Proyecto de ley de migraciones: Expulsar a “agitadores” y acallar a trabajadores

El pasado lunes, 9 de abril de 2018, Sebastián Piñera presentaba una serie de medidas y el proyecto de ley de migraciones, cumpliendo así su propuesta de campaña de priorizar ese tema. Y esto lo hacía como ya nos tiene acostumbrados, a base de decretazos, sin debate democrático ni con los diputados ni con las organizaciones de migrantes. Y aquí un hecho que es importante destacar por su gravedad. El mismo lunes, destituían a todos los miembros del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones (CCNM), institución creada en 2016 y que tiene como función asesorar en materia migratoria. Este Consejo, formado por organizaciones de migrantes, ONGs y académicos fue destituido a solo un mes de ser electos, con un mandato para dos años y de forma contraria al propio reglamento. El CCNM se había mostrado contrario al proyecto y a las medidas anunciadas en campaña.

En cualquier caso, para entender los decretos y el proyecto de ley, es importante realizar un planteamiento previo sobre la migración. Partiendo por concebir la migración como un derecho humano es necesario destacar, desde el punto de vista práctico, que este derecho o más bien el ejercicio de éste, no depende única y exclusivamente de Chile, sino que es necesario avanzar en un pacto internacional o regional y un trabajo en conjunto entre los países. Un buen ejemplo es la ciudadanía europea, por qué no una ciudadanía latinoamericana en este ámbito. En relación a esto, el subsecretario Ubilla señalaba que ni él ni el presidente Piñera creían en la migración como un derecho, algo extremadamente grave al negar un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En todo caso, y entendiendo que posiblemente no podemos hacer efectivo este derecho desde Chile, aunque sí utilizarlo como guía que nos marque el camino, es imprescindible generar las condiciones que permitan eliminar los abusos contra la población migrante y eso parte fundamentalmente por evitar la irregularidad migratoria. Desde luego las medidas adoptadas junto con la presentación del proyecto de ley van en la línea opuesta, tanto en entender la migración como un derecho, cosa que ya han anunciado que no creen, como en evitar la irregularidad migratoria.

En ese sentido, dos medidas adoptadas el día 9 son totalmente contrarias al derecho a migrar y son un marco legal que generará abusos contra la población migrante. Las visas consulares decretadas a Haití y Venezuela, y que significa impedir entrar a los ciudadanos de estos países, no van a detener a los trabajadores haitianos o venezolanos, sino que estos entrarán por pasos no habilitados, exponiéndose a situaciones de tráfico y trata de personas y a situaciones de abusos una vez en el país. La migración, como cualquier otro proceso social, no se detiene con un papel que la limite. En este sentido, existe como precedente la visa consular a República Dominicana en 2012-2013, implementada en el anterior gobierno de Piñera. Esta medida se ha demostrado inútil para frenar la migración y ha generado un aumento significativo de la irregularidad migratoria. En el caso de Venezuela se muestra el sesgo partidario y cortoplacista de la medida, llamar de “responsabilidad democrática” a una restricción a la entrada a Chile no es más que el uso irresponsable de la población migrante como arma de política internacional contra el gobierno de Venezuela.

En esta línea de fomento de la irregularidad, otra medida se aprobó el día 9 de abril. Se eliminaba la visa por motivos laborales, creada en 2015 y que facilitó la tramitación de visas para la población migrante. Volvemos así el método antiguo, que ata a la población migrante a su empleador, ya que la duración del contrato determina la duración de la visa. Este modelo de visas es fomentar la esclavitud y genera irregularidad, al quedar totalmente dependiente de tu empleador que puede decidir hasta cuanto tiempo te quedas en el país.

Más allá de estas medidas, es cierto que el movimiento por los derechos de la población migrante ha tenido una ganada importante. La regularización migratoria decretada significa que 300.000 personas que se encuentran en el país en situación irregular podrán acceder a la visa temporal. Si bien este hecho es positivo, están por resolver múltiples dudas de cómo será el proceso y mucho me temo que más allá de la foto, la arbitrariedad a la hora de conceder la visa temporaria será la tónica habitual. Da la sensación que existe una voluntad mayor por generar un Registro de Migrantes que por facilitar la vida de la población migrante en el país. En todo caso en el proceso existe un punto clave que muestra de nuevo la visión del gobierno respecto a la migración. A la regularización no podrán acogerse “aquellos que tengan fama de agitadores o activistas o atenten a las buenas costumbres”, lo que afecta claramente a aquellos dirigentes que se han significado públicamente en la defensa de los derechos de la comunidad migrante. Este factor, junto con la destitución de los miembros del CCNM, deja claro que el enfoque de Seguridad Nacional respecto a la migración sigue vigente en el actuar del gobierno.

Viendo como todas las medidas van destinadas a generar mayor irregularidad en el país y como la persecución a los dirigentes del movimiento por los derechos de la población migrante sigue vigente, uno se debería preguntar cuál es la política del gobierno en materia migratoria. Y ahí una frase que sirve para entender perfectamente el pensamiento de la derecha en esta materia. No hace mucho Raquel Argandoña decía una frase que sintetizada a la perfección el planteamiento en política migratoria. La popular presentadora decía “mis amigos contratan a haitianos porque no hacen sindicatos”. Argandoña en esta frase plantea dos aspectos importantes y que nos deben llevar a la reflexión. Primero utiliza “haitianos” como sinónimos de migrantes, demostrando una vez más que existen determinadas nacionalidades en las que la derecha piensa cuando formula políticas migratorias. Y por otra parte, habla de “sindicatos” haciendo referencia a que no se organizan, sea en sindicatos, juntas de vecinos, partidos políticos o comités de vivienda. Y es normal que no se organicen aquellas personas que tienen miedo de ser expulsadas del país, ya sea por estar en situación irregular o bien por motivos políticos, un hecho que ha sido utilizado recurrentemente los últimos años. Este miedo tiene un objetivo claro, generar trabajadores sumisos. Y aquí está la clave del proyecto de ley de migraciones y los decretos, expulsar a los “agitadores” y acallar a los trabajadores.