Patrimonio : Buenas y malas actuaciones

La Buena

En atención a sus valores culturales, arquitectónicos e históricos, entre otros, el 28/12/16 en votación unánime los miembros de la entidad colegiada Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), resolvieron declarar como Monumento Nacional, bajo la categoría de Monumento Histórico, la Casa de Italia localizada en la calle Alvarez de la ciudad de Viña del Mar.

El CMN tiene una Secretaría Ejecutiva que gestiona los acuerdos de la entidad, realiza las comisiones que éste le encarga, y facilita el cumplimiento de sus funciones. La actual secretaria ejecutiva es la arquitecta Ana Paz Cárdenas, quien se ha desempeñado correctamente en su cargo administrativo y la máxima autoridad del CMN es quien oficia como ministro de Educación, es decir, en la especie la ministra Adriana Delpiano debía firmar el decreto supremo para perfeccionar la declaratoria, la que por obligación tenía que contar con la toma de razón por parte de la Contraloría. Después ese acto administrativo se publica en el Diario Oficial.

A raíz de ello, algunos directivos de la inmobiliaria que regenta esa casona, iniciaron todo tipo de gestiones para que la protección patrimonial no surtiera efectos y para tal propósito interpusieron acciones judiciales para paralizar la declaratoria resuelta por el órgano competente. Incluso contrataron a un distinguido abogado santiaguino, ex secretario ejecutivo del CMN (sic), para que cautelara los intereses inmobiliarios de esos directivos que querían demoler el inmueble para construir en el terreno una torre residencial de 22 pisos y otro edificio de menor volumen. Como se observa, estos privados estaban motivados solo por razones mercantiles, pero les fue mal tal como lo comunicamos a continuación.

El miércoles 31 de mayo pasado la ministra Delpiano firma el decreto y lo envía de inmediato a la Contraloría para cumplir con el trámite de toma de razón y el ente fiscalizador, al constatar que ese acto cumplía con todas las formalidades, lo traslada al Diario Oficial.

El mismo miércoles 31 de mayo pasado, el Director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar aprueba el permiso de edificación de la inmobiliaria, el cual, si se enmarca en la ley, le otorga un derecho adquirido a su poseedor y el sábado 10 de junio recién pasado se publica en el Diario Oficial el decreto que protege el inmueble Casa de Italia.

Algunos desubicados sostienen que, por tener una fecha anterior el permiso de edificación a la fecha de publicación de la declaratoria en el Diario Oficial, prevalecería ese acto. Pero ellos debieran saber que todavía el Seremi de Salud de la V región no envía al Director de Obras el certificado de desratización del inmueble que se intenta demoler y por ello les recomendamos que lean y entiendan el texto del artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que se refiere exactamente a esta materia : sin el permiso de desratización no puede haber un permiso de edificación.

En resumen la Casa de Italia no se demolerá, lo que es una excelente noticia no solo para la comunidad italiana de Viña del Mar, sino también para todos aquellos que le damos valor a la memoria histórica en nuestras ciudades.

La Mala

El 23 de febrero de 2013 el diario La Tercera elogiaba a las galerías comerciales existentes en el centro de la ciudad de Santiago.

Algunas de ellas, pulcros pasajes peatonales bajo techo, son Monumentos Nacionales regidos por la Leyº 17.288 del CMN y otras tantas están declaradas, ya sea como individualidades o como Zonas, con la figura de Conservación Histórica en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago.

La galería Imperio, cuyo acceso principal estaba en la calle Huérfanos 830, entre San Antonio y Estado, fue construida en el año 1955 y remodelada en 1978 en el período en que ejercía como alcalde el civil Patricio Mekis. En el año 2011 la adquirió el grupo económico de Álvaro Saieh, dueño del diario que celebraba la existencia de las galerías y la adquisición no fue para mejorar sus espacios interiores y los locales comerciales, con las autorizaciones establecidas en la institucionalidad.

Por el contrario, como su altura era reducida y como ese empresario todo lo mide en beneficios económicos y plusvalías, hizo gestiones con sus disciplinados testaferros para demolerla y levantar allí un mall denominado Vivo con 12 pisos de altura.

