Hay dinero para las pensiones más bajas de las AFP

Aunque nuestros comentarios en los medios de prensa electrónicos se refieren a materias asociadas al urbanismo, vivienda y medio ambiente, en esta oportunidad nos vemos en la obligación de proponerle al gobierno y al Congreso Nacional la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.840 promulgada el 27 de abril de 2015, mediante la cual se aumenta de 120 a 150 los cargos de diputados y de 38 a 50 los cargos de senadores.

En efecto, aunque el edificio del Congreso Nacional no cuente con la recepción final que debe otorgar la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, situación ilegal que esperamos se resuelva pronto, para acoger a los nuevos parlamentarios se deberán ejecutar muchas remodelaciones al interior de esa edificación para soportar la futura nueva carga de ocupación, asunto que no es baladí. En tal sentido, tal como se dice en el párrafo anterior, a continuación fundamentamos esta propuesta de bien público que beneficiaría a los más postergados.

1.- Durante el periodo comprendido entre Marzo y Diciembre de 2014, los partidos políticos en su conjunto, tanto a través de conversaciones y negociaciones con el ejecutivo y en el Parlamento, negociaron la modificación y sustitución del llamado sistema electoral binominal, respecto de lo cual había un amplio consenso en la necesidad de modificarlo y modernizar dicho sistema.

2.- Con ocasión de lo anterior, especialmente dentro de las elites parlamentarias y de las directivas de los partidos políticos, como una forma de resolver sus problemas internos, mantener a los actuales parlamentarios y abrir la presión existente a las nuevas generaciones al interior de dichos partidos políticos, éstos pactaron en su conjunto aumentar los actuales parlamentarios establecidos en la Constitución en los guarismos descritos en el primer párrafo.

3.- El costo de este aumento de parlamentarios para el país y el erario fiscal (presupuesto de la Nación), en el ítem comprendido en el Congreso Nacional, implicará un costo con cargo al actual presupuesto del Congreso Nacional de $ 10.273 millones al año en el caso de la Cámara de Diputados y un total aproximado de $ 3.500 millones en el caso del Senado (dichas sumas incluyen dieta parlamentaria, gastos de representación, oficinal, movilización y demás ítemes que componen la función parlamentaria).

4.– La mencionada negociación realizada durante el año 2014 se hizo sólo meses antes de que el país tomara conocimiento de todos los escándalos políticos-empresariales, financieros y financiamiento irregular de la política en la elección de sus parlamentarios, hechos y situaciones que han quedado al descubierto con las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público durante el año 2015 y meses transcurridos en el presente año, donde ha quedado en evidencia la deslegitimación de un gran número de parlamentarios que financiaron sus campañas de forma corrupta, aunque ellos hablan de “errores”. Esta situación que es una verdadera lacra, ha traído una total pérdida de confianza y falta de legitimación de dichos legisladores, quienes son precisamente los que aprobaron e incentivaron, como forma de solución a sus problemas internos, el aumento en el número de parlamentarios, lo que es del todo innecesario por lo menos en estos tiempos de vacas flacas, puesto que la relación de parlamentarios (diputados y senadores) por número de habitantes de la República de Chile, en su promedio, a contar de esta reforma, sería uno de los más altos de la Región.

5.- Debemos tener presente que el país a esta fecha ha sufrido una fuerte baja en sus niveles económicos e ingresos fiscales derivados principalmente por la fuerte baja en el precio del cobre y de la actividad económica del país, unido a lo anterior, vemos cómo ha saltado a la luz pública el problema de administración y sistemas de rentabilidad de las AFP que se traduce en la comprobación de que dicho modelo está entregando pensiones de jubilación totalmente indignas para una gran mayoría de la población afecta a ese sistema. Ante este problema, entre otras soluciones, se ha planteado la urgente necesidad de crear un fondo solidario de modo inmediato para poder ir en apoyo a estas bajas pensiones para así dar una solución práctica e inmediata a la dramática situación de pensionados y jubilados que tienen pensiones inferiores a los $200.000 mensuales mientras se discute y se llega a los consensos necesarios para perfeccionar y modificar el actual modelo de las AFP.

6.- Frente a lo anteriormente expuesto, se hace imperioso privilegiar el bien nacional de toda la ciudadanía y del país por sobre los intereses políticos partidarios y en especial de las elites que conforman el 0,1% de la población y de las satisfechas directivas políticas, tanto a nivel regional como nacional, motivo por el cual ante la situación descrita de deterioro económico de las rentas nacionales y la grave situación que ha quedado de manifiesto respecto de un gran número de pensionados y jubilados, nuestra Fundación estima que un mínimo de prudencia y respeto de los políticos a la ciudadanía, es prorrogar de forma inmediata para el periodo del año 2021 (solo un periodo parlamentario) la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.840 o en su caso la eliminación del aumento del número de parlamentarios establecido a partir del periodo legislativo 2018, ello en razón y fundamentos ya expresados y del tremendo costo que significa para los fondos del Estado, con la gran cantidad de necesidades y prioridades que el país requiere, como lo son salud, educación, pensiones y Servicio Nacional de Menores (Sename).

7.- Asimismo, por lo expuesto proponemos que estos casi $ 14.000 millones anuales que significa para el Estado el aumento de este número de parlamentarios, sea destinado desde ya y de forma inmediata, a partir del próximo año, a financiar un fondo solidario para dar solución y paliar el problema de las bajas pensiones y, por otro lado, ir en directa ayuda al problema de financiamiento de la protección infantil del sistema de redes del Sename, leer link.

8.- Estimamos que lo anteriormente propuesto es algo moral y éticamente correcto y por ello la clase política tiene que decidir. Los dirigentes de un país que no ponderan y evalúan dicha desigual situación y que prefieren priorizar el pago con fondos públicos a elites político-parlamentarias, en vez de ir en directa ayuda para solucionar problemas que afectan el diario vivir de una gran parte de la población nacional, implicaría que nuestra sociedad iría en directa decadencia generando cada día más un tremendo rechazo y rebelión de la población con toda la inestabilidad y daño que ello produciría a nuestro país. La presidenta de la República, los precandidatos presidenciales y las directivas de todos los partidos políticos tienen la palabra, pues no es tan perjudicial para ellos aceptar la postergación de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.840.