La escuela despolitizada y el 57% dictatorial

Escándalo y preocupación provocaron entre educadores, académicos y la ciudadanía en general, los resultados del último estudio de Educación Ciudadana realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA). Específicamente, aquel que señala que entre un 52 y un 57% de los estudiantes chilenos de Octavo Básico justificaría una dictadura si esta conllevara “beneficios económicos” y “orden y seguridad”.

La prensa nos bombardeó con titulares no siempre completos y, mientras los más pesimistas se lamentaban amargamente de la fragilidad de nuestra democracia, los optimistas prefirieron concentrarse en cuanto peor se encontraba el resto de los países latinoamericanos estudiados y en la mejora vivida por Chile al comparar estos resultados y los obtenidos en el mismo estudio, cinco años atrás.

Pero más que optimismo o pesimismo, lo que necesitamos es entender las implicancias que este 57% tiene para la educación ciudadana en nuestras escuelas. Ello requiere tomar, al menos, dos precauciones. La primera tiene que ver con entender adecuadamente lo que estas cifras nos dicen; o más bien, lo que no nos dicen. Según el mismo estudio de Educación Ciudadana, cuando a los estudiantes se les preguntaba directamente sobre su acuerdo respecto a prácticas gubernamentales autoritarias, las cifras de aprobación descendían de forma importante. En el caso de Chile, de hecho, la aceptación a prácticas autoritarias de gobierno es menor que la que existe hacia las prácticas corruptas (45 contra 48%), a pesar de que los medios de comunicación han transmitido la percepción inversa. Lo que hay que entender aquí entonces, es que ese “57% dictatorial” del que tanto se ha hablado no refleja cuánto valoran los estudiantes la democracia en términos absolutos; refleja si la valoran menos o más que aquello con que se le compara. El problema que enfrentamos –bastante común en estudios de este tipo–, es que no tenemos claridad sobre el significado que el estudiante da a los términos en comparación. ¿Cómo saber, por ejemplo, si cuando señala valorar más los “beneficios económicos” de una dictadura, está pensando en la conservación de sus privilegios sociales o en abandonar una situación de precariedad económica extrema? Lo que la escuela deberá hacer para fortalecer nuestra democracia (y los límites que poseerá su campo de acción) serán muy distintos si la respuesta es una o la otra. Por ello es que necesitamos estudios de carácter cualitativo y localizado, que nos permitan responder a estas interrogantes con mayor especificidad y profundidad.

El estudio de IEA también identificó una correlación importante entre mayores conocimientos cívicos y mayor valoración por las prácticas democráticas. Ello ha llevado a que algunos actores educativos planteen que la respuesta al problema está en el regreso de la educación cívica al currículum nacional. Aquí es donde hay que tomar la segunda precaución y recordar que correlación no implica necesariamente causalidad. Sin duda, la incorporación curricular de la asignatura de Educación Ciudadana es razón de celebración, pero no podemos mantener la ilusión de que mayores conocimientos cívicos reforzarán por sí solos nuestra democracia. Menos, cuando gran parte de las investigaciones sobre el tema nos muestran que, mucho más importante para esto, es la existencia de ambientes ‘democráticos’ al interior de los espacios escolares. Luchar por su expansión requiere más que dos horas de clases obligatorias a la semana. Implica, sobre todo, enfrentar la despolitización de nuestras escuelas.

La historiografía de la educación chilena ha estudiado, con mayor o menor detalle, la progresiva democratización de las escuelas chilenas desde la Reforma Educacional de 1928, y su posterior retroceso, de la mano de la despolitización impuesta por la Dictadura cívico-militar iniciada en 1973. Los gobiernos democráticos que le sucedieron fueron incapaces de volver a politizar la escuela, en parte por falta de voluntad y en parte porque sus estrategias pedagógicas – como la ‘transversalización’ de la educación ciudadana – resultaron inefectivas para ello. Lo que sí lograron fue recuperar espacios que permitirían a los estudiantes iniciar, el año 2006, un nuevo proceso de politización y democratización de la escuela chilena, al cual progresivamente se sumaron docentes, académicos y políticos. Sin embargo, a más de 10 años de la “Revolución Pingüina”, la batalla por re-politizar la escuela está lejos de haber terminado. Porque mientras se avanza en crear una nueva asignatura de “Educación Ciudadana”, se sigue desaprovechando el “Consejo de Curso”, una instancia carente de políticas educacionales focalizadas y concretas, y que en muchas escuelas se utiliza para ‘otras necesidades’ o derechamente se convierte en ‘tiempo libre’.

Porque por cada municipalidad que, como Renca, crea programas para potenciar a sus Centros de Estudiantes, hay otra como Santiago que establece políticas ‘anti-protesta’, teniendo como único resultado criminalizar la política representativa estudiantil y desmotivar la participación en ésta. Y porque por cada actor estatal que busca reintroducir en las escuelas la discusión, el debate e incluso el conflicto democrático (como hace el INJUV con sus “Escuelas de Ciudadanía”), hay algún otro que busca erradicar nuevamente la política de nuestras aulas, como evidenció la Reforma Constitucional propuesta hace poco más de una semana por diputados RN y UDI, usando como excusa el añejo, pero todavía vigente, ‘miedo al adoctrinamiento’.

Puede sonar obvio, pero si queremos una educación que realmente enseñe el valor de la democracia, necesitamos escuelas más democráticas y, por lo tanto, más politizadas. Escuelas así, no hay duda, nos traerán a los adultos más complicaciones y nos demandarán mayores recursos y energías. Algunos dirán ante esto que la democratización y la politización vivida por las escuelas durante la última década ha sido excesiva, y que seguir expandiéndola sólo traerá más costos económicos y mayor desorden. Lo han venido diciendo hace años, y que lo sigan diciendo no sorprende. Lo que sí debiese sorprender, es que sean esas personas las que se espanten cuando el 57% de nuestros estudiantes de Octavo Básico, siguiendo su misma lógica, declaran valorar más los beneficios económicos y el orden que la democracia. Y es que, si queremos educar a nuestros niños y jóvenes en el valor de la democracia, habría que partir por creer nosotros en éste, para luego transformar nuestras aulas y escuelas de modo acorde.