La Gran Mentira de Bachelet
El balance de los cuatro años de Bachelet es negro. O está en rojo como dirían los economistas. La Ley de Caletas, la creación de Indespa, no fueron suficientes. No entendió que en sus manos estaba la oportunidad de limpiar el nombre de la política a través de una nueva Ley de Pesca. Las “presiones” pudieron más.
Nelson Estrada es Vicepresidente Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp)
Por Nelson Estrada, Vicepresidente Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp)
A horas que la Presidenta Michelle Bachelet deje su segundo mandato es imposible no abstraerse de los balances.
Vívidamente recuerdo un par de reuniones con la entonces candidata Michelle Bachelet. Desde el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) buscábamos apoyos y acuerdos para terminar con los privilegios que la llamada Ley Longueira había entregado a las 7 familias de la industria pesquera. Seguíamos luchando tras intentar detenerla entre el 2011 y el 2012 una ley que sabíamos traería costos a los artesanales y al país. Una ley que se fraguaba en los pasillos del Congreso, con cambios de Ministro, con cambios en la postura del Presidente Sebastian Piñera y donde el empresariado pesquero mostraba su influencia.
En esos encuentros Bachelet, hizo un compromiso. Sabía de la ilegitimidad de la Ley de Pesca, conocía la precariedad de la pesca artesanal; nos dio su palabra de revisar la ley y quedó plasmado en su Programa de Gobierno.
Para la pesca artesanal, la palabra de una persona es “honor”.
El 2014, Bachelet Presidenta, señaló en la cuenta pública del 21 de mayo: “Estamos convencidos que los instrumentos legales en materia de pesca y acuicultura deben resguardar los intereses y demandas de todos los sectores involucrados, en especial de aquellos más vulnerables. Por eso hemos comprometido, durante mi mandato, una evaluación de la Ley de Pesca”.
Aplaudimos! Sabíamos que sería difícil. El Gobierno había nombrado a Raúl Súnico como Subsecretario de Pesca, conocido defensor de los intereses industriales. Comenzaban incipientes amenazas de las empresas pesqueras de demanda contra el Estado de Chile si se les quitaban las cuotas de pesca (entregadas por 20 años, renovables a perpetuidad).
Esperamos.
El 2015, en una nueva cuenta pública Bachelet volvía a remarcar que “en materia de Pesca, sabemos que el sector enfrenta una realidad compleja que nos obliga a avanzar hacia un escenario de mayor sustentabilidad de los recursos (…) Y también por eso ya estamos cumpliendo el compromiso de evaluar la actual normativa de pesca, con un proceso de evaluación dirigido por la FAO que será participativo y donde todos los actores podrán estar representados”.
Esperamos.
El 2016 se iniciaba la evaluación de la FAO. Planteamos nuestra crítica al proceso. EL organismo internacional aclaraba que dos temas fundamentales no serían considerados; de quién eran los recursos pesqueros y los privilegios que la ley le dio a la industria.
Llegó el informe. A nuestro asombro dio indicios a un tema de fondo, argumentando que “la aceptabilidad política es un requisito para aprobar y sostener en el tiempo el sistema de asignación de derechos de pesca”, recomendando “mantener un sistema de asignación de derechos de explotación que sea consistente con criterios reconocidos en el manejo pesquero a nivel internacional como son conservación, rendimiento económico, valores sociales, equidad, viabilidad administrativa y aceptabilidad política”.
Nosotros dijimos sí a la “aceptabilidad política”, pero de cara a la gente, con puertas abiertas, sin letra chica ni corrupción.
Vimos como caía el Subsecretario Raúl Súnico por su relación con la industria pesquera, más informaciones validaban nuestras denuncias de corrupción de la norma. Seguían pasando por tribunales gremios, empresas, políticos, parlamentarios.
Esperamos.
2017. Con la renuncia del Ministro Luis Felipe Céspedes, llegó al gobierno Jorge Rodríguez Grossi, con una fuerte visión pro industria pesquera. Una nueva cuenta pública de Bachelet retoma el tema; “sé que necesitamos una legislación pesquera moderna, que resguarde los intereses de todos los chilenos. Por eso, durante el tercer trimestre enviaré a este Congreso una propuesta de modificaciones sustantivas a la Ley de Pesca”. Dijo.
Lamentablemente, su nuevo Ministro pensaba distinto. Y no hubo proyecto de modificación sustantiva a la Ley de Pesca.
El balance de los cuatro años de Bachelet es negro. O está en rojo como dirían los economistas. La Ley de Caletas, la creación de Indespa, no fueron suficientes. No entendió que en sus manos estaba la oportunidad de limpiar el nombre de la política a través de una nueva Ley de Pesca. Las “presiones” pudieron más.
El Gobierno termina este 11 de marzo… e irrisoriamente dependemos de quien gestó la Ley de Pesca para cambiarla.
En este caso también hay palabras comprometidas. Pero la “palabra”, el “honor” ya no son parte de los valores de los políticos de hoy.
