Vivimos es un país de frescos y apitutados

No nos entrañó en absoluto que Sebastián Piñera, siendo Presidente de la República, y mientras se resolvía en La Haya el litigio marítimo con Perú, haya adquirido a través de una de sus innumerables empresas de inversión un porcentaje determinado de una sociedad pesquera, ¡oh sorpresa!, de ese país hermano, ello por cuanto dicho agresivo hombre de negocios no mide las consecuencias de sus temerarias iniciativas mercantiles.

Esta obscena movida comercial se supo el lunes 14 del mes en curso por tempranas publicaciones en la radio Bio Bío y en el medio digital El Mostrador y acto seguido el precandidato que desea repetirse el plato convocó a una Conferencia de Prensa en donde expresó que dicha noticia era un burdo ataque político a su inmaculada persona, lo que fue respaldado en colorida publicación del vespertino La Segunda del mismo día, medio de prensa que se cuadró obedientemente con su candidato preferido, entregando ciertos pueriles argumentos en su favor.

Piñera tiene un vasto prontuario conocido por la opinión pública y, hay que reconocerlo, siempre se las arregla para salir airoso y en este episodio estamos seguros que, con inverosímiles explicaciones de él mismo y de sus expertos abogados, el caso se archivará por falta de pruebas contundentes en orden a que no procedió con la probidad y sensatez que exigía tan alto cargo público. En su defensa, el hombre apeló a que no sabía nada de nada de lo que hacía el llamado fideicomiso ciego manejado por sus leales colaboradores directos.

Bien, olvidémonos del todo terreno líder natural de la derecha y pasemos a continuación a otro caso relacionado con la lenidad culposa que han demostrado tener todos los gobiernos a partir del golpe de Estado hasta ahora, en el ámbito del crecimiento inorgánico e insustentable de la ciudad de Santiago, mejor dicho de la Región Metropolitana de Santiago, ello a la luz de un gigantesco incendio que consumió centenares de hectáreas en el elegante sector de Chicureo de la comuna de Colina, Provincia de Chacabuco.

El 13 de noviembre pasado, un diario de circulación nacional publicó una crónica titulada “Fijarán nueva norma urbana en Chicureo por impactos de su auge inmobiliario”, aludiendo al incendio y dando cuenta de la falta de servicios y accesos a esa zona, teniéndose en cuenta el riesgo de que las llamas originadas en los cerros llegaran a algunas de las 30.000 casas ya construidas.

Este sector que siempre fue rural, se originó legalmente con el respectivo cambio de usos de suelo en el año 1997 por una arbitraria y discrecional decisión del Gobierno Regional (CORE) Metropolitano, a sabiendas que el instrumento normativo, Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) vigente desde noviembre de 1994 y también el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la misma época, por razones de tipo estructural, no permitían las expansiones urbanas más allá de sus prudentes límites conocidos sobradamente por toda la Administración del Estado.

Los 3 hábiles empresarios que compraron a vil precio a campesinos, entre los años 1984 y 1986, las 1.500 hectáreas rurales de Chicureo, le vendieron la pomada a las débiles autoridades concertacionistas de su segundo gobierno de que el enclave inmobiliario era necesario sin mencionar, claro está, que el propósito buscado era obtener las millonarias plusvalías derivadas de la mencionada modificación territorial. Así fue como hoy en día Chicureo tiene infinidad de viviendas unifamiliares que ocupan mayoritariamente familias jóvenes de altos recursos, inmuebles que se transan en el mercado entre los 180 y 400 millones de pesos. Los funcionarios que aprobaron la transformación del suelo la denominaron Zonas Urbanas con Desarrollo Condicionado (ZUDC), con “condiciones” risibles porque la idea era no aumentar el costo del negocio.

Para que los inversionistas que hicieron el negocio tuvieran una rápida recuperación del capital vendiendo las casas, el gobierno de entonces, a través del MOP, les construyó una rápida autopista concesionada, Radial Nor Oriente, que une esa zona ahora urbana con la comuna de Vitacura y el mismo MOP autorizó que fuera un camino público la vía privada Juan XXIII que llega al sector de La Dehesa en la comuna de Lo Barnechea. Como vemos, puras facilidades para que esos 3 ingeniosos particulares crearan riqueza para sus bolsillos.

En todo caso, destacamos lo que señaló en esa publicación Aldo Ramaciotti, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Reconoció “que Chicureo es el resultado de un crecimiento no planificado que se generó con autorizaciones provisorias que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina fue dando en el tiempo” y ante la situación que se vive, el mismo Ramaciotti aseguró que su ministerio comenzó a trabajar una modificación al PRMS para fijar una norma urbana en Chicureo de tal forma de establecer “condiciones” urbanísticas con garantías de accesibilidad y servicios, señalando que esta modificación se podría concretar en 2 años más (sic).

En resumen, pillaron a Piñera en su habitual práctica de buscar, por cualquier medio, la acumulación de capital y el incendio de Chicureo demostró, una vez más, las falencias de nuestras instituciones en materias urbanas porque ellas adoptan decisiones solo para favorecer los intereses de actores privados. Y este cuento no se acabará si continuamos con los mismos políticos incapaces que nos gobiernan.