Presupuesto 2017: desvistiendo santos
"Claramente el Gobierno debe cumplir con los compromisos que la reforma ha establecido, pero esto en ningún caso puede implicar el abandono de políticas y programas importantes para el sistema".
Ariel Ramos es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Presidente del Instituto Nacional 2005 y Consejero Fech en 2008. Ha trabajado junto a diversas Universidades e Institutos Profesionales en modelamiento analítico de la deserción Estudiantil.
Por estos días el Congreso discute el proyecto de Ley de Presupuestos 2017. El análisis de los recursos contemplados para educación evidencia una serie de elementos preocupantes, los que no han sido parte del debate público.
La propuesta presupuestaria contempla un moderado aumento del gasto público (2,7% real), donde las prioridades y los mayores aumentos se concentran en educación (con un aumento del 6,2%) y en salud (con un 4,2%).
En educación se observan importantes esfuerzos para asignar recursos a políticas centrales como son la Ley de Inclusión, Carrera Docente y la ampliación de la Gratuidad en la Educación Superior para los CFT e IP, pero esto se ha realizado con una importante reducción en múltiples programas que se ejecutan en todos los niveles educativos.
En efecto, en el nivel parvulario, si bien es cierto se asignan recursos para cumplir con el aumento de cobertura comprometido por el Gobierno, no se considera financiamiento para una modificación en los coeficientes técnicos (número de niños y niñas a cargo de cada educadora), elemento que también es un compromiso de la reforma y que es clave para asegurar calidad en el nivel.
En el nivel escolar se contemplan USD 225 millones para la implementación de la Ley de Inclusión, y una serie de asignaciones para la puesta en marcha de la Carrera Docente. Sobre este punto surgen preocupaciones. Los recursos adicionales para la “Subvención de Escolaridad” ascienden a USD 72 millones, a pesar que lo comprometido en este ítem para el aumento de las horas no lectivas eran USD 150 millones. Si bien es cierto la “Subvención de Escolaridad” se descompone en una serie de asignaciones que permiten suponer la presencia de los recursos comprometidos, esto implicaría la reducción en otras variables, elemento crítico si consideramos que esta subvención es la principal fuente de recursos del sistema, y que además, de su crecimiento depende la eliminación del financiamiento compartido.
Pero esta no es la única preocupación. En el nivel escolar se observan bajas importantes en los recursos destinados al fortalecimiento de la Educación Pública (USD 15 millones menos), a la infraestructura de los establecimientos educacionales (USD 80 millones menos), y al mejoramiento de la calidad (USD 10 millones menos). En todas estas bajas, el área más afectada es la formación técnica.
Finalmente, en educación superior el aumento del presupuesto es de casi USD 600 millones, donde la gratuidad (USD 396 millones adicionales) y los mayores recursos para ítems como “Compra de Títulos” y “Amortización de la Deuda” (con USD 245 Millones adicionales), explican casi totalmente el crecimiento.
Sobre la gratuidad, el presupuesto contempla USD 55 Millones adicionales (7,7% de aumento) para el “Financiamiento del acceso gratuito a las Universidades 2017” , creándose además el ítem “Financiamiento del acceso gratuito a Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 2017”, con USD 341 Millones.
Sobre la “compra de títulos” y “amortización de la deuda”, es importante señalar que estos ítems corresponden a la adquisición de carteras morosas de los créditos cuyo aval es el estado (CAE), y sus intereses asociados. Así, parte fundamental del presupuesto en educación superior se destina al pago de deudas con entidades bancarias, evidenciando el fracaso de una política que según anuncios será reformada, pero que sigue significando una pérdida de recursos para el Estado.
Elemento sumamente positivo en este nivel es la eliminación del “Aporte Fiscal Indirecto”, que hasta este año se asignaba a las Universidades, Centro de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) que matricularan a los 27.500 primeros puntajes PSU. Esta es una manera concreta de contribuir a una educación superior menos segregada, que valore el talento de los estudiantes en cualquier contexto. Por lo mismo, es necesario dar otro paso y derogar el artículo que creó el AFI, asegurando así que no vuelva a aplicarse esta política.
El análisis muestra una serie de reducciones que resultan, al menos, preocupantes. Claramente el Gobierno debe cumplir con los compromisos que la reforma ha establecido, pero esto en ningún caso puede implicar el abandono de políticas y programas importantes para el sistema. O dicho en simple, no podemos desvestir un santo para vestir a otro.
El debate presupuestario ha ocupado una posición secundaria en la pauta noticiosa de las últimas semanas, y cuando se ha abordado, la discusión se ha centrado en el alcance que tendrá la gratuidad. Esperamos esta situación se revierta y las complejidades analizadas no pasen inadvertidas.
