Una nueva institucionalidad para la Infancia. Todos somos responsables

Hemos reaccionado con más sorpresa de la que merece la cifra que la directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, dio a conocer de 865 niños fallecidos que, directa e indirectamente, estaban a cargo del organismo. Decimos con más sorpresa que la que merece, porque este es un problema que lleva años cocinándose y sin cambios significativos para cambiar la vida de los menores más vulnerables de nuestro país.

Por lo mismo es importante mencionar que no podemos apuntar el dedo a un culpable. Porque los factores de impacto son diversos, y hasta nosotros como ciudadanos pasivos somos responsables. De la cifra total de muertes, un gran número sucedió en programas ambulatorios. Esto significa, que los menores no necesariamente estaban bajo la tutela estricta de un programa profesional permanente del Sename o de un organismo colaborador. Muchos estaban con sus familias… Y están los casos de aquellos menores fallecidos en el ámbito de la justicia juvenil, en riñas y asaltos. En el caso de los fallecimientos en hogares residenciales, varios de los menores tenían enfermedades crónicas y terminales que les iban a provocar la muerte en algún momento. Lo que no es excusa. Pero murieron en un centro del Sename (ni siquiera en uno de término), en donde el sistema de salud les había fallado y sus familias también. Con estos ingredientes, claramente es difícil encontrar un culpable. La falla del sistema es endémico. No existen políticas públicas, particularmente en salud, para estos niños que merecen la protección de su entorno, de su familia y del Estado.

No nos sorprende tampoco que exista poca claridad sobre las condiciones de la muerte de los niños y la responsabilidad de los funcionarios a cargo de los centros de administración directa. Muchos de los sumarios responsabilizan las condiciones de infraestructura y la falta de presupuesto, pero nunca las negligencias cometidas por profesionales, técnicos u otros dentro del servicio. Los sumarios administrativos en los casos de los niños murieron dentro de los centros privativos de libertad, o en un centro residencial del Sename, como el caso de Lisette, terminan sin responsables directos. Esto a pesar de que sabemos que hay un gran número de funcionarios que no están capacitados para trabajar con niños. Lo preocupante es que, luego de que se cometen estas negligencias, no existen responsabilidades personales, nadie es sancionado y estos funcionarios siguen trabajando en el mismo lugar exponiendo nuevamente a estos menores a un tratamiento denigrante e adecuado para la situación en la que se encuentran.

Otro factor de responsabilidad es que el Sename, como institución, está capturada por sus seis sindicatos, ocupando un porcentaje importante de funcionarios de los centros de administración directa como sindicalistas. Esto es extremadamente complejo ya que muchos de estos trabajadores sindicalizados no trabajan con los niños de manera directa y hay casos en que no cumplen con los estándares profesionales para cuidarlos. Algunos llegan por recomendaciones o a través de sindicatos que exclusivamente se preocupan de la protección del personal del SENAME, pero no de hacer que este personal rinda cuentas cuando se trata de la función de protección y cuidado de los menores para la que fueron contratados.

Todo esto produce un caldo de cultivo extremadamente difícil de controlar.
No creemos que la solución solo apunte a aumentar el presupuesto de una institución pobre que sirve justamente a los más vulnerables en nuestro país, aunque sería determinante empezar ahí. Además, debe incorporar procesos de cambio sistémico en el que no podemos olvidar la necesidad imperiosa de una política nacional de protección de menores y niños. Pero incluso antes de eso, debemos contar con una situación de triage que pueda proteger a los menores en el corto tiempo y evitar que más abusos y muertes ocurran.

Debemos enfocarnos en cambiar políticas públicas en salud para proteger a los menores con enfermedades terminales, trabajar en temas de reinserción social para aquellos que viven en el círculo vicioso de la negligencia y la criminalidad, fortalecer y renovar políticas de protección de la familia y de prevención de violencia de género, trabajar en rescatar los mecanismos de intervención y establecer mecanismos eficientes y eficaces para el trabajo intersectorial y de interoperabilidad que deben implementarse entre ministerios y servicios para evitar que el abandono y la negligencia de familia, ciudadanía y Estado sigan matando a los menores de nuestro país. Porque al final, todos somos responsables de estas muertes, y todos debemos ser responsables de saldar la deuda que tenemos con los niños más vulnerables de Chile. No sacamos nada con ser más transparentes como Estado si estos niños viven en la opacidad completa cuando se trata de protegerlos y beneficiarlos.