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Actualizado el 25 de Noviembre de 2020

Cheyre, cómplice

Lamentamos que el ex comandante en jefe del Ejército niegue su participación en los hechos, tal como ocurre con algunos condenados por violaciones a los derechos humanos y que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco.

Por Daniel Núñez
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Daniel Núñez es Diputado del PC por el distrito 8: Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado. Dirije Comisión de Recursos Hídricos e integra las comisiones de Economía y Pesca. Sociólogo.

Cómplice. El ministro en visita Mario Carroza acusó al ex comandante en jefe del Ejército, Luis Emilio Cheyre, de “participación culpable” en el fusilamiento de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena, como parte de la siniestra Caravana de la Muerte encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark.

De acuerdo al juez, Cheyre estaba en el recinto militar al momento de la ejecución el 16 de octubre de 1976, dado que se desempeñaba como ayudante del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol Orrego.

“Una vez concluida la desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento resuelven publicar en los medios de comunicación un bando militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado a 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el comandante del regimiento (Lapostol), como su ayudante (Cheyre) y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo”, asegura Carroza en parte de su resolución de 15 páginas.

La acusación involucra a 15 ex uniformados, 5 de ellos como autores de homicidios calificados y 10 como cómplices del fusilamiento, entre ellos Cheyre. En julio del año pasado, el ex número uno del Ejército fue sometido a proceso, se dictó su detención y, posteriormente, obtuvo su libertad bajo fianza.

Junto a los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, entre ellos el alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, quien perdió a su padre en el Regimiento Arica, hemos realizado una serie de acciones para acabar con la impunidad y avanzar hacia la anhelada justicia.

En enero de este año, nos reunimos en La Moneda con Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, para coordinar una audiencia con la Mandataria. En aquella oportunidad, le manifestamos a la asesora la inconveniencia de que Cheyre continuara siendo consejero del Servicio Electoral (Servel), porque se interpretaba como una suerte de escudo institucional y porque dañaba la imagen del organismo. Valoramos que posteriormente el Gobierno haya cursado su renuncia y nombrado a un sucesor. Fue una señal que ayudó a despejar todo tipo de suspicacias.

En similares términos nos reunimos con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, a quien pedimos que el nuevo organismo actuara para asegurar justicia en el Caso Caravana de la Muerte.

Lamentamos que el ex comandante en jefe del Ejército niegue su participación en los hechos, tal como ocurre con algunos condenados por violaciones a los derechos humanos y que se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco.

Destacamos la convicción y la decisión del ministro Carroza para descorrer el velo y saber exactamente cómo ocurrieron los crímenes al interior del recinto militar y quienes son los responsables directos e indirectos de la matanza. Seguiremos muy atento los siguientes pasos judiciales y no descansaremos hasta lograr justicia.

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