Sistema Penal: Mirar las causas y no sólo el efecto

Cuando hemos sido víctimas de la delincuencia parece comprensible la dificultad para empatizar con la población penal. Por lo mismo, muchas veces falta una mayor reflexión que apunte a las causas y no sólo a los efectos, que mire los factores a la base del inicio de trayectorias delictivas y no sólo su control o castigo. Es evidente que aún cuando el presupuesto de seguridad pública es el más alto de la historia, el descenso en los niveles de victimización es apenas marginal. Invertir en control no parece ser la respuesta si no somos capaces de, a lo menos, igualar en esfuerzos preventivos.

Los niveles de exclusión social de la población penal superan varias veces al del resto de la población. Un 86% son desertores del colegio, más de un 60% consumidores de drogas, 46% participa en pandillas y un 65% abandonó su hogar antes de los 18. Esto va configurando un conjunto de factores de riesgo, que además de variables personales y modelos familiares antisociales gatillan las conductas delictivas cada vez más temprano, ya no a los 13 años, sino a los 11 o antes, cuando son invisibles al sistema por su condición de inimputables.

Si queremos enfrentar la delincuencia es necesario abordar la prevención como pilar fundamental en una agenda larga, que apunte a reducir los niveles de exclusión social, crear factores protectores aún en medio de escenarios de vulnerabilidad y pobreza fortaleciendo las capacidades de la familia y de la escuela, apoyando a las comunidades para organizarse no sólo frente al delito sino como un recurso capaz de acoger y dar oportunidades, las mismas que buscan en un trabajo que no llega porque sus antecedentes quedan manchados y el proceso para borrarlos es burocrático, lleno de barreras. Un segundo paso, luego de la prevención, es la rehabilitación con programas que cuenten con evidencia y efectividad, que sean integrales y articulados a la oferta pública.

Para ello, el sistema penitenciario debe hacer un giro hacia la justicia restaurativa, hacia promover el cambio en la persona que delinque atendiendo su compleja realidad y transformando la pena desde la sanción hacia la reparación y transformación de la conducta. Es importante la existencia de tribunales de ejecución de penas que con especialización avancen en esta línea e impulsen medidas progresivas al medio libre de las personas privadas de libertad o fortalezcan el uso de penas alternativas a la cárcel.

En tanto, la reincidencia luego de la cárcel supera el 70% a 3 años, en penas alternativas la reincidencia y el costo son sustancialmente menores. Pero si pese a esta razón quedaran dudas respecto a la eficacia de la privación de libertad, es necesario tener presente que aún cuando el total de condenados a ella ha disminuido un 20% desde el 2010, la cantidad de imputados (no condenados) que han sido encarcelados ha crecido 35%, y cada año cerca de 3.000 presos son declarados absolutamente inocentes, cifra que crece a tasas de 7% anual. Es decir debemos cuestionarnos no sólo desde la eficacia, sino que también desde la legitimidad, que ha golpeado en casos tan dolorosos como la madre haitiana Joane Florvil muerta en su periodo de detención y que fue finalmente absuelta de todos los cargos.
Cuando se va a conmemorar un nuevo aniversario de la peor tragedia penitenciaria de Chile en que murieron 81 compatriotas, es necesario reflexionar si nuestro sistema es capaz de brindar justicia, apoyo e inserción a quienes cumpliendo su condena necesitan una nueva oportunidad.