La nueva Casen y las exigencias a la política social en Chile

La CASEN se ha hecho eco de una exigencia que —a nivel internacional y hace ya un par de décadas— se hace cada vez más fuerte; a saber, el desplazarse desde una noción tradicional de pobreza basada en riqueza material medida vía ingresos, hacia una visión no sólo multidimensional (según la que son varias dimensiones las que influyen en ella) de la pobreza sino también dinámica (según la que esos factores actúan en el marco de un proceso complejo y se retroalimentan). El apoyo técnico de la CEPAL ha sido sin duda clave en ello.

Por parcial que pueda ser la respuesta de la CASEN a esta exigencia de desplazamiento, ello trae consigo necesariamente una serie de consecuencias ineludibles. Esto se expresará, esperemos, en un interesante debate político, teórico, metodológico, y asociado a las políticas sociales, y que pondrán en tensión de aquí en adelante a la propia CASEN. Dicho de otro modo, esta encuesta abrió la caja de pandora. ¿A qué? Al menos a las siguientes cuestiones.

En primer lugar, indirectamente se produce una exigencia de mayor complejidad sobre los programas de seguridad social. Efectivamente, programas muchas veces fragmentarios, unidimensionales y cortoplacistas deben complejizarse en el sentido de adoptar la perspectiva multidimensional que inspira a la CASEN, la que necesariamente supone asumir una perspectiva de mediano y largo plazo.

En segundo lugar, acorde a esta nueva noción de pobreza las políticas sociales ya no sólo deben buscar aliviarla directamente, sino también —y tal vez, sobre todo— deben actuar sobre aquellos mecanismos que son parte de un todo multidimensional y procesual. Ahora ya no se trata sólo de atacar los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza vía, por ejemplo, transferencias condicionadas para que las nuevas generaciones se alimenten adecuadamente, no deserten la escuela, eviten el fenómeno de los NiNi, entre otras. Tomar en serio la CASEN implica, además, la exigencia de buscar (r)establecer y (re)constituir las redes y vínculos sociales de esos individuos y esas familias; pues estas aparecen como antecedentes claves de situaciones de pobreza.

Lo dicho arriba hace evidente, en tercer lugar, una exigencia de mayor y mejor financiamiento a tales programas sociales. Se debiese poner en el tapete de la discusión política no sólo si hay mayor o menos porcentaje de pobreza en Chile, sino que también el insuficiente porcentaje del producto nacional ocupado por el gasto social. Sin elevar ese porcentaje, es difícil ver que tales programas sociales logren un real impacto en una pobreza concebida de modo multidimensional y dinámica.

Esta exigencia de mayor financiamiento se acompaña, dicho esto en cuarto lugar, de una exigencia de mayor eficiencia. Ésta no sólo supone las típicas cuestiones administrativas o de gestión, sino que afinar la puntería mediante el modelo conceptual. Atacar la pobreza bajo una concepción multidimensional y dinámica, supone atacar aquellos mecanismos que la facilitan y la reproducen.

Un ataque eficiente supone, sin duda, conocer en qué medida esos factores o dimensiones facilitantes o reproductivas “pesan” en la producción o alivio de la pobreza. La exigencia de eficiencia se expresa en una exigencia de un modelo, cuyo sistema de ponderaciones de las dimensiones sea “lo más” adecuado a la dinámica efectiva de la realidad. Un debate metodológico es con ello exigido, pues las alternativas son varias.

En quinto lugar, esa eficiencia, sin embargo, se vería en riesgo si las políticas y programas sociales fuesen insensibles a las complejas realidades territoriales. Esto pues condiciones como las redes, la participación y la cohesión, varían de un contexto a otro. La focalización territorial es un mandato de las políticas sociales complejas a las que invita la CASEN.

Fenómenos como la segregación residencial y las disparidades territoriales en general, establecen condiciones muy disímiles para el desarrollo, por ejemplo, de confianzas interpersonales, sentimientos de identidad y pertenencia barrial, y todo aquello que permita contrarrestar el aislamiento, la inseguridad y la falta de confianza.

Por último, en sexto lugar, aparece la exigencia de definir el marco conceptual más pertinente de la política social. Cabe de hecho preguntarse si, bajo este nuevo marco multidimensional y dinámico o relacional, la diada conceptual de inclusión/exclusión no resulta finalmente más adecuada a las políticas sociales, que la noción de pobreza. La desvinculación social, el aislamiento, la falta de redes, la escasa participación, la falta de acceso a ayuda social; todo ello concierne a la exclusión social. Tal vez, más que pobreza multidimensional, habría que referirse a la multidimensionalidad de la exclusión y a la pobreza como una de sus consecuencias. En fin, hay aquí un terreno de discusión abierto.

En apariencia los cambios introducidos en la CASEN son de orden puramente metodológicos. Sin embargo, sus consecuencias para los programas de seguridad social son, como se ha dicho, múltiples. Está por verse si las cuestiones de método y conceptuales se quedan sólo en eso, o se transforman en cuestiones de política social; como debiese ser en un mundo que se hace cargo de las consecuencias de las decisiones adoptadas.