Un proyecto deficiente

Por Tomás Pérez-Íñigo.

Transcurridos algunos días desde que se presentó el esperado proyecto de ley que busca reformar la educación superior, la discusión parece haber comenzado a transitar desde la efervescencia a la reflexión. A la fecha, las opiniones han sido variadas en su sustento, pero muy similares en su conclusión: el proyecto es deficiente.

Las carencias de la propuesta nacen principalmente del afán irrenunciable de la Nueva Mayoría de limitar lo público a lo exclusivamente estatal, desmereciendo actividades que, teniendo enorme valor social para la ciudadanía, no son controladas por el Estado. Esta confusión de lo público con lo estatal se traduce en una discriminación financiera tremenda en favor de las instituciones del Estado, sea cual sea su estándar de calidad.

Este sesgo, evidentemente ideológico, demuestra la poca confianza del gobierno en la sociedad civil como impulsora de programas educativos. Si bien es cierto que el proyecto reconoce el carácter mixto del sistema de educación superior chileno, este reconocimiento es mezquino y desequilibrado. En la práctica, la propuesta dispone un mecanismo de financiamiento y control que restringe el potencial de los establecimientos privados, pues además de plantear excesivas regulaciones, como la fijación de los aranceles y cupos, discrimina a estas instituciones negándoles el acceso a ciertos recursos. Tal impedimento demuestra que estos fondos no buscan potenciar a las organizaciones de mayor calidad y tradición pública, ni siquiera a las laicas; su objetivo sería fortalecer ciertos establecimientos por el sólo hecho de ser controlados por el Estado.

De esta forma, el proyecto refleja una patente inclinación en favor del Estado que va en desmedro de la pluralidad del sistema de educación superior y con ello de la democracia misma. Por otro lado, el referido sistema de financiamiento tenderá a producir una homogeneización de los proyectos educativos, entregando las llaves de la educación superior al gobernante de turno, y minando de esta manera una deseable diversidad, sustento básico de toda democracia.

Sin embargo, hay algunas cosas positivas que destacar. Hacienda logró contener una irresponsabilidad fiscal enorme al dejar claro que hoy no están las condiciones para avanzar hacia la gratuidad universal. Así, a pesar de sembrar la falsa esperanza de que dicho objetivo se alcanzará en el futuro, el proyecto es realista y evita la terrible injusticia que sería dedicar tantos recursos a los más privilegiados, sintonizando con la mayoría de la población que cree que la educación superior no debe ser gratis para todos (CADEM julio 2016).

Muchos se quejan de esta renuncia. Se ha dicho que no se está cumpliendo una promesa explícita del Programa, o que una vez más se ha impuesto lo económico por sobre lo político, cuando debe ser justamente al revés. No consideran, sin embargo, que según el mismo programa debiéramos estar creciendo al 5%, o que los factores económicos y políticos deben dialogar, y no intentar imponerse. ¿Acaso vale la pena destrozar las cuentas fiscales de un país para entregar educación gratuita a los estudiantes de mayores ingresos, con el único fin de satisfacer la ambición ideológica de algunos?

Con todo, hay que ser cautelosos. El realismo de Hacienda implica una renuncia que no está en el ADN de la Nueva Mayoría y que incomoda a varios. Es probable, entonces, que el proyecto de ley salga del Congreso peor de como entró. La esperanza está puesta en que algunos legisladores, abstrayéndose de los gritos de ciertos grupos de interés, trabajen por el bien de las grandes mayorías. En los próximos meses podremos descubrir si todavía queda algo de verdadero liderazgo y nobleza en la clase política chilena. No será difícil: con elecciones por delante la tierra está más fértil que nunca para el discurso demagógico. Y la tentación es grande.