Política para los adultos mayores
Esta semana aprobamos en la Cámara Alta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual otorga una enorme cantidad de garantías a las personas que superan los 60 años, y obliga a nuestro país a implementar un programa y una política concreta para mejorar sus condiciones de vida, necesidades financieras, de salud, recreacionales y oportunidades para participar activamente, de acuerdo a sus propias libertades, en beneficio de sus familias y la sociedad chilena.
De acuerdo a los avances en salud y medicina, una proporción cada vez mayor de la población mundial entra en la categoría de adulto mayor, es decir, sobre los 60 años, sea hombre o mujer. Alrededor del 17% del mundo –unos 900 millones de personas– en pocos años habrá alcanzado esta situación, lo cual ya ha provocado un aumento sostenido de la demanda por salud, demandas previsionales y programas especiales para este importante grupo etario.
En Chile se da una situación similar, al año 2015 había 2.679.910 personas que superaban los 60 años de edad. Para 2020 –en tres años más– esa población superará los 3 millones.
Una política pública bien establecida y financiada para esta importante parte de nuestra sociedad requiere de una verdadera cultura y valoración de ella. Ninguna sociedad se puede dar el lujo de ver a los adultos mayores como una carga, sino al revés: apreciarlos por su experiencia, por todo lo que les resta dignamente por vivir y aportar en lo familiar en su entorno y en la sociedad.
El Senado no se ha restado en esta materia, por el contrario, en cada oportunidad que ha tenido ha incentivado y apoyado políticas concretas para ellos; a la vez que estamos muy conscientes que queda mucho por hacer.
Cuando en 1994 ingresé al Senado el entonces ministro de Hacienda Eduardo Aninat requería de votos para aumentar los impuestos del tabaco y la bencina, en apoyo a programas sociales que incluían a los adultos mayores. Como independiente otorgué ese apoyo a cambio de resolver algunos temas muy apremiantes.
Respecto a pensiones asistenciales, de las que en la época se otorgaba una cantidad bastante modesta, habían cupos muy limitados, al punto que había que esperar que falleciera un adulto mayor para conceder el beneficio a otro aspirante; lo propio sucedía en materia de previsión, había que tener una densidad mínima de semanas, y en el caso de que no la tuvieran, el Estado se quedaba con ese dinero. Además, entre otras dificultades, estaban impedidos de trabajar, ya que perdían los beneficios.
Producto de este compromiso, logramos, en primer lugar, generar un fondo especial para la tercera edad y entrar en un programa que, finalmente, se materializó en la primera administración de la Presidenta Bachelet, mediante una reforma previsional que garantizó una pensión mínima digna, un aporte del Estado para estos efectos y programas concretos y antes, con la creación en 2002 del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), a través de la Ley 19.828, en el gobierno de Ricardo Lagos.
Esta semana aprobamos en la Cámara Alta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual otorga una enorme cantidad de garantías a las personas que superan los 60 años, y obliga a nuestro país a implementar un programa y una política concreta para mejorar sus condiciones de vida, necesidades financieras, de salud, recreacionales y oportunidades para participar activamente, de acuerdo a sus propias libertades, en beneficio de sus familias y la sociedad chilena.
Esto, además del referido compromiso internacional, solo puede lograrse a través de una verdadera cultura de valoración de estas personas, que por cumplir determinada edad, pueden continuar libremente jugando un rol activo en cada una de las regiones del país.
