Fin al CAE, fin a la lógica de mercado en nuestra educación

Hoy en Chile, alrededor de dos tercios del presupuesto en educación están dirigidos a financiar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y Becas, y sólo un tercio a la gratuidad (estudios de Fundación Sol y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo). Esta no es sino la expresión de como los criterios o reglas del juego diseñadas, implementadas y financiadas en los últimos 25 años en nuestro país han llegado a su desenlace.

Esta semana, ha ingresado al parlamento el proyecto de ley que reformará la Educación Superior. Tanto desde el mundo académico y el movimiento social estamos llamados a tener un rol activo en la configuración de este nuevo marco, transitando más bien a un “nuevo pacto social” en el que debiera construirse esta nueva ley. Quisiéramos que este proceso fuera discutido en un amplio marco de participación, en donde las distintas voces puedan ser escuchadas a objeto de no perder el centro de la discusión que no es otra cosa que la calidad de la formación profesional que se entrega, en un marco de justicia y equidad. Pensar en una ley de Educación Superior implica necesariamente definir cuál es el país que queremos construir y cómo el sistema educacional construye esas posibilidades.

Un elemento clave en este nuevo pacto social requerido, es dar término inmediato al CAE, ello permitirá para la admisión 2017 – tanto al gobierno como al parlamento- generar condiciones efectivas que se traducen en que cerca de un billón y medio de pesos puede ser destinado al financiamiento de la gratuidad. Ello implicaría, en una primera etapa, el acceso a los estudiantes pertenecientes a los 6 primeros deciles de “todas las universidades que hoy se encuentran acreditadas”. Luego, en el contexto de ese nuevo pacto de reglas y condiciones, se pueden dar pasos hacia nuevas exigencias como, por ejemplo, el aumento incremental de la matrícula vía criterios e indicadores de calidad a definir y que se aseguren el desarrollo de proyectos universitarios de carácter público.

No se puede desaprovechar este proceso para desinstalar el CAE, dado que, finalmente, representa un mecanismo no sólo de endeudamiento propio de una lógica donde la educación es desarrollada como bien de mercado, sino que, de hecho, terminó afectando directamente a la mayoría de los estudiantes de la educación superior, hipotecando sus posibilidades de comenzar la construcción de su proyecto de desarrollo personal, poniendo en riesgo sus propios sueños de transformación social.

¿Cómo desestimar esta oportunidad para terminar con algunos de los elementos que generan mayor discriminación para la implementación efectiva de la gratuidad como es el CAE, de forma de avanzar a mayores niveles de calidad, equidad, relevancia, pertinencia, autonomía, inclusión, libertad académica, respeto y promoción de los derechos humanos, transparencia, trayectoria e integridad?

Esta nueva institucionalidad debiera dejar atrás conceptos propios del consumo y focalizar la discusión en la implementación de políticas de acceso efectivo y del ejercicio pleno del derecho a la educación en todos sus niveles, siendo la expresión más significativa, la calidad y la gratuidad universal. Estas reconceptualizaciones redundarán innegablemente en favor de la calidad de la educación, muchas veces confundida ideológicamente con ideas que aseguran intereses corporativos.

Este “nuevo pacto” de transición a la plena vigencia del derecho a la educación, debiera ofrecer para las universidades chilenas y, por ende, a todos quienes constituimos estas comunidades de formación y aprendizaje, condiciones de apoyo efectivo del Estado para la investigación y compromiso con la mejora de los entornos (vinculación con medio). Ello permitirá estimular y profundizar el trabajo intelectual, científico, artístico y cultural, ofreciendo a los estudiantes condiciones de estudio adecuadas y, en aquellos que irán incorporándose a la gratuidad, un costo razonable (y regulado), con topes establecidos por el Estado. Sin duda, estas instituciones deben ser sin fines de lucro, con participación efectiva de todos los estamentos, de carácter público, con un proyecto institucional que formalice el camino para convertirse progresivamente en instituciones complejas.

Finalmente todo este esfuerzo nacional debe tener como único Norte: Chile y su pueblo, como exigía Andrés Bello.