Dejemos que las instituciones funcionen
"Como diría el ex presidente Lagos, por favor dejen que las instituciones funcionen, respetemos las leyes y la Constitución Brasileña".
Rafael Rosell Aiquel es Abogado, Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Ciencias Políticas, experto en Derecho Público y Etica, política internacional con foco en Medio Oriente. Académico Erasmus y Profesor Honoris Causa de National University of Political Studies and Public Administracion de Rumania. Miembro del Foro Académico Permanente América Latina y el Caribe-Unión Europea. FAP ALC-UE.
Desde la izquierda cubriendo el abanico hasta la derecha, entregan su visión de lo que ellos entienden como falta atentatoria en contra de la probidad y son capaces también de graduarla, señalando por ejemplo, que uno u otro acto es más o menos corrupto según la cuantía de lo defraudado. Lo cierto es que la corrupción no admite gradaciones, el acto es o no es corrupto, no hay escalas en esto.
Piense por favor por un instante si le parece adecuado que un próximo candidato a la Presidencia de la República de Chile tuviera el siguiente perfil:
Condenado, por los tribunales de justicia, a 12 años por corrupción pasiva, cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de dineros. También denunciado por obstrucción a la justicia. Dígame Ud votaría por él para que dirigiera nuestros destinos. La respuesta parece obvia y sí, se trata del ex presidente Lula de Brasil.
Ahora viene lo increíble, 45 políticos y académicos, entre ellos la ex presidenta Bachelet y el actual presidente del Senado firmaron una declaración en que “apelan” al Poder Judicial de Brasil “para que garantice el pleno respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción” del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva “como candidato presidencial”. Estas personas tienen la falta de prudencia de pedir a los tribunales de justicia de ese país que desconozca sus fallos judiciales y la ley, denominada “ficha limpia” que el mismo Lula impulsó y que establece que ningún condenado en doble instancia puede postular a cargos de elección popular.
“Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”. Esta célebre frase que se le atribuye al político francés del siglo XVIII, Joseph Fouché, bien podría haberse escuchado en el momento en que los firmantes colocaban su rubrica sobre el documento. Brasil es un Estado de Derecho, donde se han perdido muchas vidas para lograr algo que lamentablemente en Chile aun no se logra, llegar hasta las esferas más altas del poder político y económico del país y juzgarlos como corresponde por corrupción, dándoles a cada uno lo suyo, sin concesiones a su pasado mérito. Olvidamos también que esto en la vida se puede perder y solo nos queda nuestra propia dignidad.
Esta declaración y manifestaciones posteriores en este sentido, tienen falta de coherencia, justicia y una descarada relativización de la ética. Como diría el ex presidente Lagos, por favor dejen que las instituciones funcionen, respetemos las leyes y la Constitución Brasileña. Esto marca un muy mal precedente para la institucionalidad en Chile, por que la lucha en contra de la corrupción es signo de salud democrática, no desviemos el camino.
