Cambio de Régimen de Gobierno
Al menos dos pasos parecen urgentes respecto al presidencialismo: establecer incentivos para la formación de coaliciones mayoritarias al interior del Congreso, y separar las funciones de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno.
Sebastián Sichel es Abogado, magister en derecho público, académico de derecho USS. Presidente comité editorial El Dínamo.
El nivel de fraccionamiento actual del Congreso hace imposible creer que un sistema proporcional con mega distritos, multiplicidad de partidos y sistema de ballotage pueda convivir con un régimen de Gobierno hiperpresidencialista.
Los dos candidatos que pasan a segunda vuelta cuentan con minorías relativas en el Congreso. Sebastián Piñera y su coalición tendría 73 parlamentarios en la Cámara de Diputados de 155 y 18 senadores de 43, lo que implica estar por debajo de los votos suficientes para aprobar las leyes de quorum simple o de quorum especiales que considera nuestra Constitución. Más dramático es el caso de Alejandro Guillier, quién de ganar en segunda vuelta, lo hará en la situación de mayor precariedad política en el Congreso desde el Gobierno de Jorge Alessandri, pues gobernará con una coalición que obtuvo 43 diputados –que si logra sumar a los DC llega a los 56- y 15 senadores, que con los DC pueden llegar a 20.
En simple: nadie puede construir mayorías, y de hacerlo, debe cruzar puentes hacia algún lado, Frente Amplio como tercera fuerza política con 20 diputados o el frente regionalista con otros 4 diputados. Estas pequeñas minorías adquieren un poder de subordinación de las mayorías que puede terminar cooptando el parlamento y de constantes prebendas para obtener votos uno a uno por el Poder Ejecutivo.
Implica que la lógica de la no-cooperación política puede traer réditos parciales que incentiven a las fuerzas centrifugas del sistema. Esto, sumado a los niveles de polarización política que marcan al debate, hace que la supuesta estabilidad que implicaría un sistema presidencial, termine siendo más bien un “gridlock” o embotellamiento institucional que impida avanzar legislativamente en ninguna materia sustantiva. Sistemas presidenciales con sistemas de multipartidos potenciados por modelos electorales proporcionales, necesitan para su sobrevivencia la formación de coaliciones y la construcción de modelos cooperativos Ejecutivo- Legislativo, exactamente lo que se ve muy lejano en Chile a partir del 2018. El presidencialismo puede ser un desastre si se dan ciertas condiciones (David Altman 2014): el Presidente no domina el Congreso o es incapaz de armar una coalición estable de Gobierno. La solución de la segunda vuelta presidencial demostró no ser el antídoto necesario, pues sólo ha gatillado más polarización y no la construcción de grandes mayorías políticas al estar en juego sólo el premio mayor (el Poder Ejecutivo).
Este punto abre una vieja discusión que autores como Sartori han puesto sobre la mesa: ¿Puede un sistema presidencial con sistemas electorales proporcionales resolver de manera eficiente las crisis de un Presidente de minoría? Si bien hay evidencias comparadas contradictorias en esta materia, lo cierto es que al menos debemos asumir que si la supervivencia de nuestros régimen democrático no está en juego después de esta elección, si lo está la calidad de nuestra democracia y sus instituciones. Y eso ya es argumento suficiente para detenernos a pensar si la combinación de los actuales factores (régimen presidencial-régimen proporcional-multipartidismo), no deben ser alterados para que al menos no caigamos en el inmovilismo político y el descrédito final de nuestras instituciones.
Al menos dos pasos parecen urgentes respecto al presidencialismo: establecer incentivos para la formación de coaliciones mayoritarias al interior del Congreso, reintegrando potestades legislativas al Parlamento (manejo de urgencias e iniciativas de ley) y separar las funciones de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno de manera de distinguir mayorías electorales de mayorías políticas que den estabilidad al sistema. Y algunas más en el sistema electoral: establecer barreras de entradas para entrada de parlamentarios por arrastre (3%) y desplazar las elecciones parlamentarias de las presidenciales para no circunscribir todo el proceso político a la elección presidencial (5 años presidencial, 4 años parlamentarios).
Urge que estas –u otras soluciones- se transformen en la prioridad legislativa del próximo Congreso, y que el maximalismo de la discusión acerca de una nueva o vieja Constitución, se transforme en resolver la emergencia de un sistema político que tiende a decaer.
