El estándar político

Miremos tres hechos políticos recientes:

Aunque a nadie deja de sorprender, el ex Presidente Piñera está nuevamente involucrado en un caso que cruza la peligrosa barrera entre política y dinero. En esta ocasión, se acusa a su empresa – Bancard – de comprar acciones de una pesquera peruana en medio del litigio limítrofe mientras era Presidente…

Tal como estipula la ley, algunos ministros decidieron renunciar al gobierno para postular al Congreso el próximo año. Curiosamente, esa ley solo considera a Ministros de Estado, y no a parlamentarios que, por ejemplo, estén interesados en asumir una carrera presidencial…

Antes de asumir, dos concejalas re-electas decidieron renunciar a sus cargos para apostar a una carrera parlamentaria. En su lugar, serán reemplazadas por dos candidatas que lograron menos del 1% de los votos en sus respectivas elecciones…

Desde un punto de vista legal, estos episodios no representarían problema alguno. Piñera se desligó de la administración de parte de su fortuna creando un fideicomiso ciego incluso antes de la legislación en esta materia. Debido a que la ley lo permite, Alejandro Guillier y Manuel José Ossandón pueden seguir siendo parlamentarios mientras analizan posibles candidaturas presidenciales. Y las renunciadas concejalas están cumpliendo con lo que la ley les pide en caso de querer asumir una carrera parlamentaria.

¿Cuál sería el problema entonces?

Que para la política el estándar mínimo debería ir más allá de lo legal. Acciones como estas solo profundizan la desconfianza ciudadana. Aun cuando Piñera se haya apegado al marco legal o decida “ir más allá de lo que la ley establece” si asume una carrera presidencial, es cuestionable que un Presidente mantenga inversiones en el extranjero, y a su vez sea la autoridad encargada de manejar las relaciones internacionales. Independiente de su inocencia desde la perspectiva jurídica, el estándar mínimo que la ciudadanía espera de un Presidente es que no se mezclen intereses particulares con los intereses del país.

Lo mismo ocurre con Guillier y Ossandón. La ley no les prohíbe cumplir su función parlamentaria y recorrer el país analizando sus candidaturas presidenciales. Ambos podrían argumentar que han actuado dentro del marco legal en caso de que alguien cuestionara su actuar. Pero al igual que en el caso anterior, el estándar que la ciudadanía exige es más alto que el estándar legal. ¿Por qué se aplica el criterio de renuncia para asumir una campaña a un Ministro y no a un parlamentario? Como senadores, tienen una serie de beneficios que otros pre-candidatos fuera del Congreso no tienen: asignaciones para cubrir asesores y oficinas, pasajes aéreos liberados para recorrer el país y la exposición mediática que les da su cargo.

Las renunciadas concejalas cumplieron con la ley, y dejaron sus cargos antes de la fecha establecida para postular al Congreso. Pero nuevamente el estándar mínimo que se exige a la política es más alto que el estándar legal. Al hacer sus campañas, recibieron financiamiento público y donaciones a sus candidaturas. Lo que nadie sabía, es que aparentemente estaban usando sus campañas como trampolín al Congreso. Como resultado, los electores de sus comunas tendrán nuevos concejales que sacaron una ínfima proporción de votos. Peor fue la defensa corporativa de sus partidos políticos, argumentando que ambas concejalas llevan años representando a sus comunas y que sus reemplazantes a pesar de tener menos del 1% de los votos, cumplen con las “reglas del juego”.

Porque la confianza es como el papel, y solo se arruga una vez, la clase política debe subir el estándar a uno que sea mayor al legal: un Presidente jamás debería tener involucrado sus intereses personales en empresas extranjeras por muy legal que sea. Un parlamentario no debería esperar que exista una ley para renunciar a su cargo en caso de querer asumir una campaña presidencial, y los concejales no deberían utilizar sus campañas como trampolín para otros desafíos electorales.