Auditoría del Estado

Sin duda el Gobierno de la Nueva Mayoría pasará a la historia como un pésimo recuerdo: sus cifras de crecimiento económico son las peores desde el retorno a la democracia; su afán por proseguir con reformas fútiles o derechamente dañinas para el desarrollo del país parece inagotable; su tibieza para hablar contra el régimen de Maduro daña la imagen del país, y el enorme impulso al aborto muestra los niveles de deshumanización a los que se ha llegado en nuestro país, donde supuestos defensores de los Derechos Humanos buscan legitimar el asesinato de inocentes. Sin perjuicio de lo anterior, quizás su mayor problema es que ha permitido que se instale la sensación de que el Estado se ha puesto al servicio de los líderes de turno; quienes lo utilizan a su antojo y en su beneficio.

En efecto, muchos creen que la corrupción campea, lo que se expresaría en un reparto de los puestos públicos entre los operadores de la Nueva Mayoría y en el uso de las instituciones para servir a sus dignatarios. En este sentido, casos como el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado, el de la “tía Estela” en el Consejo Nacional de la Infancia, la inexplicable deferencia del SII con políticos de este sector o la aparente tibieza de la Fiscalía en la persecución de las posibles responsabilidades de Sebastián Dávalos, han instalado la sensación de que el Estado está siendo saqueado. Esto es grave y podría dañar de forma permanente la confianza en las instituciones del país si no se toman medidas conducentes a devolver la confianza y la legitimidad a las mismas.

Por lo anterior, la primera tarea del nuevo Gobierno, sea quien sea el que lo dirija, debe ser restablecer la confianza pública: investigando; determinando responsabilidades, y exigiendo las sanciones civiles y penales que correspondan. Para esto se necesita valor, sobre todo en un país en que “se ve mal” insinuar que los políticos deben hacerse responsables de sus actos en la conducción de la República. Sin embargo, esto no debe atemorizar al líder que dirija la gesta, ya que de no hacerlo el país pagara con la sensación de que la corrupción se ha normalizado, lo que nos impedirá alcanzar el desarrollo.

En este orden de ideas, debería comenzarse contratando a una auditora que determine la efectividad del gasto público y su pertinencia, así como el cumplimiento de objetivos de las distintas instituciones y personas financiadas por él. Luego, parece relevante levantar una Comisión de Verdad y Probidad que investigue la materia estableciendo responsabilidades políticas en la medida que correspondan y cuyo informe sirva de base para las persecuciones posteriores. Así, con el mérito de los informes, se podría instruir a los órganos pertinentes para evaluar la destitución de cargos y beneficios de todos quienes los hayan recibido de forma injustificada, y, al mismo tiempo, instruir al Consejo de Defensa del Estado para que comience las persecuciones civiles y penales que correspondan para recomponer el patrimonio fiscal y dejar en claro que en Chile la corrupción, de ningún tipo  y en ningún grado, se tolera.

Para tener éxito en este cometido, se debe ser efectivo y correcto. Efectivos en el sentido de que no nos podemos quedar en la responsabilidad política y hay que castigar penalmente a quien corresponda, mostrando que en Chile no hay intocables. Por su parte, “correctos” quiere decir que los nuevos detentadores del poder deben saber que deben manejar los dineros públicos con el mismo celo con que manejan los propios y que deben comportarse con justicia en el uso de sus puestos. De esta manera, no es aceptable que sean ahora ellos quienes se repartan el botín como tristemente parece estar ocurriendo en algunas municipalidades.

Esto es importante. Recomponer la confianza en las instituciones debe ser el primer desafío del próximo Gobierno. De cumplir con él sus obras serán duraderas, de no hacerlo su fracaso está asegurado. Así, necesitamos con urgencia una auditoría al Estado; para que estas cosas sean solo otro mal recuerdo.