El imperativo de la inversión: ¿Cómo hacerle contrapeso?

Si hay una certeza respecto al próximo gobierno de Sebastián Piñera, es que habrá un énfasis claro en promover el crecimiento económico. Para lograrlo, se ha sostenido que uno de los principales requerimientos es agilizar y destrabar las inversiones, mediante la disminución de la judicialización –hoy responsable de la paralización de proyectos- y aceleración de los procesos de tramitación ambiental y permisos sectoriales –hoy engorrosos-. Sin embargo, resultados de investigaciones realizadas en Fundación Espacio Público muestran que tanto el diagnóstico como las soluciones planteadas hasta ahora por el futuro gobierno serían, al menos, insuficientes.

Respecto al escenario de paralización de las inversiones debido a la judicialización de proyectos, un análisis de los casos conocidos por los Tribunales Ambientales entre 2013 y 2017 muestra que la mayoría de éstos son interpuestos por empresas que reclaman contra las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Medioambiente. Esto significa que los principales usuarios del sistema son los propios empresarios para proyectos ya aprobados y en funcionamiento. Asimismo, en el período, existirían sólo 3 casos de causas definitivas en los cuales las decisiones judiciales han derivado en el rechazo o paralización de un nuevo proyecto de inversión. Así las cosas, la extendida idea de que son las comunidades las que están paralizando la inversión en Chile no se condice con la realidad de los datos recabados en la sede ambiental; en efecto, puede que en contados casos la judicialización por parte de las comunidades haya retrasado la instalación de proyectos o haya generado un desistimiento por parte de los mismos inversores de realizarlo, pero pareciese ser que las razones de una menor inversión en el país es más multivariable que lo que se muestra con alarma en los medio de comunicación.

Respecto a las soluciones barajadas para hacer frente a la baja en las inversiones, se ha propuesto la creación de una oficina de grandes proyectos, la que se dedicaría a acelerar la aprobación de la “permisología” necesaria para su instalación. El nombramiento de José Ramón Valente como interlocutor de los empresarios y luego como Ministro de Economía, es una señal inequívoca del imperativo de la inversión. Sin embargo, una oficina de estas características será vista con desconfianza por la sociedad en su conjunto si es que desde el Estado no se propone un mejoramiento sustantivo en torno a las condiciones bajo las cuales los proyectos de inversión pueden instalarse en un territorio. El auge de los conflictos socioambientales no es sino una respuesta social a la baja capacidad de la institucionalidad vigente de generar instancias de diálogo sustantivas y desarrollo territorial en las localidades que reciben proyectos de inversión.

En circunstancias en que el grueso del relacionamiento comunitario se encuentra privatizado y autoregulado por las propias compañías a cargo de generarlo, las instancias de participación son de calidad variada. Mientras algunas compañías muestran experiencias exitosas, muchas operan bajo una lógica transaccional y oportunista, en donde cada parte quiere sacar la “mejor tajada”, desvirtuando el diálogo y promoviendo un clima de alta desconfianza. Ello implica mejorar las reglas del juego sobre los procesos de participación ciudadana en torno a los proyectos de inversión y un rol del Estado más relevante en ello, de modo de dar garantías tanto para las comunidades, como los inversores implicados.

Con el objetivo de desarrollar una propuesta de institucionalidad que le asigne relevancia al diálogo temprano y permanente durante todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión, Espacio Público está trabajando para que varios de dichos déficits y problemas en torno a la participación ambiental sean resueltos. Para ello, el diálogo entre comunidades, empresas y Estado no puede verse como un adorno a una decisión ya tomada sobre aspectos claves de los proyectos, sino que éste debe transformarse en una instancia que tenga injerencia en la toma de decisión respecto a la necesidad y calidad de proyecto a ser instalado en un territorio dado.

Generar las garantías para un diálogo simétrico e incidente permitirá que las inversiones sean de mejor calidad y logren mayor legitimidad social al insertarse en una lógica de desarrollo territorial. Asimismo, la detección temprana de desacuerdos, permitirá que los inversores tengan mayor certeza sobre si su proyecto generará conflictos, pudiendo tomar decisiones informadas y, en caso de desistir, evitándoles un alto costo de tiempo y recursos.

Una institucionalidad que se tome en serio la centralidad del diálogo social en torno a los proyectos de inversión, es una decisión de política pública que trae beneficios a todos los actores implicados y es un contrapeso necesario al imperativo del crecimiento económico, moderando el discurso de que tener más proyectos de inversión, traerá más desarrollo al país, al relevar la importancia de su calidad y legitimidad.