Las autoridades y el cambio climático

Hay infinidad de definiciones del concepto cambio climático y en esta oportunidad hemos copiado una de ellas contenidas en el ciberespacio, a saber: “El cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Pudiera ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o la distribución de eventos en torno a ese promedio (por ejemplo más o menos eventos climáticos extremos). El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como puede abarcar toda la superficie terrestre. El término, a veces se refiere específicamente al cambio climático causado por la actividad humana, a diferencia de aquellos causados por procesos naturales de la Tierra y el Sistema Solar. En este sentido, especialmente en el contexto de la política ambiental, el término cambio climático ha llegado a ser sinónimo de calentamiento global antropogénico, o sea un aumento de las temperaturas por acción de los humanos”.

Pues bien, muchos expertos y autoridades del gobierno argumentan que el cambio climático está generando recurrentes desastres ambientales en nuestro territorio, criterio que tendemos a compartir, pero ante esa realidad debemos hacernos un mea culpa y en tal sentido esta columna se justifica con motivo de las abundantes lluvias en el norte chico: Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla, Coquimbo y otras tantas localidades, las cuales por años se han caracterizado por estar bajo sequía, sufrieron los embates de la madre naturaleza. Embalses desbordados, infinidad de viviendas e infraestructuras inundadas, quebradas transformadas en furiosos cursos de agua fueron vistos con pavor por aquellos millones que prenden los canales de televisión.

Los pronósticos meteorológicos de nuestros servicios técnicos fueron certeros en el luctuoso episodio pasado, en cierta medida similar al del año 2015, y por ello sostenemos que todavía no estamos bien preparados para hacerle frente a los aluviones, entre otros motivos, porque se siguen levantado viviendas en zonas de alto riesgo, tales como laderas de los cerros y colinas, riberas de los ríos y en las propias quebradas, ello a pesar de las prohibiciones normativas contenidas por un lado en los Planes Reguladores Comunales (PRC) y por otro lado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en la Ley de Base Generales del Medio Ambiente y en otras disposiciones regulatorias de los servicios especializados -Dirección General de Aguas (DGA) y Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)- del poderoso Ministerio de Obras Públicas (MOP.

No es un misterio para nadie que existen infinidad de vertederos ilegales en todo el país porque no todas las empresas que originan escombros los depositan en los espacios aptos y legales para recibirlos, rellenos sanitarios aprobados por la institucionalidad ambiental. Las porquerías se llevan a otros lados porque es más barato utilizar camiones fantasmas que arrojan esos despojos con desprecio en los terrenos no idóneos que sus conductores deciden y cuando las precipitaciones son más profusas se producen las desgracias en los asentamientos humanos localizados en las inmediaciones de esos basureros ilícitos conocidos por todos.

Las regulaciones existentes son muy claras pero como, por falta de rigor fiscalizador, se incumplen, los infortunios van a continuar. Por la ausencia de medidas preventivas en el ámbito del territorio los distintos gobiernos, ante las adversidades venideras, seguirán echándole la culpa al cambio climático, es decir, a razones incontrolables de fuerza mayor que, según ellos, los liberarían de responsabilidades en el ejercicio de sus cargos públicos.

En relación a las quebradas, a continuación describimos el caso de una que no ha sido reconocida como tal por quienes ejercen el poder político:

Vamos al grano:

En el terreno de 2.500 m2 ubicado en desnivel más abajo de la calle no pavimentada Los Molles nº 611 del balneario de Cachagua (Rol de avalúo 312-01 del Servicio de Impuestos Internos), correspondiente a los sitios 1 y 10 fusionados en uno, se ha procedido a rellenar con todo tipo de materiales una quebrada natural que ocupa un 70% de ese terreno. Dicha quebrada está señalada en un plano topográfico del año 2008 y con tal irregularidad, ante una emergencia pluvial, se impedirá el normal escurrimiento de las aguas lluvia, provocando por las leyes de la física un gran aluvión con problemas gravísimos para los vecinos que tienen sus inmuebles aguas abajo. Este balneario se adscribe al PRC de Zapallar, V Región de Valparaíso.

Los vecinos afectados por el riesgo latente han reclamado insistentemente y en varias ocasiones ante la Dirección de Obras Municipales de Zapallar, sin resultados concretos, pues el funcionario titular de esa oficina técnica emite solo oficios laxos, por lo tanto, oficios fáciles de no acatar por parte del privado que transformó la quebrada en un montículo de 4 metros de altura solo para levantar próximamente su vivienda con una óptima vista al mar.

Destacamos que la Asociación de Propietarios de ese balneario hizo causa común con los reclamantes habida consideración lo estipulado en el PRC: “No se permitirá modificación alguna en los terrenos de la Comuna sin autorización previa, (……) en el caso de efectuarse tales modificaciones sin la autorización citada, las modificaciones deberán dejarse sin efecto restituyéndose el terreno a su estado natural anterior, (….…)”

Como un hecho demostrativo del laissez faire imperante en ese sector costero se deja de manifiesto que el reclamo de la mencionada Asociación tampoco produjo resultados, posiblemente porque en el PRC respectivo no existe la quebrada (sic), lo que debe entenderse como una incompetencia técnica de los profesionales que lo elaboraron cómodamente sin moverse de sus escritorios.

Esta brutalidad comenzó a fines de noviembre de 2011 y hasta la fecha ninguna autoridad local ha ejercido sus atribuciones para eliminar el inmenso montículo levantado en la quebrada. Tanto el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región como la propia Ministra de Vivienda y Urbanismo conocen este despropósito territorial pero “no se oye padre”, motivo por el cual los alarmados vecinos nos ha expresado que el movimiento de tierra para conformar el relleno en la quebrada habría sido autorizado por el municipio solo porque el privado dueño del terreno pagó una multa por su devastadora iniciativa.

Por lo relatado se evidencia que estamos ante un nuevo hecho ilegal consumado y ya sabemos que cuando llegue próximamente al sector de Maitencillo, Cachagua y Zapallar un aguacero de grandes proporciones que impactará la quebrada en comento, ocasionando daños en las propiedades vecinas, las autoridades en ejercicio renuentes a prevenir, dirán sin vergüenza que el cambio climático es el único culpable de esa destructora situación.