Pena de muerte: el fracaso de la sociedad

Recientemente se ha abierto la discusión sobre la conveniencia de reponer la pena de muerte como sanción penal. Todo a raíz de una noticia que ha impactado, con justa razón, a todo el país: en la localidad de Alerce, un padre habría asesinado a su hija, Sophia, de un año, y no sólo eso, sino que aparentemente la habría abusado sexualmente.

Este caso, sumado a la insatisfacción que se percibe en la opinión pública respecto del funcionamiento de la justicia, lleva a buscar opciones diferentes para enfrentar y castigar delitos tan crueles como el cometido contra la menor.

En efecto, no son pocos aquellos que apelan a la reinstauración de la pena de muerte para sancionar casos como éste. Cabe entonces preguntarse sobre el fundamento y la utilidad de la pena capital. Las razones de quienes defienden esta postura son esencialmente tres:

-La venganza: Tal crimen no puede quedar inadvertido. La sociedad exige que el delincuente pague por lo que ha hecho y para eso el sistema judicial debe aplicar criterios objetivos para guardar los principios de proporcionalidad y de igualdad. En el caso de no respetarse estos principios, la pena es esencialmente una venganza.

-La supresión del causante de los agravios a la sociedad: Esto debido a que no existirían posibilidades de rehabilitación para el delincuente. En consecuencia, la respuesta sería quitarle la vida. Se suelen argüir también criterios utilitaristas relacionados al costo de mantener a una persona por un largo tiempo en la cárcel.

-La disuasión: La pena de muerte, por su naturaleza, provocaría en el potencial delincuente una reevaluación de su disposición a cometer el delito; ya que, si lo condenan, perdería su vida.

Así las cosas, vale la pena analizar qué tan pertinentes son estas razones.

En primer lugar, la venganza no puede ser una razón para castigar a una persona. Por supuesto que el delito debe tener aparejada una sanción, pero en ningún caso puede ésta justificarse emocionalmente, por más terrible y denostable que haya sido la actuación, sino que debe ser esencialmente racional.

Luego, ¿existe algo más inhumano que ver a las personas como medios y no fines en sí mismos, y en honor a ello conculcar absolutamente cualquier esfera de su humanidad? Bajo este prisma se han cometido los peores crímenes de la historia.

Finalmente, desde el punto de vista de la disuasión, no existe ninguna variación estadísticamente significativa en la comisión de delitos cuando existe o no la “pena máxima”.

Por lo tanto, ¿es la pena de muerte la sanción ideal para este tipo de casos? Depende, pues, de qué es lo que perseguimos con la pena:

Para quienes creemos en que las personas pueden rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad (que por lo demás, ocurre en la mayor parte de los casos), pero que los actos tienen consecuencia y que, los delitos deben traer aparejada una sanción, la pena capital no es ni de cerca la mejor opción.

Si, por el contrario, se considera que no existe la posibilidad de corregir la vida y que el Estado tiene el poder de quitarle la “humanidad” a los condenados, entonces se estará por una moción que reponga ese definitivo castigo.

Todo lo anterior es sin considerar el daño irreparable que causaría una sentencia de este tipo donde se condene a un inocente. La vida no es algo que pueda ser devuelto ni compensado, y lamentablemente, existen casos de este tipo cuando se trata de penas de muerte.

Por último, pese a lo terrible y estremecedor del asesinato de Sophia, el poder de castigar del Estado debe tener límites. Reinstaurar la pena máxima, bajo los argumentos expuestos anteriormente supone ampliar el espectro de sanciones. Si está permitida la muerte como sanción, ¿qué impide – teóricamente – la imposición de torturas u otros métodos inhumanos, más allá de los tratados internacionales y la legislación vigente?

Alternativas hay – imprescriptibilidad de los crímenes, aumento de tiempo en las penas, etc… – pero la pena de muerte es un claro fracaso de la sociedad.