Chile Cuida: un nuevo y antiguo desafío para las políticas sociales
Reconocer al Estado como prestador de cuidados es romper con enfoques patriarcales y tradicionales de la familia, es decir, podemos pensar que –en el futuro– no seremos responsabilidad de nuestros parientes sino de una red de prestación de servicios sociales que nos mantendrá insertos e integrados en el sistema.
Rafael Pizarro es Director Escuela de Administración Pública, Universidad Central
Hace pocos días se hizo público el programa de cuidados domiciliarios para personas de la tercera edad en la comuna de Recoleta, misma comuna de la primera farmacia popular, las escuelas abiertas y otras acciones de alto impacto en la opinión pública.
En el contexto de la última encuesta CEP, en la que se corona la desconfianza en las instituciones públicas, cuestionando la transparencia y honestidad de nuestra sociedad, el anuncio de esta política pública no pasa desapercibido.
Es así como el programa Chile Cuida viene a instaurar un nuevo enfoque en el ámbito de la política social y la acción del Estado. Este programa contiene tres componentes: uno destinado a personas mayores con dependencia moderada y severa, quienes recibirán cuidados domiciliarios dos veces por semana y que tendrá un carácter social-comunitario. El segundo está dedicado a un grupo de cuidadoras familiares que darán descanso dos veces por semana a las cuidadoras de jornada completa y, finalmente, un programa de formación para mujeres que buscan empleo en el que se les entregan conocimientos y se desarrollan competencias para la prestación de estos servicios.
Lo anterior significa reconocer el ‘cuidado’ como una actividad y prestación necesaria para el bienestar de los ciudadanos. Además, lo identifica como una actividad de servicio y, por tanto, con impacto económico y específicamente laboral y, lo más importante, lo distingue como un servicio de responsabilidad de la sociedad –en este caso del Estado– y no de las familias.
Este último punto representa la mayor modificación en la matriz cultural chilena, específicamente en materia de políticas sociales. Reconocer al Estado como prestador de cuidados es romper con enfoques patriarcales y tradicionales de la familia, es decir, podemos pensar que –en el futuro– no seremos responsabilidad de nuestros parientes sino de una red de prestación de servicios sociales que nos mantendrá insertos e integrados en el sistema.
Esta política pública contó con un diseño participativo que buscó integrar las distintas miradas, experiencias y responsabilidades, convocando por ejemplo a municipios, Senama, Prodemu, Funfa, Memch, Corporación Alzheimer, Fundación Cristo Vive y dirigentes sociales.
Esto nos demuestra que estamos frente a una nueva forma de entender la complejidad de las dinámicas relacionales, que da respuestas desde el Estado a las nuevas necesidades sociales y vincula al ciudadano como sujeto de derechos, lo que se transforma en el cuarto pilar de la protección social.
Sin embargo, esta nueva política plantea también desafíos al gobierno y a la institucionalidad estatal, especialmente en el aumento de su cobertura, así como para definir estándares de estos servicios, el desarrollo de formación en esta área, una institucionalidad que permita garantizar un cuidado acorde con nuestra realidad y su consolidación como una tarea que debe ser permanente.
Finalmente, este nuevo modelo nos hace pensar en lo que ocurre en el Sename y el cuidado de niños, ya que el centro debe ser la atención especial y concreta de las necesidades de los ciudadanos, con estándares elevados y donde el cuidado se realice de manera personalizada. En definitiva, el cuidado es y debe convertirse en un pilar fundamental de los derechos de las personas y grupos que lo necesitan desde una perspectiva integradora, inclusiva y correctiva.
