Territorios invisibles y servicios públicos ciegos: brechas rural-urbanas
El despliegue de los servicios públicos y el diseño de programas sociales debe incorporar las particularidades territoriales, construirse conjuntamente con actores involucrados en los distintos niveles territoriales y ser flexible para ser adaptado a la realidad de cada territorio.
Juan Fernández es Investigador principal de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid
En el último tiempo se han difundido interesantes resultados de la Encuesta CASEN 2015, entre los que destacan aquellos referidos a proximidad en el acceso a diferentes servicios y equipamiento.
Se dio a conocer un dato sobre el acceso a farmacias: el 69% de los hogares del país tiene una farmacia a menos de veinte cuadras de distancia (2,5 kms.), pero al comparar entre zonas urbanas y rurales, mientras que en el primer caso el 79% contaba con farmacia en ese rango de distancia, en las rurales esa cifra llegaba sólo el 6,3%. A ese, podrían agregarse las diferencias de accesibilidad a centros de salud (91% vs 41%), cajero automático o caja vecina (94% vs 39%) o equipamiento deportivo (94% vs 49%). Eso en un marco donde la tasa de pobreza multidimensional es de 14,3% en zonas urbanas y de 32,4% en las rurales.
La oferta de servicios tanto públicos como privados a los que pueden acceder las personas es tan desigual dependiendo del lugar en el que se vive, que la calidad de vida se ve afectada de manera significativa. Pensemos exclusivamente en los servicios públicos y sus acciones en los territorios, que buscan atender las necesidades de las personas y contribuir a su bienestar y desarrollo.
El año 2013, viajando por las comunas rurales de las regiones del Maule y de Valparaíso en el marco de un estudio sobre la implementación de programas sociales, varios entrevistados (profesionales de programas municipales y de servicios públicos regionales y provinciales) me relataban cómo en terreno se expresaban las diferencias territoriales: cuando había que “conectar” a los usuarios de los programas con cursos de capacitación, el abanico de cursos se estrechaba, porque la oferta era menos de la mitad que los impartidos en la capital provincial; cuando se lograba inscribir el curso, éstos se impartían sin considerar si era época de cosecha (lo que para familias rurales supone una actividad principal y no postergable); cuando los profesionales debían visitar a las familias para realizar apoyos en sus hogares, trasladarse hasta el lugar les tomaba gran cantidad de tiempo y el trabajo con ellas también les requería mayor duración, pues los niveles de escolaridad son menores y los espacios de intercambio con extraños también, por lo que la visita constituía un “evento” para la señora que quería ser escuchada y acompañada (no obstante, se les pedía cumplir con una meta de visitas equivalente a las de las zonas urbanas).
Por si fuera poco, el contexto institucional en el que se insertaba su trabajo también tenía particularidades: las condiciones de gestión de los municipios, asociadas al margen de dependencia presupuestaria que presentan, y las características de los equipos comunales ejecutores del programa que interactúan directamente con las familias beneficiarias, son distintas. Un municipio que no tiene la capacidad de realizar inversión en su comuna, que depende de recursos externos y que no dispone de recursos humanos suficientes para atender las necesidades de sus habitantes (situación generalizada en las comunas rurales), ofrece un horizonte de posibilidades muy diferente de uno que invierte, tiene autonomía financiera y cuenta con una planilla de personal amplia (situación más común en las comunas urbanas).
Hay algo que no termina de verse claramente desde las oficinas del centro de Santiago y es la radical diferencia entre los territorios del país, en cuanto a características de su población y estructura productiva, pero también respecto de las condiciones de gestión y operación cotidiana de los municipios y sus equipos humanos. El despliegue de los servicios públicos y el diseño de programas sociales debe incorporar las particularidades territoriales, construirse conjuntamente con actores involucrados en los distintos niveles territoriales y ser flexible para ser adaptado a la realidad de cada territorio. Quizás de esa forma, el hecho de vivir en una comuna rural no signifique la condena de estar lejos y recibir “lo que se puede, para hacer lo que se pueda”, sino que lo que corresponde para llevar adelante una vida digna o, al menos, en igualdad de condiciones con la ciudad.
