Juventud excluida en Chile
"La construcción de la política pública no puede hacerse solo desde la punición, represión, sanción y control, esa es una parte de la política que generalmente permite contener cuando simultáneamente otras políticas más macizas –con una fuerte inversión- van a las raíces del origen de la violencia juvenil".
Benito Baranda es Presidente ejecutivo de América Solidaria
A raíz del lamentable asesinato del cabo de Carabineros Óscar Galindo en la comuna de La Pintana, escuché al Ministro del Interior hablar desde Antofagasta. Sus dichos acerca de la guerra contra la delincuencia, de la mano dura hacia los menores de edad que participan en delitos y sus referencias en relación a la modificación de la ley de responsabilidad penal adolescente no dejaron espacio para hacer preguntas fundamentales, incómodas y socialmente poco populares. Leí más tarde la intervención del Subsecretario del Interior en la misma línea, afirmó que “esta situación tan lamentable que es consecuencia de un delito, tiene que hacer reflexionar a todo el sistema. Y es a lo cual aludió el Presidente Sebastián Piñera en la cuenta Pública, cuando habla de la revisión a la ley penal adolescente, la ley de portonazo, ley de armas, entre otros”. Si el Subsecretario se refiere a ‘todo el sistema’ debe actuar por lo tanto con coherencia e integralidad.
La construcción de la política pública no puede hacerse solo desde la punición, represión, sanción y control, esa es una parte de la política que generalmente permite contener cuando simultáneamente otras políticas más macizas –con una fuerte inversión- van a las raíces del origen de la violencia juvenil. Es esa la trayectoria que han tomado las naciones que han ido resolviendo estas mismas dificultades. Esas razones más profundas surgen –a lo menos en este caso- de la reflexión y respuesta honesta a preguntas como: ¿por qué un joven menor de edad no está estudiando su enseñanza media y se encuentra en la calle con un arma de fuego?, ¿qué no hizo la política pública en la temprana infancia, con su familia y comunidad, para que éste –y tantos otros jóvenes- tengan un comportamiento tan violento? ¿cómo construimos nuestros barrios marginales, qué tipo de programas de salud (mental sobretodo) implementamos, cómo llegamos allí con la educación, qué oportunidades de inclusión socio-laboral brindamos? ¿Qué idea de bienestar tienen los jóvenes que delinquen?
En varias ocasiones a los que nos hacemos estás preguntas y buscamos responderlas se nos tacha de permisivos, tolerantes y débiles, sin embargo, creo firmemente que, si no las respondemos con sinceridad y actuamos en consecuencia, los efectos finales serán mucho peores (hay varios ejemplos de ello en los países con mayor violencia en Latinoamérica). Por ejemplo, ya que se ha mencionado tanto, ¿cuál es el diagnóstico más sincero del funcionamiento de la ley de responsabilidad penal adolescente?, muy simple: fracasó en parte importante por no tener dispositivos y/o programas adecuados a las necesidades de los jóvenes que delinquen y que apunten radicalmente a su reinserción social, y eso se debe a la falta de políticas públicas robustas y financiadas. Si no asumimos esa parte de la solución, nuestra realidad se mantendrá en el tiempo, sin importar si las penas son más o menos duras.
Sacar más carabineros a la calle, hacer operativos masivos antidelincuencia, realizar más controles y efectuar acciones represivas pueden tener un gran impacto situacional y/o mediático, sin embargo, no van a resolver las razones por las cuales una gran cantidad de jóvenes diariamente son expulsados del sistema escolar, no estudian ni trabajan, ingresan a pandillas, trafican y consumen drogas, y comenten delitos. Es importante que los poderes del Estado conversen con la comunidad afectada por la violencia y los delitos, ello es necesario y urgente, pero tanto o más importante es el acercamiento a la realidad que viven cotidianamente decenas de miles de adolescentes en los barrios marginales de nuestro país, que conozcan a quienes trabajan allí –personas y/o organizaciones- en la mayoría de los casos sin financiamiento estable ni recursos oportunos, se metan en sus hogares –o en lo que queda de ellos- tomen conciencia de las adversidades que enfrentan y a partir de ahí, se diseñen y ejecuten políticas públicas pertinentes.
Requerimos en este ámbito, cómo en tantos otros de política pública, que los tres poderes del Estado actúen con seriedad y rigurosidad, y que la ciudadanía nos involucremos para enfrentar proactivamente y de manera adecuada la necesaria reinserción social de millares de niños y jóvenes que hoy experimentan la exclusión social.
