Productividad, notarios y liderazgo de las empresas

La economía chilena exhibe desde hace unos años un preocupante deterioro en su productividad. Hace unos días el Ministro de Hacienda nos recordaba que la productividad promedio de Chile representa solo un 39% de la que registra Estados Unidos y que si bien durante los años noventa la Productividad Total de Factores (PTF) contribuyó con casi un 25% al crecimiento económico, hoy el panorama es muy distinto.

Según el último informe de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), durante el 2017, se estima que la PTF agregada para la economía chilena cayó en una cifra que fluctúa entre -0,7% y -0,1%, dependiendo del ajuste cíclico utilizado, por desempleo o empleo asalariado, respectivamente.

Así, y de acuerdo a este mismo estudio, se mantiene la preocupante reducción de la tasa de crecimiento en la PTF desde el 2000, de 1,2% en el quinquenio 2000-2005, a -0,6% en el quinquenio 2005-2010, y a -0,2% en el quinquenio 2010- 2015. Esta tendencia no se revierte en 2016 ni 2017, donde el cambio de la PTF sigue siendo negativo.

Otro dato a considerar según la CNP, es que existe una brecha importante de productividad (valor agregado por trabajador) con los países desarrollados, pues en promedio, las empresas de países de la OCDE tienen una productividad 2,5 veces mayor a la de las empresas chilenas. Y, las grandes compañías en países desarrollados son tres veces más productivas que las empresas grandes en Chile, mientras que las micro y pequeñas empresas de los países de la OCDE muestran el doble de la productividad que sus pares chilenas.

El Gobierno está presentando y llevando a cabo diversas iniciativas que pretenden promover la productividad en Chile. En esa línea se inscriben una serie de transformaciones estructurales duras y políticamente complejas en los ámbitos de la educación, el mercado del trabajo y la modernización del Estado. Ciertamente van más allá de intentar cambiar la cultura del “trámite” que forma parte de nuestra idiosincrasia que se manifiesta en la “sobre notarización” de nuestras actividades a pesar de los inmensos cambios que la era digital ha traído a nuestra vidas. Un desafío mayor que implicaría poner al día normas como las de nuestros Código Civil (sus disposiciones datan de hace más de 160 años) y Orgánico de Tribunales cuyas solemnidades de escritura pública y presencialidad se exigen a una infinidad de actos jurídicos diferentes.

Estas mega reformas macro tienen sus propios ritmos, son de largo aliento y están más bien fuera del alcance y control de las empresas por lo que cabe preguntarse cuánto pueden hacer éstas sobre aquellas variables sobre las cuales sí tienen algún grado de control. Y en esta dirección sería interesante promover iniciativas que hagan visible acciones específicas que las empresas estén adoptando para incorporar tecnologías (de información, procesos, etc.) para mejorar su productividad. Eso podría ir de la mano de modificaciones al arcaico sistema de capacitación (SENCE y otros) que premiaran a aquellas que logran cambios verdaderamente sustantivos y medibles en algunos indicadores objetivos.

Las empresas son actores muy relevantes en una sociedad y parte de su rol (sobre las cuales se asienta su legitimidad y valor) es la de ser motores efectivos de transformación y cambio. En esto cabe un papel muy importante a las empresas más grandes en cuyas cadenas de generación de valor participan una infinidad de empresas pequeñas y medianas. Invertir en contar con proveedores más productivos fortalece la sustentabilidad de unos y otros. Todos ganan.

Este también es un ámbito en el que deberíamos logar acuerdos de alcance nacional tal como en su momento lo hicieron muchos países de Europa. Los países que carecen de capacidad de acuerdos no lograrán acceder a las ligas mayores y deberán contentarse con mirar el juego desde fuera de la cancha, tal como nos ocurre hoy día.