Comenzamos a tener las herramientas para resguardar y resguardarnos

El jueves recién pasado la Presidenta Michelle Bachelet firmó la nueva “Política Nacional de Ciberseguridad”, una hoja de ruta que contempla medidas que se implementarán este año y el 2018, puntos y aspectos que el gobierno entrante deberá asumir y dar continuidad, y que debe quedar absolutamente implementada en el 2022.

Como ACTI celebramos este necesario y esperado paso, que en una de sus aristas buscar educar a las personas acerca del uso de la web y también de los riesgos de la misma; que el país cuente con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad; que se proteja la infraestructura de la información y que se cuente con equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, entre otros puntos.

Concordamos y apoyamos que dentro del paquete de medidas a implementar en el más corto plazo se contemplen: Preparar y enviar al Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Ciberseguridad; Tramitar nueva ley de datos personales; Actualizar normativa sobre delitos informáticos; Adherir e implementar el Convenio de Budapest; Fomentar el patrocinio del Estado a proyectos de I+D+i en materias de Ciberseguridad y Promover el desarrollo de capital humano avanzado en asuntos de Ciberseguridad, entre otros.

Veamos algunas cifras. Según el propio documento estatal: Chile ostenta la mayor tasa de penetración de internet en América Latina, con más de un 70% de su población conectada; y la economía digital nacional creció en torno al 11% entre 2014-2015, pasando de U$34 mil 127 millones a U$39 mil 485 millones. En tanto, en la Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad, realizada en septiembre de 2016, se aseguró que entre agosto de 2015 y agosto de 2016, el continente Latinoamericano alcanzó una cantidad de un millón cien mil ataques de malware al año. Y agreguemos que Chile aún se encuentra lejos de países como Estados Unidos, Israel, Estonia y República de Corea, cuyo nivel de protección es muy alta y es prioridad para cada uno de los gobiernos.

Por eso, en un tiempo en que la tecnología y la digitalización marcan pautas, resguardarnos del cibercrimen es una tarea compartida y todos los sectores deben involucrarse: público, privado y Estado. Es un tema que hay que tomar muy en serio y dimensionar su alcance.

De hecho, con el avance de la digitalización, de las tecnologías y del IoT entre otras varias aristas, uno de los temas que preocupan a los expertos es la seguridad de la información de las personas, hasta qué punto todos entregaremos información personal y valiosa cada vez que se de “aceptar” a los términos y condiciones de uso. Para eso, para ese y otros resguardps se requiere de una renovada y estricta política de protección.

Lo cierto hoy, es que el país necesita con urgencia de una legislación que consolide la institucionalidad y maneje los incidentes de seguridad informática en el país. El Estado debe entender y tomar el resguardo que los chilenos necesitamos de mantener nuestra ciber-privacidad. Esto es un paso necesario, sin duda; pero debemos prontamente ir por más.