CASEN y Presupuesto 2017: El foco y prioridad debe estar en los más pobres y vulnerables

A fines de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la encuesta CASEN 2015, los que por primera vez incluyeron una dimensión referida a redes y cohesión social, la que se añadió a las cuatro que ya existían (educación, salud, vivienda, y trabajo y seguridad social). Aplaudimos esta visión integrada de la medición de la pobreza, puesto que permite observar esta realidad desde su verdadera magnitud y no únicamente reducida a los ingresos, como era anteriormente. Es de vital importancia contar con una encuesta CASEN seria y que entregue datos reales sobre las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad para que las políticas públicas sean diseñadas con prioridades claras y gastos focalizados. Sabemos que la pobreza multidimensional afecta en la actualidad a un 20,9% de la población, mientras que por ingresos este porcentaje baja a 11,7%. Sin embargo estas cifras no revelan que un porcentaje importante de la población (70%) se encuentra en una situación de vulnerabilidad límite, con ingresos bajísimos, y que ante cualquier imprevisto caerán en una situación de pobreza.

En este contexto, es altamente preocupante que en plena discusión del Presupuesto 2017, donde se definen –entre otras cosas– los montos que el Estado destina al desarrollo de las políticas públicas sectoriales, en el caso de la vivienda y el desarrollo urbano, aún no se hayan publicado los datos relacionados con el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, que son relevantes para la toma de decisiones y para todas las actividades y el objetivo del sector. Según un estudio del instituto Libertad y Desarrollo, quien analizó los datos disponibles, reveló un alza del déficit y de las familias allegadas, información que lamentablemente no ha sido confirmada por el gobierno.

Según los datos del Programa de Emergencia Habitacional de Fundación Vivienda, que tiene por finalidad entregar una vivienda transitoria a familias que por distintas razones no cuentan con una y requieren con urgencia un lugar que las acoja; hoy existe un importante número de personas, altamente vulnerables, que debiesen ser la prioridad del Estado y que no están en el sistema puesto que, o han quedado en el camino o bien no han ingresado aún su postulación al subsidio habitacional del MINVU. Esta situación se puede dar por distintas razones: asimetría de información, burocracia estatal o barreras de acceso (en la actualidad, según datos entregados por el Ministerio, un comité de vivienda demora 4,5 años promedio en presentar su proyecto FSEV al SERVIU desde su fecha de constitución). Estas familias, en su mayoría, viven allegadas y hacinadas, en campamentos o son migrantes, y todas están en aumento según los datos de CASEN 2011, 2013 y catastro de campamentos 2016 de TECHO-Chile.

En este sentido, nos preocupa que el gobierno haya anunciado la construcción de 12.500 viviendas nuevas, adicionales a las 25 mil anunciadas el 21 de mayo, asociadas a proyectos de integración con el objetivo de estimular empleo y reactivación económica del sector de la construcción. El diseño del presupuesto, tal como fue presentado en el mensaje presidencial, supone un énfasis en la cantidad de viviendas –con foco hacia los sectores emergentes y medios– sin considerar los resultados que una encuesta como la CASEN y el Censo pueden entregar, y que permiten focalizar el gasto de políticas públicas hacia quienes necesitan una solución con mayor urgencia.

Sin duda, la construcción de más viviendas sociales con el propósito de generar integración es una buena noticia, sin embargo, no resulta ser tan positivo para todas las familias que la requieren, ya que si bien incorporan a familias vulnerables, es en porcentajes menores (20%) y además son las empresas privadas las que los seleccionan e inscriben en SERVIU, lo que hace que sea altamente probable que los que han esperado por años y que necesitan de una vivienda con mayor prioridad queden una vez más fuera, cuestión que pone en tela de juicio el rol garante del Estado. Por otra parte, en la medida que no resolvamos el problema de la escasez/disponibilidad de suelo urbano bien localizado, las viviendas anunciadas quedarán construidas nuevamente en los bordes de nuestras ciudades.

Hace un mes se desarrolló en Quito la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, donde se adoptó la Nueva Agenda Urbana que se impulsará durante los próximos 20 años. Los tres puntos principales de esta hoja de ruta son no dejar a alguna ciudad atrás en su desarrollo, promover las economías urbanas sostenibles e inclusivas, y fomentar la sostenibilidad ambiental. En el marco del evento, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, dijo: “Pobreza y exclusión social debe ser la prioridad de la agenda de las ciudades”, y en ese contexto creemos que los grupos vulnerables y en situación de pobreza están al límite, en permanente riesgo, por lo que el foco y priorización de la política pública debe estar en ellos, tanto en la construcción, mejoramiento de viviendas y recuperación de los barrios como en el diseño y planificación de nuestras ciudades y territorio. Hacemos un llamado urgente a nuestras autoridades a que –dejando los cálculos políticos– pongan acento en programas que entreguen una respuesta eficaz y sostenible a las grandes carencias de familias que sufren de pobreza, vulnerabilidad y que están invisibles, y además ausentes de los beneficios que otorga el desarrollo del país.