El rechazo de recursos a Contraloría en tiempos de desconfianza pública

La Cámara de Diputados acaba de rechazar el presupuesto de la Contraloría, por no considerar un adicional de $800 millones para la contratación de 26 nuevos fiscalizadores, aumento que anteriormente ya había sido rechazado por el Gobierno.

Este hecho quizás puede sonar curioso, particularmente en tiempos donde la necesidad de mejorar la probidad de las instituciones públicas y la confianza de los ciudadanos con el Estado son una preocupación constante, y considerando que, en este ámbito, esta institución tiene el rol de control más importante.

Surge entonces una nueva pregunta: ¿somos realmente conscientes del aporte que la Contraloría hace en el mejoramiento de la gestión del Estado? Para responderla, lo principal sería mirar los resultados de dicho servicio, información que no se publica hoy en día.

Respecto de las auditorías que la Contraloría ejecuta en los servicios públicos, solo se presenta en su Cuenta Pública la cifra referida al total de auditorías realizadas, correspondiente a 539 para el año 2015, incluyendo municipalidades y servicios públicos. Ello ciertamente no proporciona información relevante para obtener conclusiones del resultado de su labor, como por ejemplo la tasa de hallazgos relevantes obtenidos por cada actividad de fiscalización, o las acciones derivadas de estos hallazgos.

El pasado 11 de noviembre la Contraloría presentó al Congreso un reporte con sus hallazgos principales, sin embargo, en su página web no se encuentra publicado. Lo anterior, sería muy importante de conocer tanto para la ciudadanía como para los propios fiscalizados. Junto con ello, su presentación debiese adoptar formas que aprovechen la tecnología actual, por ejemplo a través de un portal que entregue gráficamente la consolidación de los hallazgos por ministerio, y cómo cada uno de estos han subsanado las observaciones que la entidad de control les ha realizado. También debería conocerse la evolución de estos hallazgos que ha hecho la Contraloría en los distintos servicios a lo largo del tiempo, para así demostrar el impacto que tiene el control superior sobre la mejora en la gestión de los servicios. De esta manera, la ciudadanía podría conocer el potencial impacto que significa el desarrollar “una auditoría más” y así determinar, por ejemplo, qué se espera alcanzar con los 26 fiscalizadores que el órgano solicita y tener fundamentos concretos del costo de oportunidad que implican los pesos dejados de gastar en la Contraloría.

Con esto, el llamado es a replantear en general la forma en la que se presentan los resultados del trabajo de las instituciones públicas, asumiendo que al presentar una vez al año una cuenta pública y con información que no necesariamente da cuenta de sus resultados concretos, difícilmente se alcanzará el tan anhelado fin de acrecentar confianzas y mejorar la gestión.