El Gobierno no desea que la Contraloría fiscalice como Dios manda

Consideramos correcta la decisión adoptada el 16/10/17 en Valparaíso por la Comisión Mixta Parlamentaria que rechazó el reducido presupuesto que el gobierno le había asignado a la Contraloría General de la República para el año 2018 y en tal sentido no sabemos qué sucederá con el monto que necesita el ente fiscalizador para ejercer su importante cometido.

Pues bien, en nuestro país existe un régimen democrático basado en el Estado de Derecho, en donde opera en materias económicas un sistema de libre mercado, que debiera estar cautelado por diversas instituciones públicas, las que deben velar para que los actores privados de los variados sectores productivos siempre se rijan por el apego de los distintos marcos regulatorios y con estricto respeto por la competencia, ello para evitar el enriquecimiento sin causa y para que los consumidores elijan sin distorsiones de precios los bienes y servicios ofrecidos por los anteriores. Lo expresado no siempre acontece, lo cual es indicativo de que hay fallas institucionales que debemos remediar con mayores controles.

Mucho se habla de transparencia en la gestión de la Administración del Estado y en tal sentido reconocemos favorablemente el rol que está ejerciendo desde el 20 de abril del año 2009, conforme a la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, aunque todavía existen muchos servicios públicos que se resisten con ciertos ardides a ceñirse a su mandato. Asimismo consideramos que ha sido un avance la publicación en el Diario Oficial (25/05/2003) de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, aunque se le deben introducir modificaciones para que se logre eficazmente su mandato.

Pero el órgano que custodia, con excelencia y desde hace 90 años, el apego a la ley por parte de casi todos los servicios públicos, es la Contraloría General de la República, teniéndose presente el reducido aporte económico que los gobiernos le entregan anualmente para que cumpla con su gravitante función. En nuestra condición de cliente frecuente de la Contraloría, estimamos que esta realidad debe cambiar radicalmente y por ello adherimos a la Declaración Pública de unas cuantas organizaciones de la sociedad civil informada que piden un aumento significativo de su presupuesto.

La denominada clase política debe comprender que hoy más que nunca, en que la credibilidad de las instituciones de la República está en entredicho, resulta necesario dotar a este órgano no solo de facultades, sino que además de medios monetarios para que cumpla con el fin de transparencia y probidad que demanda la ciudadanía. De acuerdo a cifras de conocimiento público, en los años que a continuación se indican, al ente fiscalizador el Congreso Nacional le ha asignado los siguientes escasos y decrecientes porcentajes del presupuesto de la nación para el sector público.

Año 2014 …………………0,176 %
Año 2015 ……………….. 0,168 %
Año 2016 …………………0,159 %
Año 2017 …………………0,153 %

Sabemos que algunos servicios de la Administración se han sentido molestos con la noble función que cumple la Contraloría y ello sucede porque ha detectado maniobras para que altos funcionarios de los mismos obtengan privilegios no contemplados en las leyes. El ejemplo más claro es el arreglín que se produjo en Gendarmería y lo que desean hacer los funcionarios no uniformados de la DGAC. Para la Contraloría hubiera sido fácil no emitir informes o dictámenes en esos casos, pero por cumplir cabalmente con sus atribuciones constitucionales se ha visto criticada sin fundamentos por voceros de esas instituciones del Estado.

Todos debemos estar convencidos de que la Contraloría tiene que disponer de más poderío para que su importante tarea, que busca la probidad en todos los ámbitos del quehacer nacional, sea una realidad en el corto y mediano plazo y para ello es esencial que aquellos que desean asumir cargos parlamentarios y fundamentalmente los 8 candidatos presidenciales se sumen a esta propuesta ciudadana.

Por ahora, los políticos deben dar una correcta señal de apoyo a la Contraloría para que, con mayores herramientas, pueda realizar de mejor manera su trascendental quehacer. Para ello esperamos que el Congreso Nacional ahora le apruebe para el año 2018 un aporte muy superior al que se le ha asignado en los últimos años, con la convicción plena de que los nuevos parlamentarios, 155 diputados y 50 senadores, que asumen en marzo próximo, le fijarán para el año 2019 el 0,280% del presupuesto nacional para el sector público, el que debería ser considerado como un piso para los años siguientes.