Caso Penta: el final feliz (para unos pocos)

Ya en el año 2015 nos preguntábamos sobre la pertinencia de la Reforma Procesal Penal por avanzar en justicia efectiva por el cohecho aparente (por entonces) que principió gestionando el Ministerio Público, a propósito de los controladores de PENTA. En específico hacia algunos integrantes de la UDI. Se indicó en esa oportunidad, que el sistema político en general y la ciudadanía eran testigos de cómo se hacía carne la reforma y de cómo era capaz de llevar al banquillo de los acusados no sólo a redes de narcotraficantes y al “Rey del portonazo”, sino que también a las elites de cuello y corbata.

Varios años después, comparando esa opinión con los hechos de hoy, creo que en parte deben reconocerse analíticamente algunas continuidades con resultados menos atractivos, pero no menos importantes. El Ministerio Público, otra vez, como era de suponer demostró su importancia en el sistema político, ya que entrega la señal fundada jurídicamente (muy interpretable indicarán algunos como los ex fiscales Sabas Chahuán y Carlos Gajardo), de que no existió cohecho, tipificando la acción sólo como un delito tributario, que en la experiencia comparada, sería penada con cárcel, dado que sí es cohecho.

Por otra parte, el sistema político y la sociedad civil son testigos de cómo es posible cambiar el criterio de los persecutores: el fiscal Manuel Guerra comienza con cohecho su investigación, pactando, finalmente con la defensa de los imputados un delito tributario histórico en su mérito, dirán. Sobre todo por la cantidad de dinero que tuvieron que desembolsar los imputados para una pena remitida en casa.

Este arreglo, respaldado por el Fiscal Nacional, se ajustaría a derecho, dice uno, mientras que para otros obedece a los arreglos que logró este último con sus instaladores en el cargo, entre otros, el mismo Chahuán que ahora lo critica y el Senado (aplicación de la Doctrina Abbott).

La situación se haría incomprensible cuando se creó en el imaginario político–popular la idea de que efectivamente hubo delito. Un dato duro de esto es, como lo señala el ex fiscal Gajardo, los cometidos del ex subsecretario de minería Pablo Wagner, ejemplo incontrarrestable de tal contradicción.

Otro dato desalentador es que nuestras geografía de las multitudes, como en varios temas, no alcanza a reaccionar como se quisiera, esto es, con movilizaciones o manifestaciones quedándose en el activismo de redes sociales lo que horada la creencia de que la democracia es el régimen óptimo para organizarnos. Se incuba así la ira/rabia/decepción hacia los liderazgos irresponsables. Por defecto entonces, en general, el sistema político en todas sus manifestaciones, opera en consecuencia.

¿Qué sería interesante observar desde el sistema político ante este hecho, por lo menos desde una oposición democrática, pero también desde el ejecutivo? Desde la oposición: no tener complejo en utilizar las herramientas institucionales para revertir estas definiciones. No porque se ajusten a derecho, implica que se ajusten a justicia y no sólo por los sentidos comunes, sino que también por la experiencia comparada.

Por otra parte, si bien el Frente Amplio tuvo un fracaso en la gestión de la Acusación Constitucional contra el Ministro de Salud Emilio Santelices por torcer el espíritu de la Ley de Aborto en tres causales, vía protocolo, no implica que no haya sido pertinente la acción. La intención de la diputada Claudia Mix en un inicio, desde el Partido Poder, para remover al Fiscal Nacional por sus acciones, constituiría una acción necesaria, aunque temeraria producto del fracaso anterior, la cual debería recogerse en voluntad para enfrentar esta coyuntura.

Según se observa, ya se avanzó con la presentación de un escrito en la Corte Suprema, donde no sólo la diputada, sino que otras y otros del Frente Amplio y algunos de la Ex Nueva Mayoría se sumaron. El Partido Socialista de Chile, encontraría en esta coyuntura una muy interesante oportunidad para profundizar el perfil que ha venido cultivando desde hace un tiempo a esta parte. Tiene bancada congresal, local, regional y una orgánica que se ha alineado coherentemente en su rol opositor. Negarse a apoyar a Ángela Vivanco, como Ministra a la Corte Suprema, sin perjuicio de acuerdos anteriores, según indican en la DC y PPD, marca una inflexión. Señal, interesante.

Desde el ejecutivo (también desde el Congreso, vía moción) se debería enviar un proyecto de ley que modifique la institucionalidad vigente para que este tipo de relaciones entre los Grandes Empresarios y la Política se ajuste a la realidad en cuanto a la tipificación del cohecho. Esto impediría zafar de responsabilidades mayores atentando de paso contra la democracia, la legitimidad social de las leyes y su confianza.

Profundizar en democracia, es igual a fortalecer la fe pública. La misma hoy se encuentra vulnerada, obligándose su recuperación en sentido de republicana urgencia ad hoc a los nuevos tiempos, que no es lo mismo que ‘los tiempos mejores’ que prometió el actual gobierno.