Los acuerdos y el largo plazo: Lecciones desde el medio ambiente

Recién sacudidos de la embriaguez emocional de la jornada electoral del domingo pasado y la adrenalina que acompaña a la confrontación de ideas que se da en el fragor de una campaña electoral, de cara a lo que será la recta final (segunda vuelta del 17 de diciembre) es del todo relevante comprender cómo -más allá de los ciclos de alternancia propios los sistemas políticos que gozan de buena salud, como el nuestro- somos capaces de construir políticas públicas de largo plazo o ‘políticas de estado’ como también se les conoce.

Parte fundamental de la discusión que presenciamos durante los últimos meses se centró en la ‘titularidad’ de determinadas obras, programas y leyes entre otros varios ‘logros’ de una u otra coalición aspirante al sillón presidencial o escaños parlamentarios.

¿Tiene sentido esta lógica de apropiabilidad detrás de cada iniciativa que se lleva adelante en el ámbito de lo público? ¿No es acaso lo público aquello que por esencia se contrapone a la apropiabilidad de un individuo (o una coalición para estos efectos)? ¿Es realmente sensato pensar que el país es permanentemente ‘refundado’ cada 4 años, borrón y cuenta nueva?

Dejemos de lado la estupidez de creer que podremos realmente llevar a Chile a un estado de desarrollo integral a través de sucesiones de periodos estancos de 4 años. Dejemos de lado la soberbia irracional de creer que cada avance es obra de aquel que le pone la firma o corta la cinta.

¿Es este planteamiento un sueño utópico o ya estamos en condiciones de aspirar realmente a trabajar pensando en el largo plazo?

Soy un convencido que no sólo estamos en condiciones, sino que ya lo hemos hecho. No una, sino varias veces a lo largo de nuestra historia. Nuestro país ha sido pionero en la aplicación de políticas públicas sólidas, que han significado avances sustanciales para sus ciudadanos y que además nos tienen cómo uno de los referentes en materia de desarrollo para nuestra región Latinoamericana. Un par de ejemplos:

Nuestra política monetaria. Desde 1925 contamos con un Banco Central independiente, que responde tanto a parámetros técnicos como políticos (basta constatar la conformación del Consejo del Banco Central) y que con luces y sombras, acuerdos y discrepancias ha contribuido a mantener una estabilidad económica y monetaria envidiable para cualquier país en vías de desarrollo e incluso desarrollado. El acuerdo y la mirada de largo plazo en esta materia fue un pilar fundamental en la consolidación de nuestra economía durante la segunda mitad del siglo XX y lo seguirá siendo en adelante.

Un ejemplo más reciente, que creo no ha sido suficientemente reconocido. Nuestra institucionalidad ambiental. Inaugurada flamantemente en 1994 por el Presidente Aylwin, rediseñada en el primer Gobierno de Bachelet e implementada por Piñera en 2010, le ha permitido a nuestro país a rankear consistentemente desde el 2006 dentro de los 30 países con mejor desempeño según el Índice de Rendimiento Ambiental (EPI por sus siglas en ingles) de la Universidad de Yale.

¿Es perfecta nuestra institucionalidad ambiental? No. Está lejos de serlo y quizás nunca lo será. Pero si analizamos los resultados que ha arrojado en estos 23 años, creo que podemos ver el vaso medio lleno y tendiendo a llenarse.

A pesar de algunos sonados ‘fracasos’ de la institucionalidad como Ralco en 1997, Celco en 2004 y Barrancones el 2010, no por ello podemos obviar que hemos logrado construir un sistema que ha conciliado de manera armónica y civilizada el progreso material y económico de nuestro país, con el cuidado racional del medio ambiente que lo permite y sostiene.

Grandes proyectos no ‘pasaron’ la prueba del Sistema de Evaluación Ambiental: Castilla, Hydroaysén y más recientemente Dominga y ¿qué paso luego de ello? Bueno, nada cercano al fin del mundo: nuestra matriz energética ha virado de manera importante hacia energías más limpias y económicas, y hasta el día de hoy todo indica que nuestro país es y seguirá siendo un actor crucial en el mercado de la minería metálica en particular cobre.

Otra muestra. En materia de contaminación atmosférica: hemos sido capaces de avanzar en regulaciones y normas de altísima complejidad como las Normas de Emisión para Fundiciones y Centrales termoeléctricas y la Norma de Calidad para material particulado fino (MP2.5). Hoy por primera vez contamos con una verdadera red nacional en materia de calidad de aire que se traducirá en 20 planes de descontaminación de aire vigentes hacia el 2018.

En materia de gestión de residuos contamos hoy con una ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de altísimo estándar, asimilable a la experiencia Europea en esta materia. Esta herramienta se diseñó y presentó en la administración de Piñera y ha sido Bachelet la encargada de comenzar su implementación. ¿Significa esto que Bachelet y Piñera comparten la misma visión en materia medioambiental? Probablemente no, y muy bien que así sea. Pero ello no es -ni puede ser- obstáculo para encontrar aquellos mínimos comunes que nos permitan avanzar, valorando las diferencias y el disenso, pero sin perder de vista los acuerdos y el consenso.

¿Y la parte vacía del vaso? Bueno, siguen pendientes importantes desafíos en materia de protección de la biodiversidad, en materia de accesibilidad universal a las áreas protegidas, podemos –y debemos- seguir perfeccionando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, descentralizar el ordenamiento y la planificación territorial, avanzar en evaluación ambiental estratégica de nuestras políticas públicas, entre muchas otras cosas que están esperando ser abordadas.

Respecto de estos y los cientos de grandes desafíos que enfrentamos y seguiremos enfrentando como país ¿Qué haremos? Soy de los que cree que con voluntad, respeto y sentido de país, seguiremos avanzando cada día más por el camino del acuerdo, el diálogo y la mirada de largo plazo. En materia ambiental ya lo hicimos, ahora sólo resta definir por donde seguimos.