La propuesta de gobierno para afrontar la escasez hídrica

Hace algunas semanas el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, propuso afrontar la escasez hídrica que afecta al sector agrícola mediante la agilización de proyectos de riego por la vía de concesiones de embalses.

Si bien los embalses son una alternativa válida para la provisión de agua para riego, este tipo de solución debiera plantearse sólo después de que el país cuente con una planificación estratégica de sus recursos hídricos.

Dicha planificación requiere, como primer paso, una comprensión profunda de nuestros recursos hídricos. Este conocimiento científico se construye en base a información histórica y de proyecciones futuras de cambio climático, y debe dar cuenta de la compleja interacción de los diferentes elementos de nuestro sistema social y natural.

Así, definiendo qué queremos y entendiendo cómo funcionan nuestros recursos naturales y el impacto que ejercemos sobre ellos, podremos proponer soluciones integrales que nos permitan adaptarnos a los escenarios de cambio climático.

Una solución integral de largo plazo, muy probablemente, incluirá la construcción de embalses, pero resulta insuficiente – o incluso contraproducente – considerarlo de manera aislada. El cambio climático nos exige que la agricultura se adecúe a los escenarios hídricos del futuro, y no al revés.

Además, hay otros aspectos que deben considerarse de manera más urgente, que no necesariamente involucran inversión en infraestructura. Por ejemplo, una planificación de la producción agrícola en función de los escenarios climáticos futuros, la implementación de sistemas de riego más eficientes, educar en el ahorro de agua, revisar y actualizar el Código de Aguas, entre otros.

Por último, el uso del mecanismo de concesiones para la construcción de embalses debe evaluarse con particular cuidado. Una concesión que incluya la operación de dichos embalses implica que nuestros recursos hídricos sean manejados por actores del sector privado, lo que requiere de contratos muy bien diseñados que aseguren que el interés general esté por sobre intereses particulares. La experiencia en otras áreas del desarrollo de infraestructura pública nos muestra que es muy difícil que dichos contratos logren su objetivo, lo que deriva en grandes beneficios para pocos actores privados, y una pobre legitimidad.