Las reformas y la necesidad de espacios de diálogo inclusivos

Esta semana el gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma a la educación superior. Promesa de campaña, eje esencial del programa de gobierno y tema central de una agenda que se instaló con fuerza desde el movimiento estudiantil del año 2011.

Ante el envío del proyecto, los actores más relevantes del ámbito educativo se mostraron poco satisfechos con él, cuando no, derechamente contrarios a su contenido. Los rectores del CRUCH y del CUECH (no ven en él el fortalecimiento de la educación pública -como se esperaba-; los rectores de las universidades privadas reclaman que se les discrimina; los académicos (¿alguien conoce la opinión de los académicos?)…; los estudiantes –que llevan movilizados, en paros o tomas desde hace varias semanas- apuntan que mantiene un modelo educativo sobre la base del mercado, que no logra desmontar el lucro ni tampoco establecer la gratuidad en una lógica de derechos sociales. Por su parte, parlamentarios de uno y otro sector político también cuestionan algún aspecto del proyecto.

Más allá de los planteamientos de cada uno y de las posturas que cada uno de los actores tiene, queda en evidencia la ausencia de procesos de diálogo legitimados y eficaces en el proceso de formulación del proyecto. Quienes son los actores involucrados directamente en lo que resulte de esta reforma no sólo expresan frustración por el contenido de ésta, sino que también porque no se sienten escuchados ni considerados en ella.

Chile ya conoce de “cocinas” en las que se preparan recetas de políticas entre un grupo reducido de “pro-hombres”, y aquel modelo se agotó. La necesidad de discusiones pre-legislativas más amplias, inclusivas, con expresión de intereses de distintos actores, pero también con evidencias sobre la mesa, es un ejercicio que hasta ahora ha tenido límites estrechos y que el momento actual exige reconsiderar.

Las políticas públicas serán mejores, más pertinentes y eficaces, si incorporan el diálogo plural, ampliando así las redes de política y vinculando a los tomadores de decisión, técnicos gubernamentales y representantes de los grupos de la sociedad civil involucrados.

Experiencias en las cuales inspirarse hay y vale la pena conocerlas. Desde hace cinco años, en países tan diversos como Colombia, Ecuador, México y El Salvador funcionan unas instancias de diálogo de políticas apoyadas por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola) que reúnen a un grupo de actores diversos (academia, sector privado, organizaciones sociales, entidades gubernamentales), en el marco de debates informados y con una agenda de incidencia directa en políticas públicas. Se trata de los Grupos de Diálogo Rural (GDR), que, como su nombre lo indica, se han concentrado en los temas de desarrollo rural, pero que han instalado una lógica que permite extraer lecciones perfectamente trasladables a otras políticas sectoriales, además de contribuir en un sentido general, al fortalecimiento de la cultura del diálogo.

En los países mencionados, los Grupos de Diálogo han contribuido a la creación de nuevas políticas públicas o a la reformulación de las existentes, en un espacio que supera la idea de “negociación” para situarse en la de la contribución al objetivo común, que en su caso ha estado relacionado con la superación de la pobreza rural y el desarrollo inclusivo de sus territorios, pero que perfectamente podría ser el de una educación inclusiva, de calidad y entendida como derecho social en otros escenarios como el que atraviesa Chile hoy.