Renuncia al compromiso ciudadano
La renuncia de dos candidatas que se hicieron parte de un proceso eleccionario que tenía un objetivo claro representa una renuncia a un compromiso con la ciudadanía.
Martín Corvera es Coordinador de redes y Contenido de Fundación Ciudadano Inteligente
Las elecciones democráticas son el mecanismo a través del cual transformamos la voluntad ciudadana en nombramientos de cargos de autoridad representativos. Estos nombramientos son con base en quienes se postulan a ellos, lo cual es una declaración pública que muestra el compromiso y voluntad de una persona por hacerse cargo de un puesto de autoridad y que representa la voz de un grupo de ciudadanos/as.
Hoy, estamos frente a los casos de dos candidatas que fueron electas de acuerdo con el sistema electoral establecido para las Elecciones Municipales 2016, donde vecinas y vecinos de las respectivas localidades decidieron que eran ellas quienes cumplían con las características idóneas para ocupar un puesto en el Concejo Municipal de sus comunas. La candidatura fue esa -y no otra-: Pilar Cruz y Carolina Lavín postularon para ser concejalas y para ello fueron votadas.
Sin embargo, nos enteramos que estas dos concejalas electas (o sus partidos) decidieron dejar el cargo al que se comprometieron: formar parte del Concejo Municipal. El compromiso se había hecho con la población completa de las comunas de Santiago y Providencia y por el cual creyeron 5.256 y 2.256 personas, respectivamente.
La ley establece mecanismos para resolver cuando existe una vacancia, pero lo importante acá es analizar cómo esa vacancia se produce y qué implica: la renuncia de forma previa a siquiera asumir en el cargo por parte de dos candidatas que se hicieron parte de un proceso eleccionario que tenía un objetivo claro representa una renuncia a un compromiso con la ciudadanía. Sumado a esto, implica que sean reemplazadas por otras postulantes que obtuvieron 443 votos (en Santiago) y 429 votos (en Providencia).
Si bien está todo en el marco de la ley y del sistema electoral utilizado (D’Hondt), surge la preocupación de que estas reglas puedan generar la costumbre de promover candidaturas populares con el sólo propósito de arrastrar a postulantes con menor votación, lo cual nos invita a cuestionarnos la normativa y a empujar para que mejore. No obstante, es fundamental que los y las participantes de los procesos eleccionarios no sean protagonistas de prácticas que dejan a miles de votantes sin los representantes elegidos y con autoridades de baja representatividad. Lo vivido esta semana constituye un hecho que tiene el potencial de dañar aún más la confianza ciudadana en la política, donde vemos que las decisiones se adoptan en razón de pequeñas ventajas electorales o contingentes en lugar del bienestar e interés de la ciudadanía.
