otra cosa?.

Conozco muchos en situaciones dramáticas, científicos y obreros, cuicos y pobladores, que frente a la burocracia con que les toca lidiar resumen todas estas preguntas en una sola, que yo también me hago, cuyo lenguaje suena rudo y acaso grosero, pero que por eso mismo debe ser así formulada con toda su elocuencia: ¿Hasta cuándo chucha seguimos así?  

Perdonen que me lo tome personal.