Debido a que dicha galería no se podía aniquilar porque estaba emplazada en la Zona A de Conservación Histórica A1- Micro Centro del PRC de Santiago, es decir, estaba protegida por constituir un patrimonio había que hacer pillerías. Solo si tenía daños estructurares era factible eliminarla y en tal sentido era obligatorio que un arquitecto firmara un informe en el cual debía fundamentar las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían recomendable la demolición de la galería y, sobre la base del contenido de ese documento, el Director de Obras Municipales (DOM) de Santiago estaba en condiciones de resolver si era procedente o no la demolición. La última palabra, conforme el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la tiene el Seremi de Vivienda y Urbanismo.

Sin contar con el mencionado informe técnico porque la galería estaba muy bien asentada, un arquitecto de esos que se prestan para cualquier trámite por impúdico que sea, le pide en agosto de 2011 al arquitecto Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, su autorización para demolerla. Paradojalmente ese arquitecto de Saieh es el mismo que intervino para que se vulnerara, tal como fue dictaminado por la Contraloría, la reglamentación urbana de Copiapó para dar paso a otro mall, del grupo económico Falabella, en esa ciudad.

Ese funcionario público le responde al arquitecto privado que la iniciativa comercial propuesta era improcedente por una serie de contundentes explicaciones. Entre otras cosas, la autoridad administrativa sectorial le contestó al particular pedigüeño que la intervención propuesta no armonizaba con las edificaciones del entorno y sus características arquitectónicas, “afectando desfavorablemente el carácter y valores patrimoniales del referido Sector de Conservación Histórica”.

Luego, el aludido funcionario del Minvu cumplió a cabalidad su cometido, pero recordemos que en la fecha de la compra de la galería Imperio por parte de Saieh, quien gobernaba el país era Sebastián Piñera, de tal forma que el rechazo oficial de la demolición para concebir un espectacular negocio inmobiliario privado perfectamente podía ser revertido en aras de los buenos negocios. Ya sabemos que las volteretas son recurrentes y se producen según las fortalezas de quienes son contrapartes.

Y así fue como operó perfectamente la corrupción del anterior Gobierno y el 6 de marzo de 2013, el mismo funcionario que exigía el cumplimiento de la ley respecto de los inmuebles de Conservación Histórica, borró con el codo lo que escribió anteriormente con sus manos en el computador.

Es evidente que este funcionario de carrera recibió precisas instrucciones de sus habilidosos jefes para que se aprobara el desplome de la galería y en su nuevo informe decía que ahora “la intervención propuesta no afecta el carácter y valores patrimoniales de la referida Zona de Conservación Histórica” (sic). Con esta obscena aprobación Saieh obtuvo el 25 de julio de 2013 dos permisos de edificación, números 15.386 y 15.387, para levantar su proyecto de alta carga de ocupación. Como era de esperarse, dichos permisos no fueron firmados por el Director de Obras titular, sino que por un avispado subrogante.

La fundación Defendamos la Ciudad tuvo que denunciar este vil comportamiento anti mercado en la Contraloría, ente fiscalizador que en sus 3 dictámenes números 72776, 22791 y 17766, de fechas 10 de septiembre de 2015, 24 de marzo de 2016 y 17 de mayo de 2017, respectivamente, dejó en evidencia una seguidilla de ilegalidades, una referida al exceso de altura : 43 metros en lugar de los 35 metros permitidos. Por ello, se instruyó un proceso disciplinario en contra de los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación de los permisos.

Dado que en esta trucha operación comercial su titular obtendrá una indebida mayor ganancia económica, la que es una de tantas en ese municipio, le solicitamos una entrevista al alcalde Felipe Alessandri para que él tomara las acciones punitivas de rigor en contra de sus funcionarios que se prestaron para hacer trampas. El alcalde nos contestó que su agenda estaba muy recargada de compromisos, ante lo cual le replicamos que él debía intervenir ante su subordinado Director de Obras, para que éste obedeciera finalmente las categóricas 3 conclusiones de la Contraloría.

Hemos dejado este testimonio, no cubierto adecuadamente por la prensa, para que la Municipalidad de Santiago cumpla con su deber.