¿El Consejo para la Transparencia avalando secretismo en licitaciones?

La misión del Consejo para la Transparencia es asegurar que la Ley de Transparencia se cumpla. Y en general hace su trabajo, prestándole apoyo a los ciudadanos que han visto impedimentos para obtener información del Estado. Pero, incomprensiblemente, el Consejo tiene también su lado oscuro: se pone a favor del ocultamiento cuando se trata de licitaciones.

Sí, suena increíble. Las licitaciones del sector público involucran muchos millones del dinero de todos nosotros; son por eso mismo el espacio por excelencia para la corrupción; y, por si fuera poco, con o sin corrupción son un instrumento gigante por el cual los ciudadanos recibimos los diversos bienes y servicios que entrega el Estado. Si hay algo que debería ser transparente, son las licitaciones.

Pero no. ¿Qué sucede?

El Consejo para la Transparencia, recordemos, es la instancia donde los ciudadanos nos quejamos cuando alguna institución nos niega información. Si nos encuentra la razón, exige a esa malvada institución que suelte los datos. El Consejo además debería amonestar al funcionario en cuestión culpable de impedir el ejercicio del derecho a la información -así lo contempla la ley-, pero por alguna razón eso el Consejo no lo hace casi nunca: el dato oficial es que en los últimos dos años el Consejo ha fallado 2565 veces a favor de los ciudadanos, pero solo 69 funcionarios han sido amonestados. Es decir menos del 3% de las veces. Ocultar información, dicho sea de paso, no tiene en la práctica consecuencia hoy en día.

Hay, por supuesto, casos en que el Consejo no nos encuentra la razón. Es decir, casos en que considera que es correcto que alguna institución nos niegue información. Y está bien. Son los casos que la Ley de Transparencia contempla restricciones, como son por ejemplo cuestiones de seguridad nacional. Otra restricción, la que importa en esta historia, es que la Ley de Transparencia dice que se puede negar el acceso cuando el hecho de entregar información entorpece la labor del Estado. Un ejemplo: no puedo pedirle a la PDI que me dé la lista de agentes encubiertos trabajando con narcos, porque obviamente eso echa a perder la operación encubierta! Ahora bien, ¿cómo demonios alguien puede interpretar que el hecho de que los ciudadanos sepan de las licitaciones, las entorpezca?

La mañosa interpretación del Consejo es que si un ciudadano puede obtener información de una licitación que todavía no se ha realizado, entonces podría ganar una ventaja que no corresponde. Por ejemplo, si se va a licitar una carretera, el Consejo dice que no puedes saber por dónde pasará porque si lo supieras, podrías usar esa información para comprar o vender terrenos por allí aprovechando el dato, lo que podría encarecer las posteriores expropiaciones que el proyecto necesita.

¿La consecuencia práctica? El Consejo te ha prohibido que sepas de antemano cualquier cosa que el Estado esté pensando licitar. No sólo por dónde pasarán las carreteras o los Metros, sino dónde y cómo se instalarán consultorios, comisarías, y plazas. No puedes saber de antemano qué están planificando los municipios para la recolección de basura, las luminarias de las calles, los servicios de seguridad, o las raciones alimenticias de los jardines infantiles. Nada, nada que se vaya a licitar, lo puedes saber de antemano. Es el paraíso para una autoridad sucia: los ciudadanos no podemos saber qué está planeando nuestro gobierno. ¡De locos!

Vamos a un ejemplo concreto: El famoso tranvía de Las Condes. Seguro lo has escuchado: es un proyecto antiquísimo, de una década al menos; una idea que ha rondado por ahí demasiado tiempo, apareciendo y desapareciendo en los medios intermitentemente, y que hoy por hoy ya se da por inviable producto de la anunciada línea 7 del Metro. Resulta que en 2015 un ciudadano pidió acceso a los estudios del tranvía pero la Municipalidad se los denegó argumentando que se haría una licitación, la que supuestamente se realizaría el primer semestre de 2016. El ciudadano fue a quejarse al Consejo y éste, haciendo gala de su mañosa interpretación, avaló al Municipio (caso C2760-15). Dijo así:

“comunicar la información pedida afectará el normal desarrollo de un proceso de licitación. En efecto, la divulgación de los antecedentes que conformarán las bases de licitación del Proyecto de Tranvía antes de haberse iniciado formalmente el proceso de licitación en comento, provocaría una asimetría en el acceso a la información de los interesados, lo que podría distorsionar el desarrollo de dicho proceso licitatorio y, en razón de esto, afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Municipalidad de Las Condes.”

Así que ningún estudio salió a la luz. Pero, como es sabido, tampoco se hizo la licitación del tranvía. Ni en el primer semestre de 2016 ni después. Y ya parece claro que no se hará nunca. Todos los estudios del tranvía -¡si es que existen!- siguen bajo llave. Esto demuestra que la situación es incluso peor que lo que he descrito más atrás: basta que una institución diga que un cierto documento es insumo a una licitación para poder ocultarlo, incluso falseando la existencia misma de la licitación.

Es bien obvio que el Consejo está actuando ilegalmente al avalar estos ocultamientos. La demostración rotunda se constata mirando lo que sucedió en el Ministerio de Transporte: hace algunos años el Parlamento cambió la llamada “Ley del Transporte” para exigirle al Ministerio que cada vez que vaya a realizar una licitación del transporte público debe, previo a la licitación: (a) generar un documento que resuma lo que se va a licitar; y (b) publicar en su web “Toda la información relevante que sirvió de base” a la preparación de la licitación. En otras palabras, los parlamentarios le exigieron al Ministerio que haga lo que el Consejo para la Transparencia dice que es ilegal hacer! Absurdo. Obviamente el equivocado aquí es el Consejo.

Dado todo esto, se interpuso un reclamo ante la Contraloría General de la República contra el Consejo para la Transparencia. Lamentablemente, la Contraloría dijo (REF. 166098/17) que ella no tiene atribución sobre lo que decida el Consejo; es necesario, dijo, ir a pelear el caso a las cortes de justicia… O sea, estamos hasta el quetejedi.

Si ni la Contraloría puede detener este sinsentido, no nos queda más esperanza que el Consejo para la Transparencia por propia iniciativa recapacite y empiece a aplicar otro criterio. Difícil. A nadie le gusta admitir que se equivocó. Pero si hay alguien allá escuchando, déjeme hacer notar un detalle: el problema del Consejo no es que la información sea pública, sino que sea asimétricamente pública. Es decir, que algunos tengan la información y otros no. Es esa asimetría lo que provoca, en su opinión, que algunos, y solo algunos, tengan una ventaja que no deberían tener. Evidentemente entonces, si ese es genuinamente el problema, basta que el Consejo exija que la información se disemine ampliamente, publicándose en la web, para que todos tengan acceso a ella; así nadie tiene ventaja. Es decir, lo mismo que la ley le exige al Ministerio de Transporte. ¿No te parece a ti?