Una inversión de US$ 45 millones… pero con permisos truchos

Hace algunos años atrás aparecieron unos inversionistas extranjeros que se asociaron con una familia chilena, dueña de la Constructora Riviera Limitada, para levantar un hotel de lujo en un sector costero, conocido como Dunas de Ritoque, en la comuna de Quintero, V Región de Valparaíso. Según la prensa especializada el nombre de ese hotel es Decamerón y se intentaba emplazar en un terreno de 30 hectáreas vulnerando, con las ya conocidas pillerías chilensis, las disposiciones del Plan Intercomunal de Valparaíso (PREMVAL) que define a ese sector como área verde protegida.

El anterior instrumento normativo urbano de carácter intercomunal de esa región, vigente hasta el año 2014, se llamaba Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (PRIV) en donde esa zona estaba tipificada como rural. La inversión prevista era del orden de los 45 millones de dólares y el hotel consideraba todas las comodidades habidas y por haber: urbanización de primer nivel, 3 edificaciones para 344 habitaciones, un beach club, distintas canchas deportivas, parque acuático, planta de aguas servidas de última generación, 40 cabañas, algunos les llaman cottages, atendidas por atléticos y musculosos camareros y hermosas azafatas, restaurantes con óptima comida internacional, etc. etc.

Según nos han informado, para esa iniciativa turística, existe un anteproyecto aprobado el 14 de agosto de 2013 y 2 permisos de edificación, uno con Nº 6 con destino Residencial, Hotel y otro con Nº 7 con destino Equipamiento de Comercio, Restaurante, ambos con fecha 9 de febrero de 2015, aprobados por el díscolo Director de Obras Municipales (DOM) de Quintero a la Constructora Riviera Ltda., a pesar de que antes la Contraloría General de la República, acogiendo los fundados reclamos de la organización ecológica Dunas de Ritoque, dictaminó que ese proyecto era irrealizable en ese sector del litoral por una serie de razones de forma y fondo.

Observando ambos permisos de edificación, constatamos que el funcionario municipal -DOM- que los firmó no utilizó el formulario oficial existente para tal efecto y omitió indicar la cantidad de estacionamientos de vehículos requeridos para ese equipamiento comercial de alta carga de ocupación. Es más, ahí se dice que el terreno, ex Hacienda Normandie, para esos 2 permisos tiene el mismo rol Nº 295-002 de avalúo del SII, inscripto en el año 2009 en el CBR de Quintero.

Por las necesidades propias de los destinos del proyecto, era indispensable mostrar en esos 2 actos administrativos, la cuantía de los espacios exclusivos para aparcar automóviles, más aun si sabemos que los demandados por los visitantes de las 384 habitaciones y personal de trabajo del hotel son bastante más de 150 unidades, cifra mínima que obliga al titular del proyecto a disponer de un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado por el Seremi de Transportes para solicitar un permiso de edificación. Si el lector es perspicaz ya se ha dado cuenta porqué existen 2 permisos.

En lo que respecta al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tramitándose en el servicio correspondiente, ya ha tenido diversas objeciones por parte de Sernageomín y diferentes Seremis, siendo la más enérgica la del Seremi de Medio Ambiente, quien ya dijo que la medida de mitigación no solo es insuficiente sino que debe considerar la fase de operación del proyecto, manifestando además serias falencias detectadas en los capítulos de Descripción, Línea de Base y de Mitigación referidas a la flora y fauna. Si el titular del proyecto con 2 permisos (sic) no logra una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable por parte de la institucionalidad ad hoc porteña, el negocio no es posible.

Ahora bien, mediante dictamen N° 73.004 de 2015, la Contraloría manifiesta al alcalde de Quintero una seguidilla de irregularidades e ilegalidades del proyecto, exigiendo que el DOM, subordinado del alcalde, adopte las medidas necesarias para respetar la ley. Como ni el alcalde ni el DOM actuaron conforme a derecho, la Contraloría en su dictamen N° 7373 del 2 de mayo de 2016 reitera lo dicho con anterioridad, conminándolos a que procedieran como verdaderos funcionarios públicos, apremiándolos con la adopción de medidas disciplinarias, conforme el mandato de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y de la Ley número 10.336 de la propia Contraloría.

Como el tiempo transcurría y la Municipalidad de Quintero no se daba por aludida, nuevamente la Contraloría dice basta, ahora a través de su dictamen Nº 6690 del 28 de abril de 2017, exigiendo medidas disciplinarias en contra del funcionario desobediente. A esa altura del partido no era posible aplicar el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 para invalidar administrativamente los permisos viciados debido a que, por la convenida parsimonia municipal, ya habían pasado los 2 años estipulados en esa ley. Ya que venció el plazo, funcionarios de la Contraloría se instalarán en estos días en el municipio para abrir un sumario que determine las verdaderas responsabilidades en esta obscena situación.

Muy molesta la Contraloría porque sus resoluciones eran tozudamente incumplidas por sus fiscalizados, tuvo que trasladar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este servicio interponga las acciones de nulidad de derecho público en los tribunales de justicia. Podría ser posible que en un examen acucioso de los comportamientos municipales se detecte el delito de prevaricación administrativa, lo cual sería de la máxima gravedad.

Este caso de evidente corrupción ha sido cubierto por el diario El Mercurio, medio de comunicación que utilizando el conocido método de la posverdad, ello para bajarle el perfil a la noticia, reprodujo en forma destacada la opinión del abogado Arturo Fermandois, defensor de la empresa.

¿Qué dijo este astuto jurisconsulto?: “Quedó claro que jamás el órgano contralor podría suplantar al DOM como autoridad técnica que emite o invalida permisos de construcción”. Con esta frase para el bronce ese profesional intentó quedar bien con su mandante y los que algo sabemos de estas cosas, solo nos reímos, pues ese dicho no resiste ningún análisis.

Si algún lector despistado de El Mercurio le diera crédito a la frasecita de Fermandois, él mismo se podría preguntar ¿ y para qué el Estado tiene a la Contraloría?. Finalmente aseveramos que en el contenido de esta columna se refleja como operan los libertinos actores del voraz mercado inmobiliario chileno.