Por las niñas que serán mujeres
Desde el punto de vista psicológico, las consecuencias para niñas y adolescentes sometidas al horror de la vivencia de abusos sexuales y violación son devastadoras, pero sumar a ellas la vivencia de un embarazo y de dar a luz, pasa a ser demoledor. Las niñas en esta situación suelen conservar algún lugar, algún espacio en que la vivencia de los abusos no está presente, ya sea en su relación con sus compañeras de juego, con sus docentes, en sus actividades extraescolares o en el barrio.
Cada 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día que desde 1977 fue oficialmente designado por la Asamblea General de Naciones Unidas para celebrar los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres.
Así, cada Día Internacional de la Mujer -como también es conocido el 8 de marzo-, permite hacer una pausa para reflexionar sobre los avances conseguidos y exigir, a su vez, aquellos cambios necesarios para lograr el pleno goce en igualdad y desarrollo íntegro de la mujer en sociedad.
Por ello, en los días siguientes a esta conmemoración, no podemos dejar de reflexionar sobre el Proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, enviado al Congreso Nacional el 31 de enero de 2015. Hoy, dos años después, seguimos viendo como el Estado de Chile tiene una deuda pendiente con todas las mujeres, niñas y adolescentes, quienes siguen siendo obligadas a llevar a término un embarazo que implica (1) un peligro para su propia vida, (2) la inviabilidad fetal de carácter letal, o (3) un embarazo producto de una violación.
Queremos detenernos en la tercera causal: la despenalización del aborto en casos de embarazos producto de violación, debido a que afecta directamente a nuestras niñas y adolescentes, quienes han sido olvidadas no sólo por el Estado de Chile, sino que también por la gran mayoría de agrupaciones que luchan por los derechos de las mujeres.
No podemos dejar de señalar que ellas –niñas y adolescentes- representan el 66% de los embarazos producto de violación (¡66%, es decir 2 de cada 3!), el 12% de ellas tiene menos de 14 años y el 7%, menos de 12 años (Huneeus, Andrea. Presentación Comisión Salud Senado. Mayo, 2016). Si a ello se suma que el 80% o más de los abusadores son familiares (padres, hermanos, tíos…) o personas cercanas (padrastros, vecinos…) de las víctimas, y que han abusado de ellas de manera reiterada a lo largo de los años, el panorama es desolador.
Estamos hablando de niñitas de 9, 10 u 11 años, o de jovencitas de 12, 13, 14 años…, obligadas a vivir un embarazo que ha sido producto de una violación, que se da -en la casi totalidad de los casos- en el contexto de años de abusos sexuales reiterados por parte de un familiar o persona cercana, en muchas ocasiones en complicidad con otras personas significativas que debían cuidar de aquella niña o adolescente, o al menos con negligencia o desprotección por parte del resto de la red familiar. Niñas que llevan años de sufrimiento físico y psicológico y que deben además soportar tener que vivir un embarazo para el que no están ni estarán nunca preparadas.
Desde el punto de vista psicológico, las consecuencias para niñas y adolescentes sometidas al horror de la vivencia de abusos sexuales y violación son devastadoras, pero sumar a ellas la vivencia de un embarazo y de dar a luz, pasa a ser demoledor. Las niñas en esta situación suelen conservar algún lugar, algún espacio en que la vivencia de los abusos no está presente, ya sea en su relación con sus compañeras de juego, con sus docentes, en sus actividades extraescolares o en el barrio. Llevar un embarazo las obliga a asumir la realidad del abuso de manera permanente y las priva de la posibilidad de relacionarse con otras personas desde el rol de niñas que deben y quieren tener. A las graves consecuencias físicas, emocionales y sociales del abuso sexual, se suma el quiebre definitivo con la infancia y adolescencia, dejándolas en una situación de desamparo total. Que una niñita dé a luz implica, entre otras cosas: abandono escolar, pérdida de relaciones sociales saludables y apropiadas a su edad, discriminación social, secuelas emocionales profundas (angustia, depresión, sintomatología postraumática) y aumento de conductas de riesgo.
La necesidad de contar con una legislación que permita poner término a un embarazo en estas tres delicadas situaciones es urgente. Se trata de una petición “pro vida”, “pro persona”. ¿Cómo no serlo? Abogar por la vida de las personas implica respetarlas y hacer valer precisamente sus derechos esenciales, en este caso, la dignidad, integridad física y psíquica de nuestras niñas y adolescentes. La integridad psíquica es una dimensión de la persona humana, que junto con la integridad física, la compone en plenitud. Es nuestro deber como país legislar el aborto en tres causales, para que aquellas niñas y adolescentes que representan ese horrífico 66%, y quienes serán las futuras mujeres de nuestra sociedad, tengan derecho a conmemorar futuros 8 de marzo con pleno goce en igualdad de sus derechos. Ojalá quienes legislan comprendan el horror que significa la desprotección en que se encuentran nuestras niñas en la actualidad, frente a situaciones dolorosas que van a seguir existiendo.
