Crónica de una (mala) forma de hacer las cosas

Durante la tramitación de la ley de Inclusión Escolar, el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, señaló que el avalúo fiscal de un inmueble era cercano al 60% al valor de mercado, por lo que siguiendo ese parámetro, se fijaron montos máximos de arriendo de colegios.

Lo señalado no resultó cierto, porque los valores de los avalúos fiscales eran exiguos. Por eso, hace poco más de un mes el gobierno debió enviar un proyecto de ley para modificar esas normas, utilizando un singular eufemismo: “la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a la Ley de Inclusión”.

Para justificar la necesidad del cambio legal, el gobierno informó que “un estudio realizado por la Subdirección de Avalúos del Servicio de Impuestos Internos señala que la media de las tasaciones fiscales de los inmuebles escolares es de 57% del valor comercial, pero con variaciones que van del 19% al 200%, y que la mediana es de sólo 48%”. En sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, del jueves 19 de octubre, al ejecutivo se le olvidó llevar el estudio, pero se indicó que sería remitido ese mismo día o al siguiente. A esta fecha, el antecedente no se ha subido en el portal web de la Cámara de Diputados.

No obstante, vía solicitud de acceso a información pública, se requirió al Servicio de Impuestos Internos tanto el informe que dio lugar al proyecto de ley, como sus antecedentes. La respuesta fue preocupante: el informe y sus antecedentes no existen, porque “fue realizado en un equipo que hoy se encuentra destruido, perdiendo el acceso a la información que contenía”. El SII agregó que “dicho estudio consistía en comparaciones efectuadas con información de tasaciones comerciales analizadas para el estudio de reavalúo de 2013, y los respectivos roles vigentes de aquella época”.

La respuesta del SII es grave. Dado que el informe fue realizado “para el estudio de reavalúo de 2013”, significa que en 2014 y comienzos de 2015 se legisló omitiendo ese antecedente gravitante y, entonces, se hizo una regulación mal hecha, pudiendo evitarlo. El error, afectó a miles de colegios en Chile.

Por otra parte, la respuesta del SII es irrisoria. Justificar que un estudio confeccionado por el Servicio de Impuestos Internos no existe, porque el computador se echó a perder, raya en la ofensa, y cruza el umbral de la ilegalidad, en la medida que los órganos de la Administración deben tener completo respaldo de su actuar.

Finalmente, la respuesta del SII es reveladora acerca de un modo de hacer las cosas, que le hace mal al país: carente de prolijidad, displicente y decadente. Es la retroexcavadora de la Administración Pública.

Es tiempo de decir basta. Ya fue suficiente de números que no cuadran, de explicaciones que no aclaran, y de autoridades que se “sienten responsables”, pero que no responden.

La educación es un derecho. No una prebenda.