Los problemas de las nuevas campañas políticas

Ya comenzó la recta final de las campañas presidenciales, parlamentarias y al consejo regional (CORE). En efecto, no solamente quedan 26 días para la elección, sino que, a partir del 20 de octubre recién pasado, la ley establece que comienza una nueva y última fase que autoriza sumar a lo que ya se permite hacer: la instalación de las tradicionales “palomas” en espacios públicos y privados, y el comienzo de la franja televisiva.

Pese a que la actual norma legal que regula las campañas políticas ya rigió durante el período electoral anterior (municipales 2016), no son pocas las voces que han alertado que la actual legislación – con sus beneficios y desventajas – ha provocado una desinformación en la ciudadanía respecto a quiénes son los candidatos y la cercanía del día de votación. En otras palabras, no existiría “ambiente de elección”.

Es imposible desconocer que los excesos, tanto en los gastos como en la forma de hacer campaña, produjo un sentimiento de rechazo por parte de la ciudadanía a la manera en la que los postulantes buscaban ser electos; sin embargo, la actual legislación ha restringido a tal punto la posibilidad de los candidatos para darse a conocer, que muy pocas personas conocen quienes son los aspirantes al Congreso (para qué decir los candidatos al CORE).

Además de lo anterior y producto de la ampliación de los distritos, se han producido al menos otros tres efectos que pueden ser contraproducentes considerando el noble objetivo perseguido:

– Los candidatos recurren a técnicas distintas para poder captar la atención y aparecer en la prensa. Lamentablemente los hechos negativos suelen ser los más bullados. Un ejemplo reciente son las monedas lanzadas por Navarro a Sebastián Piñera en pleno debate radial, en alusión a una molestia por el préstamo realizado por BancoEstado a un “millonario”. (¿sabrá el senador que la ley que él mismo aprobó, estableció la limitación para que los aportes de los candidatos a sus propias campañas sólo puedan ascender al 25% del límite de gasto y que, por lo tanto, los aludidos deben buscar financiar sus campañas con otros aportes?).

– Como el período de propaganda es escaso y los distritos abarcan muchas más comunas que antes, se favorecen aquellas personas que ya son conocidas por el electorado, como lo son los parlamentarios en ejercicio. Junto a estos, también se ven beneficiados aquellos candidatos que cuentan con más dinero de forma previa a la elección.

– Por último, las circunscripciones senatoriales, distritos y circunscripciones provinciales son tan amplias que aquel candidato que tenga pocos recursos y tiempo – que, dicho sea de paso, es la mayoría – priorizará los lugares donde exista una mayor densidad poblacional. Esto afectará principalmente a la descentralización de las regiones donde la capital regional concentrará el grueso de las actividades de las campañas, en desmedro del resto de la región.

En suma, reconociendo que la antigua ley tenía numerosos defectos que se corrigieron, en la práctica se produjeron varios nuevos. Si esto no se arregla, se corre el riesgo que la calidad de las campañas como forma de darse a conocer, baje; asimismo, la renovación puede retrasarse aún más, desincentivando la participación de gente joven; por último, cualquier plan de descentralización se ve en peligro, sobre todo a nivel de las mismas regiones.

¿Existe alguna solución? Una alternativa es volver al distritaje anterior para que los candidatos puedan recorrer todas las comunas de su circunscripción o distrito; otra – aunque más impopular – es extender el período de campaña y propaganda electoral, pero manteniendo el nuevo límite de gasto. En cualquier caso, será tarea del próximo gobierno y Congreso Nacional decidirlo.